Con el auge de las protestas sociales en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional, quedó en evidencia un problema que se le salió de las manos a las autoridades: el vandalismo.
No es posible que en medio de las manifestaciones salgan individuos exclusivamente a atacar a la Policía, a bloquear las vías y a ocasionar afectaciones al mobiliario urbano de una ciudad. Y no pase nada.
Lo que ocurrió el martes pasado en Bogotá es una muestra de la incapacidad del Estado para controlar a los vándalos. Las imágenes que se tomaron las redes sociales y en las que se ven a desadaptados atacando sin piedad a la Policía desataron, como era de esperarse, repudio entre cientos de ciudadanos. Lamentablemente, al final, el resultado fue de apenas cinco capturados. A uno de ellos le decretaron ilegal la detención. Otro más fue cobijado con detención domiciliaria.
El país no puede olvidar hechos como los ocurridos en Neiva en noviembre pasado en el marco de estas protestas sociales, cuando un ‘encapuchado’ lanzó un artefacto explosivo contra un grupo de policías, dejando mal herido al patrullero Arnoldo Verú; un episodio que sigue en la impunidad porque el responsable de semejante ataque no está respondiendo ante la Justicia.
Los colombianos no se pueden acostumbrar a que una inmensa minoría ataque a la fuerza pública y a la misma ciudadanía. Las autoridades, en el marco de la Ley, deben estar en la capacidad de producir resultados contra el vandalismo.
Los mismos manifestantes y promotores de las protestas, por su parte, están en la obligación de condenar la presencia de ‘encapuchados’ y rechazar con contundencia el vandalismo. Ellos saben bien de sobra que cuando hay vandalismo, el interés informativo se centra en eso y disuelve los motivos de los reclamos.
“No es posible que en medio de las manifestaciones salgan individuos exclusivamente a atacar a la Policía, a bloquear las vías y a ocasionar afectaciones al mobiliario urbano de una ciudad. Y no pase nada”