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INVESTIGACIÓN

‘Salvavidas’ a curul de  ‘Pipe’ Lozada

‘Salvavidas’ a curul de  ‘Pipe’ Lozada 1 8 abril, 2020

Con abundante evidencia probatoria, el Consejo de Estado, definirá en los próximos días el futuro político del congresista huilense, Jaime Felipe Lozada, por ausentismo. Ayer terminaron los alegatos, la etapa previa antes del fallo.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

La Procuraduría General de la Nación le lanzó ayer un nuevo ‘salvavidas’ al congresista huilense, Jaime Felipe Lozada, en la recta final del proceso de pérdida de investidura por ausentismo.

El primer ‘paracaídas’ lo lanzó  hace tres semanas el Consejo de Estado al rechazar otra demanda por las mismas razones, corregir algunas falencias, lo que habría podido ‘enredar’ el futuro de su permanencia en el congreso.

Diana  Marina Vélez Vásquez, procuradora segunda Delegada ante el Consejo de Estado, reportó algunas inconsistencias en la excusas médicas presentadas por el representante a la Cámara, para soportar las ausencias a las sesiones plenarias, pero estimó, que examinadas en su conjunto, no configuran la causal para que se le decrete la “muerte política”.

Esta causal constitucional contempla que la inasistencia a seis reuniones plenarias en las que se voten mociones de censura, proyectos de ley o de actos legislativos, de manera ordinaria o nominal, puede llevar la pérdida de investidura del congresista, siempre que se demuestre que fueron injustificadas.

Lozada Polanco aseguró que asistió a 41 de las 44 sesiones plenarias y faltó sólo en tres oportunidades.

La Secretaría de la Cámara de Representantes expidió las excusas médicas de las inasistencias pero no remitió los soportes, ni las personas que firmaron los documentos, aprobaron o avalaron los 79 permisos encontrados al congresista opita durante la diligencia.

Por su parte la Jefe de Bienestar Social y Urgencias Médicas de la Cámara de Representantes remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado una relación de 23 copias de “certificados de incapacidad” (17 atribuibles a dicha Cámara y 6 a médicos particulares).

En cambio,  demandante,  Catherine Juvinao Clavijo, le atribuyó 54 ausencias, el 31% del tiempo, en los cuatro periodos legislativos examinados.

Otras cifras

La procuradora Segunda Delegada, tiene otras cifras consignadas en el expediente, que analizó ayer al emitir su concepto durante la audiencia especial de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargado de definir la suerte política del congresista huilense.

En el primer periodo, (20 de julio y 16 de diciembre de 2014) el congresista registró su asistencia en las nueve sesiones plenarias pero se retiró del recinto una vez iniciadas. En esas sesiones no se votó nominalmente iniciativas legislativas. Además, se constató que en esas nueve sesiones aportó ocho solicitudes de permiso, así como siete excusas médicas que dan cuenta de los supuestos percances de salud del congresista. “Sin embargo no aportó ninguna evidencia sobre los propósitos de esos permisos. Seis estaban soportados. Tenía incapacidad de un día por cada sesión”, afirmó la funcionaria.

“Respecto de las tres ausencias restantes-dijo- no se acreditó ningún permiso ni excusa médica válida. De ahí que en tres sesiones plenarias a las que no asistió carecen de justificación, lo cual no alcanza el mínimo de sesiones para que se configure la causal.

Lo mismo ocurrió con las otras sesiones cuestionadas realizadas entre el 20 de julio y diciembre de 2015,  los demandantes le atribuyeron ausentismo en ochos sesiones plenarias. Lozada no participó ni voto en el estudio de nueve proyectos de ley y dos actos legislativos.

“De acuerdo con el acervo probatorio cuatro de estas ausencias están justificadas con excusas médicas, lo que impide que se configure el presupuesto normativo de acreditar el mínimo de seis plenarias en el mismo periodo”, insistió Vélez  Vásquez.

Para el siguiente periodo de 2016 Lozada registró seis inasistencias, en cuatro, contestó a lista y se retiró. En las dos restantes, ni siquiera se registró. En estas sesiones se tramitaron siete proyectos de ley.

En las Gacetas del Congreso quedó evidencia que Lozada no participó ni votó en las seis plenarias, ni siquiera en aquellas en las que registró su ingreso.

Asimismo en los videos quedó registrada la ausencia de Lozada en los debates. Solo aparecen dos justificaciones. Aseguró que las ausencias se debieron a diligencias propias de su ejercicio congresional o a compromisos en su región. Sin embargo, aportó excusas médicas.

“Esta situación resulta contradictoria, pues no se entiende como el acusado pide permiso para atender supuestamente actividades de su gestión parlamentaria, pero su retiro del recinto se sustenta con un motivo diferente”, explicó la agente del Ministerio Público.

Para el siguiente periodo legislativo de 2017 estuvo ausente en seis sesiones plenarias donde se estudiaron diez proyectos de ley y un acto legislativo. Lozada se registró en todas pero no participó en ninguna de las sesiones, según las Gacetas del Congreso. En los videos de las sesiones se corroboró su ausencia. “Luego presentó excusas médicas en cinco de las sesiones ocasiones lo cual debilita la causal de pérdida de investidura”, acotó la Procuradora Delegada.

“Lo insólito, según la funcionaria, era que Lozada siempre era atendido luego de registrarse y contestar a lista y antes de votar”.

El ‘salvavidas’

A pesar de que en cada uno de los periodos hubo hechos que llamaron la atención por la forma en que se concedieron los permisos a Lozada Polanco, aportó algunas excusas médicas que justificaron la mayoría de las inasistencias. Sin embargo, en ninguno de los periodos se completaron las seis ausencias sin justificación.

