Del Decreto se desprenden reglamentos para cada eslabón de la cadena cárnica. Por eso, exigirá transformaciones en la producción de los animales en finca, en el transporte hacia las plantas de beneficio, en el procesamiento y sacrificio de los animales, en el transporte desde las plantas al comercio, y hasta en la distribución y expendio de carne.
Con la entrada en vigencia de la norma, la cual, ha sido modificada en varias oportunidades, creó el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne, cárnicos y sus derivados, por lo que los mataderos deberán cumplir los requisitos sanitarios y de inocuidad en la producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación, se explicó.
La jornada que se cumplió en el auditorio de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, Cam, participaron además delegados de la Secretaría de Salud, la Cam, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entidad que está encargada de la inspección y control de los mataderos.
El delegado Vivas aclaró que la Procuraduría Ambiental no tiene la competencia para sellar mataderos, “por el contrario, advertimos de manera preventiva de lo que tiene que hacer para evitar los cierres. Existe la responsabilidad de cumplir las medidas y control a la cadena de frío, entre otras tareas”, explicó.
También manifestó a los mandatarios y a las autoridades de salud locales la necesidad de trabajar articuladamente la problemática entre la gobernación, los municipios y entidades sanitarias respectivas. Este es un tema complicado porque va a exigir la adecuación de todas las plantas que no cumplan los requisitos y porque deben estar involucrados todos los responsables de esta actividad.
Control y multas
El Decreto Nacional establece que el Invima efectuará mínimo cuatro visitas anuales para evaluar de forma integral el funcionamiento de la planta, labor basada en el desempeño de la misma, teniendo en cuenta el plan gradual de cumplimiento, documento que los propietarios, tenedores u operadores elaborarán en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación de la metodología para su elaboración.
De lo contrario la autoridad sanitaria procederá a iniciar los correspondientes procesos sancionatorios y aplicar multas sucesivas hasta por una suma equivalente 10.000 salarios mínimos legales diarios vigentes, sanción que deberá cancelar dentro de los diez días hábiles siguientes. El no pago dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva.
La normatividad precisa además que el pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas de carácter sanitario que hayan sido ordenadas por el Invima. Igualmente la autoridad sanitaria podrá ordenar cierres parciales o definitivos del establecimiento, como también el decomiso definitivo de productos cuando sus condiciones sanitarias no correspondan a las autorizadas, y representen un peligro para la salud de la comunidad.
La alternativa planteada por el gobierno es integrar los mataderos regionales. Actualmente existen 1.644 plantas de beneficio en el país y sólo 47 de esas controlan el 54,12% de la producción total. El porcentaje restante es cubierto por pequeños mataderos municipales, los cuales correrían el riesgo de cerrarse con la aplicación de la norma.
Opines
Emilio Leiva Leal, alcalde de El Pital
“La medida afectará a muchos municipios porque tendrán que cerrar mataderos. El objetivo de esta normatividad a nivel Nacional y Ministerio de Agricultura es contar con mataderos adecuados para exportar carne. Esperamos que paralelo a esto nosotros podamos tener uno en El Pital ajustado al Decreto 1500”.
Henry Durán, alcalde de Paicol
“Estamos muy preocupados porque cada día los municipios contamos con menos independencia. Los pequeños pedimos un matadero para el autoconsumo cumpliendo con las normas de higiene y salubridad óptimas. Pero actualmente tenemos que trasladar las reses a otras localidades para el sacrificio, esto genera problemas de salud”.
Evert Bolaños, alcalde de San Agustín
“Es una mala noticia. Hay que buscar una solución porque uno de los sectores importantes para el Municipio es la parte agrícola. Hay 65 familias que viven del sacrificio que serán afectadas. Habrá que hacer frente común con la Gobernación para encontrar salidas a esta problemática”.