La Sala Plena de la Corte Constitucional hundió la Ley de Financiamiento del gobierno Duque. Mientras que el magistrado Carlos Bernal Pulido pedía dejar la norma tal cual estaba, se impuso con seis contra tres, de los nueve votos posibles la ponencia de Alejandro Linares que proponía sacar de funcionamiento toda la norma por creerla inconstitucional pues en su trámite en el Congreso se violó el principio de publicidad.
Tras una compleja discusión, el alto tribunal señaló que existieron muchas “fallas en el texto aprobado por la Cámara de Representantes”. En su decisión, sin embargo, la Corte consideró que la ley se caerá a partir del 2020, es decir, se mantendrá durante el 2019 hasta enero del próximo año. En este tiempo, el Gobierno podrá impulsar una nueva ley de financiamiento donde resuelva los errores que hubo en el trámite anterior.
Con esta reforma tributaria, el Gobierno intentaba cubrir el llamado hueco fiscal. Para finales del año pasado, se calculaba que el monto necesario para equilibrar el presupuesto de la Nación era de $14 billones. La ley, que fue aprobada en el Congreso en diciembre de 2018, pretende aportar recursos por la mitad de esta cantidad, unos $7,13 billones.
Lo que la ley propone
La ley incluyó la creación y modificación de tributos, tales como impuestos para patrimonios de más de $5.000 millones (una medida temporal que busca unos $800.000 millones en recursos) o un nuevo 2 % al consumo para la venta de inmuebles que estén por encima de $918 millones.
También se incluyó el llamado IVA plurifásico para las gaseosas y las cervezas, es decir un impuesto que se va liquidando en varias fases de la cadena de producción hasta llegar al hasta llegar al consumidor final. Esta medida busca cerca de $1 billón en recursos.
Se creó la sobretasa de renta a las actividades financieras, que recaudaría unos $480.000 millones, según cálculos del Gobierno. También ofrece medidas que aplican a las empresas y que buscan estimular la productividad y la creación de empleo, como la posibilidad de descontar de renta el 50% del Impuesto de Industria y Comercio a partir del año gravable 2019 y en su totalidad en 2022. También se incluyó la deducción del 50% del gravamen a
los movimientos financieros.
La Ley de Financiamiento también dio beneficios para sectores específicos, como el de economía naranja, con cero impuestos de renta por siete años. Así mismo, hubo reducciones en renta para las inversiones de agroindustria por un periodo de 10 años.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Régimen Simple de Tributación. Una herramienta efectiva para la formalización, es decir busca principalmente simplificar la interacción fiscal entre el Estado y las personas naturales o jurídicas con ingresos brutos anuales inferiores a $2.750 millones. Esta simplificación se materializaría a través de un único formulario para gestionar los impuestos de renta e ICA.
Preocupa la decisión
Fenalco, fue el primero en salir a lamentar la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento, al asegurar Jaime Alberto Cabal, presidente del Gremio de los comerciantes, que “el panorama genera un ambiente de inseguridad jurídica y seguramente impactará de manera negativa la economía que empezaba a retomar el camino de crecimiento”.
“Cambiar las reglas de juego en este momento no es una buena señal para la
inversión extranjera”, mencionó.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que la Corte permitiera la vigencia de la ley de financiamiento hasta el fin de este año minimiza los posibles efectos que hubiera tenido una derogatoria inmediata. Este periodo le permitirá al Gobierno presentar un plan B que contribuya a subsanar el impacto de la caída de esta ley en beneficio de la economía nacional.
Prácticamente todos los gremios económicos están a favor de la ley y, casi unánimemente, le han pedido a la Corte que no la tumbe, pues esto afectaría el crecimiento de la economía colombiana.