Piero Emmanuel Silva Arce
Cuando un casco vale más que la integridad de un ser humano algo anda mal en una sociedad. El pasado 3 de julio durante una manifestación en la Gobernación del Huila, por el derecho a la educación pública, estudiantes y docentes fueron atacados de manera iracunda por unos policías; los uniformados aparecieron de repente, venían por uno de sus cascos que se encontraba posado en el suelo con rayones de marcador; arremetieron con fuerza descomunal, se derramó la sangre por la cara de un profesor, mientras los estudiantes recibían golpes.
La reunión de la comunidad universitaria era pacífica, fue acompañada por Luis Alfredo Ortiz, Secretario de Educación Departamental, quien compartió una reflexión con los manifestantes. Los artistas realizaban performance, otros ofrecían discursos, algunos compartieron sus poemas que, luego serían acallados por la sangre sobre su boca; la mayoría hablaba tranquilamente con sus amigos. Se ejercía el derecho a la protesta de manera pacífica hasta que la policía llegó a infundir caos y violencia; todavía pienso en el odio de sus miradas y en la ausencia de su número de identificación. ¿Por qué tanta presencia de policía en una concentración pacífica? ¿Por qué llegaron a agredir y no a hablar? ¿Un casco reposando en el suelo justifica toda esta arremetida que hubiera podido terminar en un desastre mayor? Gracias al accionar de directivos de la Universidad Surcolombiana, docentes, estudiantes y funcionarios de la Personería de Neiva, el conflicto no escaló a dimensiones más trágicas.
El ejercicio ciudadano debe estar garantizado por las instituciones públicas, entre ellas las fuerzas policiales. Vale recordar que en democracia siempre debe primar la integridad y el bienestar de la población; este es uno de los principios más antiguos enarbolados en la Revolución Francesa con la proclamación de los derechos civiles y políticos; lastimosamente, en el siglo XXI aún no se ha comprendido.
El Estado Social de Derecho sigue siendo un saludo a la bandera. Cuando exigir educación pública se percibe como un acto vandálico, es porque hay una ausencia de sentido democrático. El día en que la educación deje de ser un privilegio y se materialice como el derecho consagrado en la Carta Magna, comenzarán a cesar las desgracias que asolan a un país donde se normalizan el crimen y la corrupción, mientras se criminaliza el ejercicio ciudadano. Ojalá que esta patria no siga repitiendo lo descrito por Ángel González: “Nada es lo mismo, nada permanece. Menos la historia y la morcilla de mi tierra: se hacen las dos con sangre, se repiten.”
Investigador del grupo Estudios Políticos