RICARDO AREIZA
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La construcción de la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) quedará garantizada. La obra, ordenada hace 15 años para contener la grave contaminación del río Magdalena, ha logrado avances que permitirá iniciar con la construcción y operación de las primera de las tres plantas, como quedó consignado en un pacto de cumplimiento avalado por el Tribunal Administrativo del Huila.
La gerente de EPN, Gloria Enid Perdomo Quiroga, sustentó ayer las gestiones que se han venido adelantando, así como las inversiones comprometidas para iniciar las primeras obras. La funcionaria asistió ayer a una audiencia de verificación, convocada el 6 de febrero pasado por el magistrado Jorge Alirio Cortés, en el trámite de un nuevo incidente de desacato ordenado por el Consejo de Estado.
A la diligencia asistieron los representantes de la Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila, CAM y Cormagdalena, quienes ratificaron los compromisos para la cofinanciación del proyecto.
El trámite incidental de desacato fue promovido en el 2012 por Gustavo Mora Perea, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Departamento del Huila, argumentando que las entidades comprometidas habían desatendido la orden judicial.
“Es desconcertante lo que ha venido ocurriendo. Cuando se formuló la acción popular, todas las entidades se opusieron rotundamente a la construcción de las plantas de tratamiento como si se hubieran puesto de acuerdo deliberadamente. Llevamos 15 años recién cumplidos en medio de total indiferencia”, explicó Gustavo Perea, autor de la acción popular.
“Más desconcertante: el Consejo de Estado exoneró a todos los responsables y le atribuyó responsabilidad a la actual gerente, recién posesionada”, aseguró.
“No es posible que después de 15 años de iniciada la acción popular y nueve años de haberse ordenado, las aguas residuales sigan contaminando al río Magdalena”, anotó Jorge Enrique Tovar quien respaldó la iniciativa.
La orden judicialLa sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de junio de 2005. Ordenaba a la Alcaldía de Neiva, EPN, Gobernación del Huila, Cam y Cormagdalena la construcción del sistema de tratamiento aguas residuales en Neiva.
Las entidades vinculadas en una acción popular debían ejecutar a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas y antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación por aguas residuales que el municipio de Neiva descarga al río Magdalena sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, nunca se cumplió.
El cronograma cobró vigencia a partir del 28 de noviembre de 2013. El Consejo de Estado considerando que la entidad no ha cumplido ordenó el trámite de un nuevo incidente de desacato.
Atendiendo esa orden perentoria el magistrado Cortes Soto inició un nuevo incidente de desacato para asegurar la construcción por lo menos de la primera planta y frenar la grave contaminación del río Magdalena.
Los logros
La gerente de EPN, quien asumió el cargo el primero de agosto de 2018, explicó que contrario a la argumentación sostenida por el Consejo de Estado, la entidad ha venido dando pasos significativos para facilitar la iniciación de las obras.
La compra del predio, tramitada en el 2013, costó 2.664 millones de pesos de los cuales la Gobernación aportó 1.200 millones y de recursos propios 1.464 millones.
“Luego de los nuevos requerimientos del lote para que comenzara a funcionar en febrero de 2018 se realizó un avalúo comercial corporativo de los bienes inmuebles para la construcción de la planta de tratamiento por 9,52 millones de pesos”, precisó la gerente de EPN.
El pasado 21 de febrero se inició la actualización de los estudios de impacto ambiental (ya contratado) y el plan de manejo ambiental para el trámite de las respectivas licencias.
Ese es un contrato ya en ejecución con un costo de 429 millones de pesos. Lo mismo que un estudio de arqueología para el Instituto Colombiano de Antropología con un costo de 39,87 millones de pesos que será entregado en dos meses.
“En concreto Empresas Públicas ha invertido en estos estudios 468,95 millones de pesos. El total de la preinversión asciende a 5.324 millones de pesos de los cuales 2.837 millones corresponden a recursos de EPN ejecutados entre 2013 y 2019”, precisó.
Los diseños
El otro avance fueron los diseños y la ingeniería de detalle. “Hoy tenemos el diseño de la Ptar, está certificado, tenemos el proyecto a nivel de detalle y estamos ajustando los valores al año 2019, además, el diseño definitivo del colector sur que tiene los principales vertimientos”, precisó la gerente de EPN.
“El proyecto no requiere licencia ambiental para su primera fase por los niveles de caudales. Sin embargo, añadió, por la envergadura de la obra proyectada en dos fases, debemos dejar gestionada ante la Anla la respectiva licencia”.
