Cecilia López Montaño
Ante el mundo que sí nos observa cuidadosamente, Colombia no logra resarcirse del asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Aunque aún no se aclare este magnicidio totalmente y muchos responsables sigan sin ser identificados y muy pocos juzgados, si los hay, este país no puede ser el escenario de otra serie de asesinatos motivados fundamentalmente por razones políticas. Como ya lo reconocen los medios de comunicación, la ONU a través de sus relatores para los derechos humanos le han señalado al gobierno la gravedad del continuo asesinato de exmiembros de las FARC. Se han quejado ante el presidente Duque de lo inaceptable que resulta la violencia contra quienes se acogieron al proceso de paz, pero el gobierno insiste en desconocer este hecho.
Según los últimos informes, a esta ya larga lista se une Alexander Saya, exguerrillero quien ya era parte del grupo de excombatientes que se habían vinculado al proceso de reincorporación en Puerto Rico, vereda del municipio de Tumaco. También se menciona el posible asesinato de Rafael Polindara, en la vereda la Laguna del mismo corregimiento, quien recibió varios disparos de desconocidos cuando estaba en su casa, muriendo de inmediato.
La reacción del gobierno frente a los reclamos de Naciones Unidas ha sido muy dura, descalificándolos; y a esto se suma las permanentes afirmaciones del presidente Duque, de que estos asesinatos no son sistemáticos y que obedecen a las acciones de bandas criminales. Insisten en el gobierno que no hay pruebas de que fueron asesinados por su condición de desmovilizados. Grave error, porque el número de estos asesinatos demuestra que no son casos aislados y menos por líos de faldas, como se pretendió explicar en su momento. El caso de Dilmar Torres, cuya muerte el hoy increíblemente ratificado Ministro de Defensa trató de disfrazar, demostró que hay causas oscuras para revivir los falsos positivos, que pueden explicar el asesinato de reinsertados en el proceso de paz.
Lo que parece pertinente es que la sociedad colombiana y el gobierno mismo se pregunten si este país resiste otro magnicidio como el de la Unión Patriótica. ¿Cómo quedamos los colombianos ante la comunidad internacional no solo ante Naciones Unidas, si se repite este infame capítulo de nuestra historia? Un país, Colombia, donde las diferencias ideológicas se resuelven a bala. Un país donde existe el sicariato auspiciado por extremistas, cuyo dinero lo reciben por desaparecer a quienes se apartan de las creencias de ciertos grupos sociales. Un país que pierde la oportunidad histórica de vivir en paz después de décadas de una sangrienta confrontación armada. Un país con sectores de sus élites que prefieren la guerra a la paz.
Para no caer en esa especie de hueco negro, es fundamental que dado que el gobierno no quiere ver este peligro, sean los colombianos los que presionen para que no solo se acepte la naturaleza perversa de esta serie de asesinatos, sino que les demande a las autoridades que realmente asuman su responsabilidad de parar estos crímenes. No son hechos aislados, por favor. Se trata de colombianos que depusieron sus armas y que están en proceso de reintegrarse a esta sociedad. Esta reincorporación de excombatientes a la vida civil es lo que debe suceder en cualquier proceso de paz y Colombia no puede ni debe ser la excepción. Por favor, presidente Duque, no se equivoque en materia grave y actúe ya en consecuencia. De no hacerlo, una factura negra le pasará la historia a su gobierno; y que quede claro, también al partido que lo respalda, el Centro Democrático.