Por: Eduardo Gutiérrez Arias
La semana anterior, cuando el presidente Duque cumplió los primeros 100 días de su gobierno, las calles de todas la ciudades colombianas se vieron congestionadas con grandes movilizaciones de estudiantes universitarios, profesores de primaria y secundaria afiliados a FECODE, trabajadores sindicalizados en la CUT y la CGT, comunidades indígenas venidas desde las más apartadas veredas y cabildos del país y hasta campesinos de las llamadas Dignidades Agropecuarias. Todos tenían motivos para su presencia airada en las calles. Los estudiantes de las 32 universidades públicas del país, porque después de un mes de paro el presidente no ha querido recibirlos ni instalar una mesa de diálogo y negociación para encontrarle una salida al grave déficit de 18 billones de pesos que enfrentan todas estas instituciones. Los maestros piden cumplimiento a los pactos laborales que firmaron con la anterior ministra de educación, los trabajadores rechazan la reforma tributaria, mal llamada ley de financiamiento, y muy especialmente el IVA del 18% para los productos de la canasta familiar y la pretensión de gravar las pensiones y los salarios para la clase media, mientras a cambio se le hace una reducción de impuestos a las grandes empresas. Los campesinos e indígenas exigen respeto por la vida de sus dirigentes (van cerca de 500 líderes sociales asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC) y cumplimiento de pactos firmados entre el Estado y las organizaciones agrarias e indígenas, la mayoría de los cuales no se han cumplido (como en los casos de los precios de sustentación para el café y el arroz).
El presidente, que se muestra muy activo recibiendo en palacio a personajes de la farándula, es en cambio muy esquivo para reunirse con organizaciones sociales y atender sus reclamos. No sólo a ellas les está quedando mal. También a los 11.680.000 colombianos (32% del potencial electoral) que votaron por reformas contra la corrupción y con quienes se comprometió en impulsar esas leyes en el Congreso. No solicitó trámite de urgencia para las mismas en Senado y Cámara y todas han venido cayendo por desinterés de las mayorías en el parlamento. También se hundió el proyecto de ley pactado con las FARC para darles 16 curules en la Cámara a las víctimas en los territorios más afectados por la guerra. Estos 100 primeros días muestran un Duque entregado al gran capital, que ofrece los principales ministerios a los grandes gremios económicos, que le da un tratamiento policivo a la protesta social y que amenaza el proceso de paz con las FARC y la negociación con el ELN.