La obra se diseñó en dos fases con un costo total de 207.433 millones de pesos. La primera tiene un costo de 126.868 millones de pesos y la segunda fase, 80.565 millones.
“Estas cifras las estamos actualizando por la revaluación de dólar, un componente indispensable para la presentación ante el Ministerio de Medio Ambiente y fundamental para el cierre financiero”, aclaró.
Perdomo Quiroga anunció que la próxima semana estará en Neiva el consultor presentando las cifras definitivas y debidamente actualizadas para facilitar la cofinanciación.
Primera fase
En la primera fase está proyectada la construcción de dos de las cuatro líneas de tratamiento que tienen un costo de 80.565 millones de pesos; la infraestructura de urbanismo por 28.000 millones, incluyendo las compensaciones a la comunidad, oficinas, zonas de desplazamiento, áreas de reserva del río y la interventoría por 4.343 millones.
Adicionalmente, está contemplada la compra de otros dos lotes. Uno aprobado el 14 de noviembre de 2018 por 3.215 millones y el otro previstos para este año por 3.245 millones. Estos recursos ya están, son del Plan Departamental de Agua, aportados por la Alcaldía de Neiva, son 6.460 millones.
Los dos lotes fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos para la declaratoria de bienes de utilidad pública, necesaria para materializar la compra.
“Esperamos antes de junio tener resuelto este tema con los dos lotes para la planta de tratamiento.
Adicionalmente se requieren otras inversiones en la construcción de los colectores sanitarios de vertimientos (Santander Norte, Santander Sur y Camilo Torres. La ingeniería de detalles de este colector sur estará lista la próxima semana con un costo de 5.550 millones de pesos.
El colector norte costará alrededor de dos mil millones de pesos. Este será el siguiente paso.
“Estos recursos también lo aporta EPN. Ya fueron incluidos en el Plan de Obras de Inversiones 2016-2026 y deben ejecutarse en los próximos años. A futuro estamos comprometiendo otros 7.500 millones adicionales”, precisó la funcionaria. Estos recursos son distintos a los ya comprometidos por la Alcaldía de Neiva por 6.460 millones.
Lo que falta
Según la gerente de EPN faltarían 112 millones de pesos para la primera fase. De éstos están comprometidos cerca de 47.648 millones y están pendientes de gestión otros 74.899 millones de pesos.
Para la construcción están garantizados estos recursos: La Gobernación aportará $10.000 millones. Alcaldía de Neiva: $10.000 millones y la CAM, $10.000 millones Cormagdalena aportará $ 5.000 millones. Estos recursos, debidamente indexados fueron ratificados ayer en la audiencia por sus representantes.
La segunda fase deberá ejecutarse en diez años. Sin embargo, con la primera fase tal como ha sido proyectada estaríamos atendiendo el 97 por ciento de las aguas residuales que hoy vierte la ciudad al río Magdalena”, concluyó la funcionaria.
Con esta información, el magistrado examinará el grado de avance de la obra y decidirá si archiva o confirma el desacato.
Lo evidente, es que hay nuevos avances y el reiterado compromiso de las entidades vinculadas para ayudar a financiar la planta de tratamiento de aguas residuales.
Exonerados
Por desatender la orden judicial, el 20 de septiembre de 2016 el Tribunal Administrativo del Huila sancionó con una multa convertible en arresto a los ex gerentes de Empresas Públicas de Neiva, Juan Carlos Herrera, Aurelio Navarro y Cielo Ortiz Serrato por desatender la orden judicial proferida hace once años. En grado jurisdiccional de consulta fueron revocadas las sanciones impuestas a los ex gerentes, Juan Carlos Herrera Gutiérrez y Aurelio Navarro Cuéllar en razón a que ya no ejercían el cargo.
Por las mismas razones fueron exonerados los exalcaldes de Neiva Héctor Aníbal Ramírez Escobar y Pedro Hernán Suárez Trujillo, los exgobernadores Luis Jorge Pajarito Sánchez García, Cielo González Villa, Luis Guillermo Vélez Cabrera, Julio César Triana Quintero y Carlos Mauricio Iriarte, inicialmente vinculados al proceso.
También fueron eximidos Rey Ariel Borbón Ardila, Alberto Vargas Arias, Alaín Hoyos Hernández y Carlos Alberto Cuéllar Medina, quienes han ejercido el cargo de director general de la Cam y los directores y exdirectores de Cormagdalena, Horacio Arroyave Soto, Juan Gonzalo Botero, Juan Manuel Guzmán y Augusto García Rodríguez.