Seis y ocho años de prisión, son las condenas que purgaran en sus casas, dos policías que no solo retuvieron ilegalmente a nueve menores de edad, señalados de robar a dos jóvenes, sino que los torturaron y aplicaron gas pimienta en el rostro.
La ‘pesadilla’ de los supuestos infractores, que terminó en sentencia condenatoria contra el teniente Johan Leandro Posso Acevedo y el subintendente Julián Andrés Murillo González, duró cerca de tres horas, comenzando a las 9:30 p.m. hasta la medianoche del 31 de octubre de 2015, cuando se celebraba la noche de las brujitas.
Esa noche de alegría para los menores, que estaban departiendo en un parque en inmediaciones del Hospital San Antonio en el municipio de Pitalito, se convirtió en segundos angustia, zozobra, incertidumbre y hasta pensamientos de muerte.
Minutos antes de la retención, un hombre se acercó a la patrulla policial de número interno 23096 de placa GXQ-504, conducida por Juan Manuel Saa Montaño, y en la que iban el teniente Posso Acevedo, entonces comandante de la sección de vigilancia en el Valle de Laboyos, en compañía del subintendente Murillo González, quienes estaban de turno.
En su recorrido, un hombre se acercó para comunicarles que momentos antes sus hijos habían sido víctimas de hurto. “El papá de las supuestas víctimas manifestó que sabía donde estaban los presuntos ladrones”, señaló el Fiscal Cuarto Especializado en el escrito de acusación a los uniformados.
La información que el padre de las supuestas víctimas entregó, llevó al teniente Posso Acevedo y el subintendente Murillo González, en compañía del hombre, al lugar donde presuntamente fue el atraco, encontrando allí a nueve menores de edad que departían. “El sujeto sin ningun reparo señaló a los menores como los responsables del robo a sus hijos”.
Los uniformados sin contemplación alguna, con el solo señalamiento del progenitor de las supuestas víctimas y ninguna otra prueba, obligaron a los menores a subir a la parte trasera de la patrulla “tras la reja de seguridad de forma fraccionada…”, relató el fiscal.
Llegan los abusos
El objetivo del Comandante de la Sección de Vigilancia y su segundo al mando, con fraccionar al grupo, era obtener información del presunto atraco que los menores habían cometido a los dos jóvenes. “Los policías querían que les entregaran las pertenencias que al parecer tenían en su propiedad”, señaló el servidor judicial.
Sin embargo, los menores en medio del miedo del interrogatorio en la camioneta policial, manifestaron una y otra vez que no tenían nada, que ellos no habían cometido ningún hurto, pese a ello, los policías Posso Acevedo y Murillo González, llevaron en un procedimiento irregular al grupo de jóvenes hasta la casa de las supuestas víctimas, con el pretexto de ver unos videos que “demostrarían su posible participación en el atraco”, expresó el fiscal.
El teniente Posso, no contento con llevar a los menores hasta la casa de las presuntas víctimas y exponerlos, ingresó a la vivienda para observar el video del que hablaba en papá de los asaltados. “Cuando el oficial bajo, manifestó que en efecto los jóvenes eran responsables del hurto”, manifestó el funcionario de la Fiscalía.
La tortura
El oficial, convencido de la supuesta responsabilidad de los menores en el atraco, comenzó una serie de maniobras ilegales amedrantando a los menores para que confesaran donde tenían los elementos robados a los dos jóvenes. “El comandante y teniente Posso Acevedo inició a presionarlos para que suministraran información del paradero de los elementos hurtados, convirtiéndose en ese momento en un interrogatorio”, relató el fiscal.
La irritación del teniente Posso Acevedo por no conseguir de parte de los menores las respuestas que quería escuchar, lo llevó a “arrojarles gas pimienta sin importarle que con esa esa sustancia los estaba asfixiando”.
No contento, el comandante de la Sección de Vigilancia de la estación de Policía en Pitalito, teniente Posso Acevedo, con las agresiones que le estaba cometiendo a los menores, los traslado en el vehículo oficial hasta la salida del Valle de Laboyos en la carretera que conduce al municipio de San Agustín “continuando el maltrato dentro de la patrulla que era conducida por Saa Montaño”, señaló el fiscal.
El tenebroso y maltratador recorrido terminó en el sitio conocido como el Aeropuerto, donde hacen descender del vehículo a los nueve menores de edad, para ser golpeados por el “teniente Posso Acevedo” con el bastón de mando que le facilitó Murillo González, con el ánimo que les entregaran la información de los presuntos elementos robados.
Mientras el teniente Posso Acevedo golpeaba a los menores, Saa Montaño y Murillo González con una navaja les rasgaron la ropa hasta dejarlos en calzoncillos. “La ropa dañada fue arrojada al otro lado de la malla del aeropuerto”, indicó el fiscal.
Negociación con Fiscalía
Las pruebas testimoniales sumadas a las médicas con las que contaba el fiscal, le permitió imputarle a al teniente Posso Acevedo y el subintendente Murillo González, como coautores los delitos de tortura en concurso homogéneo en nueve ocasiones y privación ilegal de la libertad en concurso homogéneo nueve veces.
Los uniformados conscientes de su responsabilidad y sabiendo que los elementos materiales de prueba de la Fiscalía Cuarta Especializada eran contundentes en su contra, decidieron con su abogado defensor llegar a un preacuerdo con el fiscal.
La negociación consistió en varias de coautores a cómplices, además de obtener una pena definitiva de prisión de 96 meses para Posso Acevedo y 83 meses para Murillo González, siendo legalizada por el Juez Segundo Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento.
“Es indiscutible que la libertad individual de los menores con el comportamiento de Johan Leandro Posso Acevedo y Julián Andrés Murillo González, estuvieron en serio riesgo…”, señaló el juez en la sentencia.
Agregó que los entonces policías para la época de los hechos, sabían que estaban ejecutando conductas contrarias a derecho y a pesar de ellos “se orientaron a ocasionar daño…máxime, cuando son personas que pertenecían a la fuerza pública, concretamente a la Policía…”.
El togado tras legalizar el preacuerdo y las penas que negociaron los policías, su defensa y la Fiscalía, les concedió la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramuros. “Luego de la revisión jurídica se pudo establecer que el delito de tortura y privación ilegal de la libertad…el legislador no lo previó como una prohibición legal para la concesión de mecanismos sustitutivos de la pena…”.
Fotos: Ilustración