El 27 de febrero de 2006 es un día que quedará grabado en la memoria de los huilenses como una jornada profundamente dolorosa y triste para la democracia colombiana. En esa fecha, un grupo guerrillero borró del mapa el Concejo del municipio de Rivera, en una clara afrenta contra la institucionalidad del país.
La masacre ocurrió en plena sesión del cabildo. Un comando de las Farc irrumpió en un centro recreacional, asesinando a los concejales con armas largas y rematándolos luego con un tiro de gracia a nueve de los once concejales: Arfail Arias, Luis Ernesto Ibarra Ramírez, Octavio Escobar González, Aníbal Azuero Paredes, Jaime Andrés Perdomo Losada, Moisés Ortiz Cabrera, Desiderio Suárez, Sélfides Miguel Fernández y Héctor Iván Tovar. También resultaron heridos la concejal Gloria Ortiz, el secretario del Concejo, Saúl Rojas y el concejal Gil Trujillo, éste último condenado como cómplice de los guerrilleros.
Los sediciosos vestidos con prendas militares, llegaron en una camioneta y varias motos, dispararon durante unos cinco minutos y luego huyeron, sin que nadie lo impidiera. Únicamente dos policías, armados solo de revólver, vigilaban la sesión y no re accionaron en defensa de los concejales. Los policías salieron despavoridos. El único comando móvil del Ejército encargado de patrullar la zona por donde ingresaron y huyeron los subversivos, no se encontraban en el lugar.
14 años después y por segunda vez, el Estado ha sido condenado a pagar una fuerte indemnización económica a otro grupo de familiares de los concejales sacrificados. El Tribunal Administrativo del Huila mantuvo la tesis, según la cual, la masacre no fue sorpresiva, imprevisible e irresistible para las autoridades. Tampoco fue inesperada o sorpresiva y pudo evitarse si se hubieran atendido oportuna y eficazmente las medidas de protección reclamada por los concejales.
Para esa época, las autoridades estaban advertidas de que una incursión guerrillera de esa naturaleza podía suceder. No hay asomo de duda de que la reacción de los organismos de seguridad del Estado antes, durante y después de la masacre de Rivera fue bastante precaria. La reparación a los familiares de las víctimas es más que justa.
“No hay asomo de duda de que la reacción de los organismos de seguridad del Estado antes, durante y después de la masacre de Rivera fue bastante precaria”