Como una pandemia, los ‘elefantes blancos’ siguen representando una amenaza para los huilenses y una señal de la desidia estatal.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República muestra el fracaso de muchos proyectos de infraestructura en las regiones de los cabildos indígenas, con casos concretos: Un centro de acopio en La Argentina; un proyecto agroindustrial cafetero en Nátaga y un proyecto ganadero en Íquira.
En el Huila, entre 2015 y 2019, los 19 cabildos recibieron 10.961 millones de pesos y como en el resto del país, hay ‘elefantes blancos’, proyectos fracasados y deficiente administración por parte de los entes territoriales. Y según la Contraloría, la mayoría de los entes territoriales no ejecutaron adecuada y oportunamente los recursos disponibles. A las fallas en la gestión de los entes territoriales para suscribir los convenios de administración se sumó la demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, dificultando su ejecución y en otros casos, la pérdida de las transferencias.
El ‘elefante blanco’ en La Argentina, por ejemplo, es evidente. El Centro de Acopio del Resguardo Indígena de la región presenta daños estructurales que comprometen su estabilidad y se encuentra en condiciones precarias, convirtiéndose en un riesgo para la población y para las edificaciones cercanas. Concretamente, la obra registra fisuras y grietas en mampostería, así como humedad en muros de toda la construcción e inestabilidad de la cubierta. Otro proyecto productivo bandera diseñado para Nátaga, está al garete. El municipio adquirió los equipos para el montaje del Proyecto Agroindustrial del Café. Los primeros equipos fueron adquiridos entre los años 2015 y 2018. A la fecha no se encuentran instalados ni están en funcionamiento.
Las Administraciones Municipales, en cabeza de sus Alcaldes, no pueden seguir siendo ineficientes, inútiles y paquidérmicas a la hora de adelantar controles en la ejecución de los recursos públicos. Por culpa de esa ineficiencia de los mandatarios, los objetos contractuales de muchos proyectos no se cumplen.
La Contraloría está obligada a continuar con sus investigaciones fiscales y llamar a cuentas a los responsables.