Marcos Silva Martínez
La encrucijada socioeconómica, política, ética, moral e institucional, no se genera por causalidad. En lo socioeconómico, las causas pueden ser deducidas, identificadas, localizadas en el tiempo, igual que sus responsables.
Sus efectos y consecuencias, cualquier colombiano puede deducirlos y dimensionarlos, con solo leer o escuchar noticias, si procede y las analiza sensatamente y sin sesgos por conveniencia.
Basta revisar índices de pobreza real, reflejados en desempleo, subempleo, rebusque y miseria, necesidades insatisfechas, y verificarlos mediante observación directa, en plazas, parques, calles, semáforos, periferia de ciudades, criminalidad común y organizada e inseguridad ciudadana, etc.
No con los datos del gobierno (todos hacen lo mismo), pues hasta la CEPAL, ha hecho observaciones al respecto, igual que la OCDE recientemente, sobre inequidad socioeconómica, distribución del ingreso y tributación.
A las grandes mayorías, constituidas por la gran masa popular, excluida y alejada del poder burocrático institucional y de las élites del poder político y económico, siempre las han engañado y manipulado.
La política, está ética y moralmente colapsada. La avaricia, la mezquindad mental y la irresponsabilidad social de los denominados dirigentes, la convirtieron en instrumento eficaz de enriquecimiento fácil, a través de la contratación pública y la cooptación del aparato institucional.
El panorama socioeconómico-fiscal, en el inmediato y mediano futuro es totalmente incierto. A ese despeñadero condujo la clase dirigente y gobernante, a la nación entera.
El endeudamiento público amenaza a todos los ciudadanos. El gobierno lo convierte en justificación para catapultar la carga tributaria indirecta y de asalariados y reducción de inversión en educación, ciencia y tecnología y en lo social.
Todo ocurre y desarrolla bajo directrices del capitalismo salvaje y la incondicionalidad vasalla del gobernante de turno, que integra equipo de gobierno acorde con compromisos adquiridos con el gran capital, nacional e internacional.
Entre otras: La destinación presupuestal, para servicio de la deuda pública en 2019, supera los $66 billones, con incremento de más del 38.4% respecto a lo apropiado para el 2017. Esto es muy grave, porque reduce la inversión social y la inversión en desarrollo general nacional. ¿El pueblo autorizó ese endeudamiento?: nunca es la respuesta lógica, aunque sí, por haber votado mal.
Vale señalar que el desarrollo nacional es raquítico, en todos los aspectos, menos en corrupción e inmoralidad, proclividad y laxitud institucional.
Sucesivos gobernantes, en particular desde los años noventa, lograron convertir a Colombia en exportador de DOLARES, por pago de deuda. A partir del 2002, el endeudamiento se catapultó.
Las exportaciones nacionales, de 2017, no superaron los U$36.000 millones. En el 2018 no superan los U$39.000, frente a importaciones superiores a U$44.000 y U$46.000 respectivamente, en los mismos años. Son cifras escalofriantes fiscalmente, respectos a ingresos y gastos obligatorios constitucionalmente y respecto al desarrollo de la nación.
Todo sin contar con las deudas, sobre vigencias futuras, contingente y sobreviniente por corrupción y pésima e irresponsable contratación de concesiones en infraestructura y desmangurre administrativo, politiquería y corrupción, en todos los niveles.
Del desastre socioeconómico-fiscal, ético y moral, hay responsables intelectuales y materiales, pero nadie responde efectivamente. La institucionalidad lo auspicia y tolera.
Así se ejerce el poder y gobiernan a Colombia, desde siempre.