El viernes pasado, las autoridades reportaron las primeras capturas en torno a una de las masacres que ha conmovido al país: la muerte de cinco jóvenes del barrio Llano Verde de la ciudad de Cali ocurrida el 11 de agosto pasado.
El propio presidente Iván Duque y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le anunciaron al país las capturas. El jefe de Estado dijo que con estas detenciones se ve “el trabajo y la fortaleza del Estado para adelantar una investigación con todo el rigor”. Aseguró además que se trató de un “impecable trabajo adelantado por la Fiscalía y la Policía Nacional”, que ha sido “riguroso” y que muestra que “reaccionamos rápido”. “Aquí el que la hace, la tiene que pagar” y “vamos a seguir esclareciendo estos crímenes”, insistió el presidente Duque.
Bien por el esclarecimiento de la masacre en Cali, pero hay más masacres que se han registrado a lo largo y ancho del país, incluyendo el Huila, que esperan justicia.
La masacre en el municipio de Algeciras, que dejó cuatro muertos y dos heridos, se registró el 16 de julio pasado y aún no hay mayores avances de las investigaciones. Lo poco se sabe es que no fueron disidencias de las Farc sino que la matanza la perpetró un grupo ilegalmente armado no identificado. Este grupo ilegalmente armado contó con la confianza suficiente para desplazarse en camionetas color blanco y motocicletas por la zona rural de la despensa agrícola del Huila y perpetrar el “homicidio colectivo”, como el Gobierno Nacional se refiere ahora a las masacres.
La propia Defensoría del Pueblo se ha referido a la masacre en Algeciras y ha reclamado celeridad en las investigaciones.
Las palabras del presidente Duque en el sentido de que “reaccionamos rápido” deben retumbar en las instituciones y organismos de seguridad del Estado en el Huila.