RICARDO AREIZA
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Un año después de permanecer estancado, la Alcaldía de Neiva, reabrirá el expediente sancionatorio por el desplome parcial de la tribunal occidental del estadio ‘Guillermo Plazas’, ocurrido en 19 de agosto de 2016 con un saldo de cuatro muertos y diez heridos.
El secretario jurídico de la Alcaldía de Neiva, Eduardo Richard Vargas Barrera convocó de nuevo las audiencias para resolver de fondo la controversia contractual y determinar el futuro de las obras de remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
Esta vez, la meta es poder destrabar este proceso administrativo y determinar el futuro de la remodelación, igualmente paralizada desde que ocurrió la tragedia.
En otras palabras, el fallo definitivo está listo. Solo que tendrá que notificarse en audiencia pública.
El funcionario, quien venía instruyendo el proceso sancionatorio, ahora en calidad de Alcalde Ad hoc realizó un nuevo estudio de las actuaciones que se surtieron mientras el expediente permaneció en Bogotá. Al no existir reclamaciones pendientes, decidió reabrir el expediente, ahora en calidad de alcalde ad hoc.
La designación la hizo el presidente de la República Iván Duque con la firma de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez el 7 de septiembre pasado. El encargo lo asumió el 20 de septiembre ante el Notario Quinto del Círculo de Neiva.
La decisión
El funcionario tendrá que fallar en derecho el proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento que se adelanta contra los representantes legales del Consorcio Estadio 2015 encargado de la obra física. La audiencia fue convocada para el próximo jueves.
Vargas Barrera, según el protocolo, instalará la audiencia y de no encontrar eventualidades nulidades, procederá a dar lectura al respectivo fallo.
La segunda audiencia contra del consorcio Interventoría 2014 encargado de ejercer la vigilancia y correcta ejecución de la obra, fue programada para el lunes de la próxima semana. En este caso no procede la caducidad sino la cancelación unilateral.
Congelado
El expediente está inactivo desde el 25 de julio pasado cuando renunció el viceministro Héctor Olimpo Espinoza, quien reasumió el expediente en calidad de alcalde ad hoc.
Sin embargo está congelado desde el 23 de agosto de 2017 el 23 de agosto de 2017, cuando la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. Esta decisión que involucró a contratistas, interventores y funcionarios públicos, incluyendo a los dos últimos alcaldes, originó la ola de recusaciones que impidieron un pronunciamiento de fondo.
El ‘tire y afloje’ entre las partes impidió que el proceso sancionatorio pudiera avanzar. El proceso quedó en la etapa de alegatos de conclusión (la última fase del proceso) y sólo resta el fallo final.
Los representantes legales del consorcio Miguel Alejandro Lozano Castañeda y Luis Alfonso Trujillo, denunciaron irregularidades en el trámite del proceso, falta de garantías y violaciones al debido proceso. Por estos hechos, se originaron las recusaciones y las investigaciones disciplinarias contra el equipo jurídico encargado de adelantar el proceso, y lograron frenarlo.
Las opciones
Desde que se suspendió la obra en agosto de 2016, los constructores propusieron una fórmula para asegurar la terminación de la obra de remodelación y evitar, una posible caducidad por incumplimiento que tendría graves efectos para los contratistas.
La fórmula era permitirles a los actuales contratistas la terminación de la obra. El esquema no prosperó por los hallazgos encontrados durante la realización de dos estudios técnicos, entre ellos, un peritaje realizado por la firma Sísmica & Estructuras. Que hoy sirve de soporte para los procesos penales que adelanta la Fiscalía.
¿Nuevas recusaciones?
Aunque no se descartan nuevas acciones judiciales para impedir la realización de la lectura del fallo, todo parece indicar que esta vez no habrá más aplazamientos.
En este nuevo escenario cobra fuerza los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría y la Personería para que se agilice el proceso administrativo y se facilite la adecuada utilización del escenario deportivo. También la expresa solicitud del juez Sexto Civil Municipal de Neiva Álvaro Alexis Dussán para que se evite la indefinida dilación del trámite administrativo.
Y se suma además a una investigación disciplinaria contra los abogados de los contratistas por supuestas maniobras dilatorias en esta controversia contractual.
El Consejo Seccional de la Judicatura decidió abrir un expediente disciplinario contra los autores de la ola de recusaciones que mantuvieron frenado el proceso durante un año. La decisión, solicitada por un juez de tutela, fue notificada por la magistrada Floralba Poveda.
La medida cobija a los abogados Rosmi Sonia Durán Rey, Mario Enrique Bahamón y Roberto Roa Cortés.
Lo que falta
Fallado el proceso sancionatorio la administración tendrá que decidir la suerte de la obra. En caso de continuarse, como está previsto, implicará realizar un nuevo estudio de vulnerabilidad, realizar el reforzamiento estructural, reconstruir la parte impactada y otras obras que podrán afectarse como los camerinos.
Según voceros de la Alcaldía de Neiva, las obras faltantes podrían ascender a cinco mil millones de pesos.
Entre ellas figuran una zona Vip, las cabinas de prensa, los ascensores, la instalación luminarias tipo Led para el campo de juego y la silletería en las graderías.
Adicionalmente estaban contempladas para la fase final las obras exteriores de urbanismo; los acabados generales de los tres últimos niveles (cuarto al séptimo), el sistema de voz y datos y una red contraincendio.
Estado de la obra
Según la Secretaría de Infraestructura, la obra quedó ejecutada en un 92% mientras que los recursos cancelados ascendieron al 82% de lo presupuestado.
Según el reporte de la interventoría, el valor de las obras ejecutadas hasta el 19 de agosto de 2016, ascendió a 23.327 millones de pesos. El monto por ejecutar asciende a 3.924 millones de pesos.
Con estos recursos el contratista debía intervenir las canchas de juego, los camerinos, las baterías sanitarias hasta el segundo nivel, iluminación de corredores desde el primero hasta el piso y la construcción de estructura en concreto tribuna occidental hasta el séptimo nivel.
Además, contemplaba los acabados hasta el tercer nivel, la construcción de pisos y acabados hasta el tercer nivel, la instalación de redes internas y externas de gas, la instalación de carpintería metálica hasta el tercer nivel, una subestación eléctrica con capacidad de 500 KVA.
Igualmente estaba prevista la instalación de la estructura metálica de cubierta, otra cubierta con teja termo acústica, la construcción de graderías en concreto pos-tensado, toda la mampostería interna y de fachada hasta el séptimo nivel, la construcción área de taquillas y rampas de acceso y la habilitación de las cuatro torres de iluminación existentes. Lo que no existe son los recursos adicionales que se requieren.