La Nación
EDITORIAL

La reforma judicial

La reforma a la justicia, se convirtió en un clásico estribillo para conjurar las crisis en el poder judicial. Esta vez, tras los escándalos suscitados en la Corte Constitucional, el tema volvió a entonarse para salirle al paso al triste episodio, el más grave registrado desde su creación en 1991. Otra el poder judicial y el gobierno volvieron a cantar el estribillo como una salida a la crisis planteada con el caso Pretelt.  

En el 2011, se presentaron ocho proyectos, entre ellos tres actos legislativos, orientados a reformar la justicia en Colombia. En 2012 se radicó la reforma al fuero penal militar, completando el paquete de “reforma integral” para abordar de fondo los temas esenciales: Combatir la congestión, asegurar la agilidad, garantizar el acceso y el uso eficiente de los recursos presupuestales y humanos.

De este paquete de reformas, cuatro fueron aprobadas por el Congreso, tres continúan su trámite y la última, llena de ‘micos’ fue sepultada por la generalizada indignación del país. Aunque se lograron avances en muchos temas, la reforma integral, sigue aplazada.

Ahora, ante estos nuevos hechos, reaparecen las mismas propuestas que se han ventilado pero que no se sacan adelante, incluso con la complacencia de la propia judicatura, que ha sido renuente.  

En medio de la polémica surgen las fórmulas salvadoras: la creación de un Tribunal de Aforados que sustituya a la inoperante Comisión de Acusaciones. Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un  Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.

El gobierno anticipó esta semana otras claves con los temas que ya venían engavetados: La creación de una jurisdicción disciplinaria que sancione las conductas de los funcionarios de la rama judicial y abogados en ejercicio; supresión de las facultades nominadoras de los magistrados de las altas cortes; la extinción de la llamada “puerta giratoria” y la autorregulación. El mismo estribillo en cada crisis.

Sin embargo los temas centrales que limitan el acceso ciudadano y la incapacidad de la Rama para atender en oportunidad las crecientes demandas de justicia, reflejan las enormes fallas de funcionamiento instrumental del aparato judicial. Ese debe ser, el tema esencial para combatir la impunidad, la congestión, la morosidad, dilación de los procesos y acceso a la justicia.  De su efectividad depende, en gran parte, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de un Estado Social de Derecho.

Mientras la justicia no resuelva sus problemas funcionales y adquiera fortaleza, autonomía, independencia y capacidad para asegurar acceso y efectividad, seguiremos entonando los mismos estribillos, como ha venido ocurriendo en medio siglo, en cada conato de crisis por fallas en la falta de justicia. ¡Que injusticia!
 

“Mientras la justicia no resuelva sus problemas funcionales… seguiremos entonando los mismos estribillos, como ha venido ocurriendo en medio siglo, en cada conato de crisis por fallas en la falta de justicia”.

 
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