La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, ha vuelto esta semana a llamar la atención sobre la ola de crímenes de exguerrilleros de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz y ha considerado que los esfuerzos del Gobierno Nacional y otras entidades del Estado no son suficientes para evitar nuevos asesinatos.
Concretamente, el tribunal ha impartido las siguientes órdenes: 1) al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad. 2) Requirió al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.
También ordenó: 3) la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas. 4) El Ministerio del Interior deberá implementar indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, y mejorar su respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo que le sean advertidas. 5) La Unidad Nacional de Protección deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de los excombatientes.
Para la JEP, “la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos”.
En respuesta, el Gobierno Nacional, a través del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, ha ratificado el compromiso de proteger a quienes están legítimamente en reincorporación.
El propósito del Estado debe ser uno solo: garantizar la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz y que hoy continúan bajo la legalidad. Con todos ellos, debería jugársela de manera decidida.
“El propósito del Estado debe ser uno solo: garantizar la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz y que hoy continúan bajo la legalidad. Con todos ellos, debería jugársela de manera decidida”