RICARDO AREIZA/LN
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Como estaba planteado, la Alcaldía de Neiva declaró anoche la caducidad del contrato de remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
La medida quedó consignada en la Resolución 399 de 2018 después de 14 horas de sustentación, la cual fue impugnada por las partes.
Adicionalmente, declaró el siniestro de incumplimiento, y acorde con esa ocurrencia hará efectiva la cláusula penal cubierta por la garantía única de cumplimiento de la compañía aseguradora de fianzas Confianza.
“En consecuencia, y teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del incumplimiento, declarar la caducidad del contrato de obra No. 1758 de 2014, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este acto administrativo”, afirmó el funcionario al proferir el fallo de fondo.
Asimismo dio por terminado el vínculo contractual con el consorcio Estadio 2014, y ordenó la liquidación en el estado en que se encuentra. El contrato quedó ejecutado en un 92% con un costo pagado de 23.527 millones de pesos.
Igualmente dispuso el pago solidario de los perjuicios materiales ocasionados por los incumplimientos que originó la parálisis del proyecto.
La decisión fue notificada en audiencia pública por el jefe de contratación ad hoc, Germán Barón. La delegación la hizo el jefe jurídico Eduardo Richard Vargas, quien funge como alcalde ad hoc.
El funcionario estimó que el consorcio incumplió “de manera grave sus obligaciones legales y contractuales esenciales pactadas en el contrato de obra pública”.
En este caso argumentó que hubo incumplimientos administrativos, laborales, técnicos y financieros. También desconocieron las normas de seguridad industrial que originó varios accidentes laborales.
A la audiencia no concurrieron todos los actores. Solo asistió el ingeniero Jarlinson Hurtado, uno de los dueños del consorcio constructor y la bancada de la defensa.
La polémica
El personero Oscar Huber Zúñiga, quien asumió el cargo el miércoles pasado, se estrenó con esta diligencia. El funcionario estuvo presente durante la audiencia. Un delegado de la Fiscalía también asistió en calidad de observador.
El abogado Inocencio Meléndez, ex director del IDU, insistió en las recusaciones por conflicto de interés. Sin embargo, su propuesta no prosperó y fue denegada durante la audiencia. Incluso, recurrió a un borrador que tramitaba el ex viceministro del Interior, Olimpo Espinosa, para soportar su argumentación. El documento, que no salió a la vida jurídica, fue entregado como soporte, lo que ocasionó que compulsaran copias a las autoridades competentes por un “presunto fraude procesal”.
“Dada la gravedad de los hechos relacionados en la parte motiva, remitió copia del acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República.
Reacciones
La bancada de la defensa interpuso anoche mismo el recurso de reposición y pidieron un plazo razonable para su sustentación. Los contratistas por su parte, insistieron en que la decisión fue “un atropello”.
El ingeniero caqueteño Jarlinson Hurtado Salas, reiteró que proceso adolece de graves inconsistencias que no se subsanaron a pesar de las múltiples solicitudes que presentaron. No incluyó el informe de interventoría, que era ineludible en la actuación.
“La administración nunca atendió las peticiones para la terminación de la obra. No dio garantías para el ejercicio del derecho a la defensa, no permitió fórmulas alternativas para dirimir las controversias”, argumentó ayer.
En su opinión, en que el jefe de contratación ad hoc, estaba impedido para proferir dicha decisión. “Como lo hemos dicho, existe un
El contrato no está terminado ni se ha liquidado. Por mutuo acuerdo el contrato fue suspendido el 20 de agosto, un día después del desafortunado colapso.
En estas circunstancias no podía declararse la caducidad.
“La suspensión del contrato que por regla general debe hacerse de mutuo acuerdo, implica que no pueden hacerse exigibles las obligaciones de este, es decir que no se puede ejecutar el contrato ni declararse la caducidad de este mientras persistan las circunstancias que llevaron a cabo dicha suspensión”, argumentaron según un concepto del Consejo de Estado.
“Este es un ‘harakirazo’ de la administración porque está demostrando la inoperancia de la supervisión”, expresó uno de los abogados de la defensa.
En su criterio, los hallazgos detectados solo confirman las omisiones en este sentido. La existencia de un proceso sancionatoria contra el consorcio encargado de la supervisión no exoneraba a la entidad contratante a ejercer la vigilancia y la supervisión.
Lo que sigue
La administración municipal, independientemente de los efectos jurídicos que pueda suscitar dicha decisión, una vez en firme, tendrá que hacer efectivas las pólizas y asumirá el control de la obra.
Según el peritaje, la obra podrá continuarse, previo a la repotenciación estructural obligatoria, la reconstrucción y reforzamiento de la obra impactada por el colapso. En todo caso la administración, según las recomendaciones técnicas, tendrá que contratar dos nuevos estudios, uno de reforzamiento estructural y otro sobre las obras que deberán ejecutarse.
Incumplimientos
La decisión fue soportada con el estudio técnico realizado por la firma Ingeniería Sísmica y Estructuras. También la evaluación del Departamento Nacional de Planeación.
El actual jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias abrió el proceso administrativo sancionatorio e l 11 de octubre de 2016. El objetivo era evaluar las circunstancias que rodearon el desplome de la gradería y determinar las probables responsabilidades.
Las quejas y reclamos de la contraparte evitaron que se fallara en el tiempo previsto. Los abogados insistieron en la falta de garantías para ejercer su derecho a la defensa. Por este caso, la Procuraduría abrió un proceso disciplinario.
El proyecto de remodelación contemplaba el reforzamiento estructural de las tribunas oriental y occidental construidas antes de la expedición de la norma NSR-10. Sin embargo, el reforzamiento estructural no se realizó.
“Los recursos asignados originalmente para el reforzamiento de la estructura fueron redistribuidos en otras actividades que no garantizaban el comportamiento estructural adecuado de la gradería existente”, reseñó el documento.
Los encargados de la obra no siguieron los procedimientos y especificaciones contempladas por los diseñadores y aprobados por la Curaduría.
“Ni con las obras inicialmente contratadas, ni con la adición al contrato, se cumple con el objeto contractual”, concluyó la firma consultora.
Las obras que se ejecutaron corresponden a obras nuevas contempladas como la ampliación y remodelación de la cancha, los camerinos y la construcción de los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental.
La estructura antigua quedó en peores condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural a la que tenía antes de iniciado el proyecto.
Las obras ejecutadas y las excavaciones realizadas en la fase preliminar agravaron aún más ese panorama, planteando de entrada un nuevo estudio.
Sin embargo, el contratista aprobó la modificación y supresión de las cantidades de obras representativas como el traslado del presupuesto de la tribunal oriental a la occidental en cuantía de 1.608 millones de pesos, para ser utilizados en las obras del costado occidental que a su vez contemplaba un presupuesto para reforzamiento de la estructura antigua por 400 millones de pesos, reduciendo la inversión a la suma irrisoria de 2,05 millones de pesos.
El contratista, desconoció según el dictamen pericial. Los criterios generales establecidos en el proyecto que lo originó, y transgredió el mandato contenido en la licencia de construcción otorgada por la Curaduría Primera Urbana de Neiva para la intervención del Estadio Guillermo Plazas.