En diciembre de 2012, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, decidió cambiar el esquema de recolección de basuras porque las empresas encargadas del asunto ganaban mucho dinero, supuestamente estaban en manos de políticos y el estado podía hacerlo mejor y más barato.
Lo que siguió a tal decisión fue un absoluto desastre, la empresa pública que fue encargada de esa función nunca pudo cumplirla eficientemente, se alquilaron unos viejos camiones, importados transitoriamente, que terminaron en manos de la DIAN por contrabando. También se compraron otros, más de los necesarios, sin las especificaciones técnicas correspondientes, que acabaron, en su gran mayoría, convertidos en chatarra.
El resultado fue que la ciudad se inundó de basuras, la empresa pública encargada de recolectarlas finalmente desistió de hacerlo. Hoy las basuras en Bogotá son recogidas por empresas privadas, ninguna pública participa en la recolección.
Otro caso similar es la denominada ruta del sol, uno de los ejemplos de corrupción más sonados en la historia del país, en el cual se encuentra probado que el concesionario extranjero repartió dinero a funcionarios y particulares para garantizar su adjudicación. Como consecuencia, el estado asumió la operación de la concesión con unos resultados calamitosos, llevando al completo deterioro de la vía. Hace unos días se realizó la adjudicación de una nueva concesión, es decir, el estado terminó aceptando que es mejor que tal función sea delegada a un privado.
En 1997, la gobernación del Huila concesionó a un privado la producción y comercialización de licores obteniendo un sustancial incremento de los ingresos. Desde 2014, el departamento entregó la concesión a una entidad pública, quien a su vez subcontrató la distribución con un privado, El departamento cuadriplicó sus ingresos, además de los impuestos, recibe el 19% de utilidad de la explotación del monopolio, que sumado a la austeridad, lo llevó a ser reclasificado en segunda categoría.
Podría llenar esta columna con historias similares, ejemplos incuestionables en la historia del país que demuestran la imperiosa necesidad que tiene el estado de contar con el sector privado para llevar a cabo algunas de sus funciones, lo cual es aceptado en el mundo entero como un esquema válido.
Sin embargo, el gobierno nacional y sus áulicos han comenzado una soterrada campaña contra el sector privado, sin cifras, ni soporte técnico, pretenden estatizar todo, les incomoda que el privado, que ha asumido una inversión y el riesgo, obtenga utilidades.
En el pasado tuvimos un gobierno que pretendió refundar la patria, ahora tenemos uno que desconoce la experiencia y procura rehacer el estado negando la historia, incluso la propia.
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