“Con base en el material probatorio que obra en el expediente, no se configura la aludida causal ya que no se demostró que el congresista hubiese dejado de asistir injustificadamente a seis sesiones plenarias en el mismo periodo legislativo.

“Por esta razón solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, es decir, la pérdida de la investidura”.

Anomalías

“Si bien no se configuró la causal para la desinvestidura, las pruebas allegadas al expediente pueden revelar comportamientos que no son claros frente a los trámites impartidos para los permisos presentados por el accionado en los periodos examinados.

Por esa razón, la Procuradora Delegada solicitó a los magistrados que remitan a las autoridades disciplinarias competentes para determinar si el congresista percibió ingresos por las sesiones a las que no concurrió sin justificación alguna.

Además, la representante de la Procuraduría llamó la atención sobre la expedición de las excusas en el Congreso. Explicó que los médicos tienen la autonomía para definir los tratamientos, deben, en ejercicio de su autonomía deben  ejercer su actividad en marco de un esquema de auto regulación, ética, racionalidad y evidencia científica.

“Por esta razón esta agencia del Ministerio Público somete a consideración de la Sala que se estudie la posibilidad de exhortar a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud para que revise los procedimientos para la expedición de las incapacidades y determine si se articulan con el sistema nacional de salud”, afirmó.

“Adicionalmente solicitó a la Secretaría de Salud de Bogotá que revise si el consultorio médico del Congreso se ajusta a los protocolos y lineamientos del sistema de salud”.

La apoderada del congresista, Irma Solangel Torres Vega,  examinó que la documentación solicitada, así como la inspección ocular decretada en los consultorios médicos y odontológicos se practicaron  y todo el material probatorio allegado al expediente nunca fue cuestionado en su oportunidad procesal por la parte demandante, lo que demuestra que las ausencias estaban en su mayoría justificadas.

Debate probatorio

Al agotarse ayer los alegatos de conclusión, el proceso entró en la recta final. La magistrada ponente, Lucy Jeannette Bermúdez tendrá que decidir sobre las pruebas aportadas por las partes, pero además, complementadas con las pruebas de oficio que decretó para determinar la veracidad de las excusas médicas presentadas para justificar el ausentismo.

La primera inspección judicial fue practicada el 9 de agosto de 2018 por la propia magistrada quien fungía como presidenta del Consejo de Estado. La acompañó el delegado de la Procuraduría, Alonso Pío Fernández.

La funcionaria revisó todas las historias clínicas, los procedimientos realizados, los soportes de las incapacidades médicas y el cotejo de las voces durante las sesiones de la corporación,  para verificar si registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervinieron.

Adicionalmente recogió pruebas en los consultorios del odontólogo José Gregorio Mardo, especialista en estética y rehabilitación oral y del médico y cirujano general, Carlos Manuel Zapata Acevedo, ambas en Bogotá.

La otra cara

La demandante aseguró que “todos los documentos aportados por el demandado son enteramente irreglamentarios (sic) porque violan la Resolución 0665 de 2011 para la validación de excusas para justificar inasistencias en la Cámara de Representantes”.

Insistió en que el cotejo era necesario para “estatuir la correspondencia entre lo aducido por el Congresista y el acervo documentario original que reposa en las oficinas oficiales” y, por contera, develar una defensa “urdida en falacias” y disculpas inadmisibles.

Señaló que se allegaron otro tipo de justificaciones carentes de soporte, que se relacionan con supuestos compromisos propios de la “actividad parlamentaria” o el “ejercicio congresional”.

“Es notoriamente ‘absurdo’ que una persona con la juventud del demandado padezca tantos quebrantos de salud reiterados y próximos como los que figuran en las excusas arrimadas al plenario, “haciendo sospechosa la conducta de los galenos que las certifican”, expresó.

El debate está centrado en verificar que los soportes presentados por el congresista sean reales y que tuvieron lugar en las fechas señaladas, a través de testimonios bajo juramento de los involucrados y que precisen de los detalles de dichos trámites.

En otras palabras, “establecer en el corpus documentario, la antigüedad o inmediatez de las grafías que allí se consignan así como la fecha de expedición de los documentos originales, mediante pruebas de grafología y carbono”.

‘Salvavidas’ a curul de  ‘Pipe’ Lozada 2 8 abril, 2020
Diana Marina Vélez, procuradora Segunda Delegada en la audiencia final.

 

 

 

5 Comentarios

ROQUE 27 febrero, 2020 at 9:29 am

Un sinvergüenza de esos hay que sacarlo, como es posible que le incumpla a sus electores que creyeron en el…..hijo de tigre…..

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félix eduardo valles polanía 27 febrero, 2020 at 10:21 am

Lo de la inasistencia es lo de menos, este señor no le aporta nada al departamento y mucho menos al país; donde están sus proyectos y obras en beneficio del territorio y la comunidad. Este comportamiento no es solo de este zángano, es de la mayoría de congresistas; son contados con los dedos de la mano los que se salvan.

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jOSE ARTUNDUAGA 27 febrero, 2020 at 3:49 pm

Que verguenza quien representa a un pueblo como el Huila, eso no le cabe en la cabeza, pesimo ejemplo para la gente que dice representar, eso es lo que no debe ocurrir

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veloza34@gmail.com 28 febrero, 2020 at 8:41 am

No ha servido ni servirá ni mierda para el Huila, la sangre de la vieja política sigue presente en el, viviendo de los impuestos de la gente como todos los lagartos del congreso partida de desocupados.

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Lina Maria Roa 19 marzo, 2020 at 6:41 am

Su curul solo ha servido para poner a sus hermanos en otros cargos políticos y favorecer a familia y amigos, deberían sacarlo y quitarle la investidura porque no está por la labor, solo quiere ganar un sueldo a costillas del pueblo y sin hacer nada. Es un corrupto

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