En Colombia acomodamos la historia ocultando lo que nos avergüenza hasta el punto de construir una mentira que convertimos en verdad, así lo hicimos en los últimos treinta años con lo sucedido en la retoma del Palacio de Justicia donde en nombre de la institucionalidad fueron torturados y asesinados ciudadanos comunes y corrientes, lo cual sabíamos a ciencia y conciencia desde el principio pero preferimos ocultarlo antes que someter a la justicia a quienes actuaron bajo la presunción de legalidad y con el amparo de un uniforme.
No basta con reiterar que el M-19 es el único responsable de la toma, eso no se discute, lo que no se puede ni se debe aceptar es lo que pasó después en manos de miembros del ejército que tenían la obligación de preservar la vida de inocentes que por distintas razones estaban en el palacio y que una vez liberados debieron regresar sanos y salvos a sus hogares.
Así mismo no tiene justificación la manipulación de las pruebas hasta el punto que se entregaron los cuerpos combinando unos con otros y asegurando que el cadáver correspondía a su familiar, para que hoy les digan que los muertos que enterraron y lloraron durante todo este tiempo no son los suyos.
Se complementa la vergonzosa actuación asegurando que los guerrilleros fueron amnistiados y a los militares se les está juzgando, pues en aras de la igualdad que cuenten la verdad y se sometan a la justicia para obtener los mismo beneficios, pero que no continúen con la infamia de asegurar que los desaparecidos están en otros países gozando la vida, cuando saben con certeza que fueron vilmente asesinados por sus propias manos. De la misma manera que tengan claro que someter a los responsables a la justicia no es una indignidad para el ejército, lo verdaderamente indigno fue actuar como lo hicieron.
Nuestra historia está llena de cadáveres insepultos, de muertos que gritan desde el más allá reclamando justicia que por cuenta del estado no han recibido, seres humanos como cualquiera de nosotros que perdieron su vida en manos de agentes del estado, cuya verdad se ha ocultado desviando las investigaciones y permitiendo entre otras cosas que sus asesinos asciendan en la carrera militar.
El estado tiene que garantizar la verdad de los hechos y la condena aunque sea simbólica para los responsables, flaco servicio se le ha prestado a la institucionalidad y al propio ejército encubriendo los crímenes que se cometieron después de la retoma del Palacio de Justicia.
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