Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Carr Center for Human Rights Policy, institución de Harvard Kennedy School, la más prestigiosa del mundo en investigación social en temas como política pública y gobierno.
Como conclusión preliminar del estudio se plantea: “lo que quiere hacer Colombia en atención a víctimas no lo ha hecho ningún país y será difícil de cumplir”, esta afirmación preliminar es cierta, pues en términos cuantitativos la Unidad para la Atención de la Víctimas registra a la fecha alrededor de 6.941.505, de personas víctimas dentro de los cuales se cuenta 923.656 víctimas de homicidio, 5.964.405 de desplazamiento y 150.841 desaparecidos. Todos estos datos ponen en evidencia una tremenda situación de nuestro país y unos retos de gran envergadura sobre todo si de lo que se trata es de garantizar no sólo la reparación administrativa señalada en la ley, sino también la reparación integral planteada como propósito en la misma, esto es, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria histórica.
Y esto es cierto, las verdades contadas en los procesos de justicia transicional han sido a medias y la impunidad ha reinado, por ende, la justicia tampoco ha llegado, los grandes responsables de la criminalidad han desarrollado a su manera mecanismos para no ser sometidos a la justicia.
Continuando con la ultra derecha, los paramilitares fueron extraditados a EE.UU., irónicamente como narcotraficantes y no como homicidas, como si este delito fuese más importante. En Colombia los desmovilizados han sido asesinados por sus propios financiadores, por supuesto, para que no cuenten la verdad de lo sucedido, en fin, todos los aparatos de estructura del poder político y económico están vivos y se encuentran intactos y muchos de ellos en el Congreso con Importantes votaciones.
Por parte de los grupos insurgentes, la situación es igual, en las negociaciones de paz no se tiene en la agenda a la justicia como uno de los temas importantes ¿Qué decirles a las miles de personas que hoy ven las actuales negociones de paz sobre su derecho a que se haga justicia? Claro que es loable la paz ¿Pero a qué precio?
Una evaluación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, implica desmentir ese juego de palabras repetidas en la misma ley que señala que pretende garantizar, como sinónimo de asegurar o hacer efectivos los derechos de las víctimas, reconociendo que son evidentes y reales sus limitaciones.
*Docente, Fac. Ciencias jurídicas y políticas Usco.