Las cifras de adolescentes que desde temprana edad se dedican a delinquir no son nada alentadoras. Por su lado, las autoridades señalan que se necesita trabajar en equipo para poder enfrentar el flagelo. El perfil de estos muchachos corresponde a personas que no tuvieron oportunidades de nada.
Cada vez es más son más los menores de edad que ingresan al bajo mundo de la delincuencia en todo el país, y el departamento del Huila no se queda atrás.
De hecho, las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Huila, dan cuenta de que la cifra de menores infractores que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento, va en aumento.
Según María Eugenia Alzate, directora Regional del ICBF, en el Circuito Judicial de Neiva a la fecha han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 244 muchachos.
La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que en el año 2013 entraron al Sistema, 472 adolescentes, mientras que en el 2014, se obtuvo una cifra de 539 adolescentes.
Pero el dedo en la llaga lo puso hace algunos días la representante Olga Lucía Velásquez, al asegurar que "el Estado ha fracasado con el sistema de responsabilidad penal adolescente" y de paso exhortó a que se dé un giro hacia la prevención.
El panorama
Según Velásquez, el Estado tiene que tomar otros caminos para enfrentar el creciente problema. “No se puede pretender lavarse las manos y simplemente encerrar a los menores infractores.El Sistema debe pensar en la resocialización, en la educación para que estos jóvenes y niños al cumplir con su reclusión, salgan preparados para ser parte de la sociedad”, aseguró la congresista.
Añadió que en el tiempo de castigo a los muchachos infractores se les debería capacitar en oficios útiles con el fin de que cuando estén listos para ser parte de la sociedad, tengan opciones de ubicarse laboralmente, pues ya van a tener herramientas para ser personas útiles con posibilidades de crear sueños y hacerlos realidad.
Pero mientras eso sucede la preocupación por los menores infractores crece al ritmo de las cifras de delincuencia. Para colmo de males, al reincidencia en los delitos tampoco da tregua.
Datos entregados por la regional de Bienestar Familiar señalan que en el Circuito Judicial de Neiva los delitos cometidos por los adolescentes en que los más incurrieron son, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, seguido de hurto y receptación.
A esas infracciones, la Policía Metropolitana le suma otros como lesiones personales y tráfico de armas. Y de acuerdo con información de las Defensorías de Familia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la reincidencia en el año 2013 fue de 165 casos, al tiempo que en el 2014, la cifra llegó a 70, es decir, bajó notoriamente.
Pero en lo que va corrido de este año, los casos de reincidencia ya van en 96.
Zonas vulnerables
Para el caso de la ciudad de Neiva, la Policía Metropolitana asegura que las comunas con mayor vulnerabilidad, es decir, con más problemas de menores infractores, son las Seis, Ocho y Cuatro.
Entretanto, a nivel departamental, los municipios donde se registra mayor ingreso de adolescentes en el circuito judicial son Neiva, Rivera, Campoalegre, Aipe y Palermo.
Y según Alzate, la ciudad de Neiva, se ha convertido en una ciudad receptora, a la cual llegan personas de diferentes lugares del país, situación que ha generado el aumento de la población.
“Dadas sus condiciones de desplazamientos se ubican en sectores de alta vulnerabilidad, pobreza y donde está presente la delincuencia. Circunstancia que genera modificación en las condiciones sociales a la discriminación para tener oportunidades a nivel educativo, de empleo”, explica la funcionaria.
Es que además, en la capital huilense, las autoridades señalan que el índice de consumo de sustancias prohibidas se ha visto incrementado.
“Esta situación acarrea que los adolescentes busquen dinero fácil para suplir su necesidad de consumo e incursionen en conductas delictivas, esta conducta ha generado el incrementado de hurtos en la ciudad”, sostiene Alzate.
¿Hay salida?
En ese sentido, la representante Velásquez sostiene que lo que debería suceder es que el Estado trabajara en equipo con las entidades y gestores de bienestar para los niños y jóvenes de Colombia.
“Se debe modificar definitivamente el sistema, los niños y jóvenes son el resultado de hogares disfuncionales, hogares que por infinidad de situaciones adversas, perdieron sus principios, cambiaron el tiempo de compartir en familia por otras actividades. Hay que volver al núcleo familiar que forma, que educa, que ama y piensa siempre en el bienestar de su quienes ama: la familia”.
Afirma que se requiere de un sistema incluyente, educativo, formativo, pero sobre todo que piense en el ser como un todo que merece ser orientado y rescatado del equívoco para retomar su vida en rectitud y bienestar.
Por su lado, María Eugenia Alzate, directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, coincide con la congresista Velásquez en el sentido que se necesita trabajar unidos para enfrentar la problemática con los adolescentes infractores.
“Para que la tasa de criminalidad juvenil disminuya es preciso continuar aunando esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinarios, para encontrar soluciones prácticas a los problemas que afectan la seguridad y la convivencia en las ciudades, como la pérdida de valores y patrones de comportamiento sociales tradicionales de la sociedad. El consumo de bebidas alcohólicas, el acceso a las armas de fuego, las actitudes y relaciones personales que favorecen la respuesta violenta al conflicto, la presencia de pandillas y grupos armados al margen de la ley”, subraya.
Y en este proceso incluye a los medios de comunicación en cuanto a la responsabilidad que se requiere con la publicidad de noticias, fotografías, películas o series de televisión que influyen finalmente en las personas.
De esta manera, añade, se podría ayudar a evitar la normalización de la violencia en la vida cotidiana de las personas.
El perfil del infractor
Los menores infractores tienen un perfil claramente definido. Según Alzate, muchos de estos jóvenes, han desertado de la escuela en razón a la indisciplina, exclusión, desmotivación, problemas de aprendizaje, problemas familiares.
En consecuencia, vienen entonces los bajos niveles de escolaridad, analfabetismo, tendencia callejera, conductas antisociales, consumo de sustancias sicoactivas.
“En su mayoría provienen de familias monoparentales, reconfiguradas, con conductas disfuncionales, de contextos marginales y de pobreza, situaciones de permanente inestabilidad laboral, antecedentes de violencia, desplazamiento, abuso sexual y maltrato, generando trastornos emocionales y de conducta, que pueden convertirlos en agentes activos dentro de la vida delincuencial”, afirma la funcionaria.
Es en ese orden de ideas sugiere que dadas las desigualdades sociales que parecen insuperables, pues los muchachos están incurriendo en conductas delictivas como medio para lograr alcanzar lo que creen no poder obtener por vía legal.
O claro, también para poder acceder de una forma más amplia a aquellas oportunidades que la sociedad les ha negado. “El adolescente ve como salida de su evidente situación de desventaja la realización de conductas punibles que le permitan fácilmente satisfacer necesidades que de otro modo serían muy difíciles o imposibles de aplacar”, concluye Alzate.
Cifras preocupantes
En 2013 ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes,SRPA, 472 menores. En 2014, lo hicieron 593. Y en lo que va corrido de este año, la cifra va en 244.
Durante los dos últimos años, se han fugado de las 34 correccionales que hay en el país, 1.100 personas, según la representante Velásquez.
Qué es el SRPA
El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine.
Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan su educación, su formación, así como el cambio en su manera de pensar, sentir y actuar.