Mientras el asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, enfrentaba a los capos del narcotráfico, el gobierno negociaba en secreto la no extradición. Hoy hace 36 años del magnicidio en la impunidad.
RICARDO AREIZA
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Aunque el presidente Belisario Betancourt, juró ante la tumba del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla que su crimen no quedaría impune, el ex ministro de comunicaciones, Bernardo Ramírez, su emisario personal, se preparaba para un nuevo encuentro con los capos de la mafia.
Ni siquiera porque la indignación del país seguía latente y el dolor de patria no lograba disiparse en medio de la consternación, el emisario presidencial ultimaba los preparativos para la segunda reunión con los jefes del Cartel de Medellín, los mismos que había ordenado el crimen de Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, hace 36 años.
‘El Plan Ramírez’, como lo bautizó el ex procurador General, Carlos Jiménez Gómez tendría su segunda fase, también en Panamá, como ocurrió con el ex presidente Alfonso López Michelsen, cuatro días después del magnicidio.
En secreto
Aun con las banderas ondeando a media asta en señal de duelo, el ex mandatario liberal se reunía en privado con los capos del Cartel de Medellín, en una lujosa suite del hotel Marriot en la capital panameña, para negociar la no extradición.
La reunión se realizó el viernes 4 de mayo de 1984, 48 horas después del sepelio del asesinado Ministro de Justicia, ocurrido en Neiva, su tierra natal.
El encuentro comenzó a las tres de la tarde. “Entre los presentes se encontraban Pablo Escobar y un miembro de la familia Ochoa, a quienes ese momento no identifiqué, sencillamente porque no los conocía”, confesó años después el expresidente López.
También asistieron Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha (‘El Mejicano’).
Horas después del crimen de Lara Bonilla, los capos habían huido a Panamá. López se encontraba en ese país en calidad de testigo en las polémicas elecciones que ganó Nicolás Ardito Barletta.
La vocería la llevó Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vásquez. De entrada, negaron su participación en el crimen de Lara Bonilla, pero se quejaron de supuestos atropellos contra sus bienes y familias. No obstante, anunciaron su intención de abandonar el narcotráfico y entregar sus fortunas, si el gobierno se comprometía a no extraditarlos.
La agenda
La reunión duró una hora. López les aseguró que informaría al presidente Betancourt los detalles de la reunión y el alcance de las propuestas.
“Hablé con el presidente por teléfono. Le hice un relato o una exposición sucinta de la conversación y me fui para Miami”, escribió el ex jefe liberal.
“Si quieres, mándame a una persona de tu confianza para indicarle como es la cosa”, le recomendó. Días después le envió a su emisario Bernardo Ramírez.
A su regreso a Bogotá, buscó al procurador Carlos Jiménez y le propuso que lo acompañara. “Inicialmente me negué en forma rotunda porque era una aventura muy peligrosa”, relató. Finalmente aceptó.
“El presidente me llamó por la tarde, me pidió ir a Panamá y para cerrar la conversación yo le pregunté: ¿Señor Presidente cuáles son sus instrucciones? El me respondió: Las instrucciones se las da el doctor López” relató el entonces Jefe del Ministerio Público.
Reuniones previas
En realidad, los encuentros secretos habían comenzado en septiembre de 1983, en momentos en que Lara Bonilla, se enfrentaba a los barones del narcotráfico, hasta ese momento desconocidos. Lara Bonilla, siendo Ministro de Justicia, abrió semanas antes, el debate por la presencia de ‘dineros calientes’ en la política, el deporte y otras actividades del país, que terminó costándole la vida.
Los mismos capos lo visitaron en su despacho. Fueron tres entrevistas en su oficina en el centro de Bogotá. La primera fue en septiembre y dos más a principio y a finales de octubre.
Por esas gestiones hasta ese momento desconocidas, el ex ministro Bernardo Ramírez (ya fallecido), invitó al Procurador a una reunión en el Hotel Tequendama donde se oficializó la invitación para que lo acompañara a una nueva reunión con los capos que habían ordenado el crimen de Lara Bonilla.
Ramírez le contó en detalle los resultados de la entrevista de los capos con el ex presidente López.
La idea era continuar con el ‘Plan Ramírez’, sin que se supiera que detrás de esa iniciativa estaba el propio Jefe del Estado.
Rumbo a Panamá
El procurador Jiménez Gómez, fingiendo una misión oficial, viajó a Panamá. Lo acompañó su asesor Jaime Hernández Salazar.
Los dos viajaron en una avioneta del arquitecto Santiago Londoño White, el hombre que concertó la reunión del ex presidente López con los jefes del Cartel de Medellín.
Los dos funcionarios de la Procuraduría se alojaron en el hotel Soloy de la capital panameña. La reunión se realizó el 29 de mayo de 1984. Asistieron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, José Antonio Ocampo Obando (‘Pelusa’) y miembros del Clan Ochoa.
