La reciente orden presidencial de eliminar las nóminas paralelas creadas a través de los contratos de prestación de servicios, ha abierto nuevamente el debate sobre la mala utilización de esta figura legal.
Este tipo de vinculación contractual prevista en la normatividad vigente, ha sido mal aplicada desde hace muchísimo tiempo por casi todas las entidades del Estado, pues en ella han encontrado la fórmula perfecta para reducir costos laborales, tener más personal con menos recursos y ponerla a disposición de los politiqueros para responder a las exigencias de su “clientela electoral”.
El uso de esta útil herramienta, representa un enorme ahorro en los presupuestos estatales, pero es mal utilizada debido a que se contrata personal para que realice funciones que en muchos casos son ejecutadas por el personal de planta.
De otra parte, por el lado del contratista, se cometen grandes injusticias ya que mientras que un servidor público de planta en una entidad estatal tiene estabilidad laboral, reconocimiento de cesantías, prestaciones sociales, primas de servicios, vacaciones, etc., el contratista no tiene nada más que sus honorarios, los cuales se ven reducidos por el pago de la seguridad social y en no pocos casos, por la “vacuna” que debe entregar al político que le hizo el gran favor de conseguirle el contrato.
Es así que por simple necesidad, el contratista se ve obligado a aceptar esta vinculación, con la obligación de cumplir horario, seguir las órdenes de sus jefes, recibir una contraprestación por sus servicios -a veces inferior a la del personal de planta- y sufrir cada vez que hay un cambio de administración.
Judicialmente existen varios pronunciamientos que han aplicado el principio de la realidad sobre las formalidades, reconociendo de esta forma la existencia de una vinculación laboral, favoreciendo así al contratista y condenando al Estado al pago de todas las prestaciones dejadas de cancelar.
Si el presidente Petro logra eliminar el mal uso de esta figura legal, será un gran logro que beneficiará a todo el aparato estatal.