La Personería de Neiva realizó el Foro Regional de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Los debutantes principales: el Procurador General, Alejandro Ordoñez, conocido de marras por sus posiciones moralistas, que antepone al ejercicio de su cargo, y el doctor Álvaro Leyva, conocido por su terca insistencia en buscar diálogos entre las insurgencias y el gobierno.
El Procurador manifestando su interés por la paz, enfatizó en que el Marco Jurídico para ésta, debe contemplar penas para masacres, delitos sexuales, desplazamientos, despojos de tierra, toma de rehenes, entre otros. A su vez Leyva le pidió al Procurador, que “abogue porque se revise la historia de Colombia, para ir estableciendo que el Estado colombiano es un gran responsable”.
He aquí una de las encrucijadas a resolver en la negociación para la terminación del conflicto que vivimos hace más de cincuenta años y que ha costado según estudiosos más de 5.000.000 de desplazados, más de 600.000 de muertos, 60.000 desaparecidos, 6.600.000 hectáreas de tierras despojadas e innumerables violaciones a derechos humanos.
Volver a la historia, esa que está prohibida en las escuelas, escudriñar en la memoria, en los anaqueles, en los archivos oficiales declarados secretos, en los periódicos que intencionalmente ocultaron la verdad y que conniviendo con el sátrapa Uribe Vélez, negaban que había conflicto armado y que aún hoy a pesar de que el presidente Santos lo reconozca, con lenguaje encubierto, siguen sosteniendo las mentiras de la historia, a conveniencia de quienes se empecinan en mantenerse en el poder.
Leyva, seguramente invocando al Kant de La Paz Perpetua, señaló enfáticamente a la paz, como el derecho supremo sin el cual los demás derechos se comprometen, por encima del cual no hay ningún otro derecho internacional.
Soy de las que cree que a pesar de los enemigos agazapados de la paz, estamos cerca de llegar al fin del conflicto. Los pasos que se dan en la Habana, como los que está dando el gobierno al ajustar su agenda, y las políticas públicas que se deriven de estos acuerdos, así parecen demostrarlo.
Por eso no tiene razón el senador Chávarro, cuando oponiéndose a la aplicación de la Ley 160 de 1994, cree que las Zonas de Reserva Campesina, se hicieron para guerrilleros y no para campesinos. Sus declaraciones estigmatizan y criminalizan a comunidades campesinas, muestran desconocimiento e intolerancia y poco aportan a la paz, pues esta ley da respuesta a uno de los detonantes del conflicto.
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