Los memorandos
Durante la cumbre los capos ratificaron la oferta que le habían anticipado al ex presidente López Michelsen.
Sin embargo, no había nada escrito. Los ‘memorandos’ eran verbales. Sólo le pedían que le transmitiera al presidente Betancourt, sus intenciones.
“Mejor escriban un par de documentos, uno para el Presidente, otro para mí y otro para la embajada norteamericana y háganmelo llegar a Bogotá. No lo firmen, no digan de quien se trata para que ustedes no se pongan en riesgo si es lo que quieren, que yo me encargo de hacerlo llega a su destino”, les respondió. Así lo hicieron.
Tres días después, el memorando, ese sí escrito, le llegó tres días después. Se trataba de un documento de seis páginas, las dos primeras con una nota dirigida al presidente Belisario Betancourt con el nombre de sus autores pero sin firmas. Estaba fechado el 29 de mayo.
En las cuatro restantes presentaban la propuesta para el desmantelamiento del negocio del narcotráfico. Entre otras, el desmonte de “la infraestructura global”, incluyendo la “identificación y entrega de laboratorios en el país”, las pistas clandestinas y la “enajenación de aeronave vinculadas al narcotráfico. El memorando terminaba con varias “sugerencias”, entre ellas que no se aplicara “el Tratado (de Extradición) a los hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia”.
La tormenta
El documento, revelado a principios de junio de 1984, desató una tormenta. En el Huila aún retumba el discurso que pronunció el jefe del Estado en la catedral de Neiva durante el sepelio del ministro asesinado.
“El Gobierno hará su deber, lo juro por Dios, y espera respetuoso que los jueces de la República hagan también su deber para devolverle a los ciudadanos la confianza en esas mismas leyes. El presidente de la República da el primer paso en esta emergencia nacional”, advirtió el presidente Betancourt en el acto litúrgico el 2 de mayo, dos días después del magnicidio.
“Ante el justo reclamo colérico de su comarca, y de esa gente que reclama justicia, habrá justicia, justa y oportuna. Habrá castigo implacable, sin zafa, habrá autoridad firme, sin excesos”, remataba el jefe del Estado ante el féretro de ministro asesinado. Luego de 36 años, solo hay un condenado.
Ceremonia aplazada
Por tercera vez, la conmemoración del trágico fallecimiento del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla fue aplazada, esta vez, por la cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno Nacional, por la propagación de la pandemia.
La decisión la tomó el Consejo de la Orden, con el apoyo de la familia Lara Bonilla por la emergencia sanitaria.
Sin embargo, la ceremonia que incluye la imposición de la condecoración ‘Rodrigo Lara Bonilla’ se reprogramó para el 11 de agosto, la fecha en que nació del ministro sacrificado. Durante este tiempo se escogerá a los candidatos que recibirán la distinguida presea.
En cambio, este jueves, por iniciativa del obispo de Neiva, monseñor, Froilán Casas, se ofrecerá una misa en todas las parroquias en memoria del ilustre desaparecido.
En la impunidad
Después de 36 años, el crimen sigue en la impunidad. El voluminoso expediente abierto por el juez Tulio Castro Gil (luego asesinado) estuvo perdido durante 23 años y a punto de prescribir. Por presión de la familia Lara fue desempolvado en el 2007.
El magnicidio fue declarado como delito de lesa humanidad el 12 de septiembre de 2012.
El hombre que disparó, Iván Darío Guisado, de la banda ‘Los Priscos’, fue ultimado. El conductor de la moto, Byron de Jesús Velásquez fue capturado. Tenía 18 años.
El sicario fue condenado a 16 años de cárcel, pero sólo pagó 10 años y 11 meses en varias prisiones. La última fue en la cárcel de El Barne. Salió libre por rebaja de pena, el 28 de marzo de 1995. Velásquez ha sido hasta hoy el único culpable.
Guerra despiadada
Ese día, revivió la extradición, lo que desató una guerra despiadada que dejó centenares de víctimas.
Después del crimen de Lara Bonilla, siguieron la ruta macabra Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, innumerables jueces como Manuel Castro Gil, quien procesó a Pablo Escobar y valerosos policías como el coronel Jaime Ramírez. También fueron asesinados a sangre fría el procurador Carlos Mauro Hoyos, decenas de periodistas y abnegados servidores de la justicia.
El segundo semestre de 1989 el narcoterrorismo propiciado por ‘Los Extraditables’, mostró la brutalidad de sus protagonistas. Entre agosto y diciembre de ese año explotaron 88 bombas en calles, bancos, sedes políticas, instalaciones públicas, hoteles, residencias, periódicos y centros comerciales de las cinco principales ciudades del país.
En las últimas cinco semanas de ese año volaron un avión de Avianca en pleno vuelo y dinamitaron la sede del DAS. En los dos ataques perecieron171 civiles y 250 quedaron heridos. Entre 1989 y 1993 un total de 120 carros bomba explotaron en diversas ciudades del país.