Cecilia González Villa
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Cuando Julián Gallo Cubillos o ‘Carlos Antonio Losada’ entró a la sede del Sindicato de Institutores de Maestros del Huila, el sábado anterior, pocos se dieron cuenta.
Llegó sin bulla y sin aspavientos, a no ser por los escoltas que ingresaron primero y mirando para todos lados. Es que hay que recordar que ‘Losada’ como es más conocido, hizo parte del secretariado de las Farc y ahora es senador por esa organización, hoy convertida en partido político.
Losada aceptó hablar con LA NACIÓN y afirmó que hay dudas sobre el destino que se le ha dado a la plata del posconflicto proveniente de países aportantes. De hecho, reveló que ya se elevó una solicitud al gobierno para que entregue cuentas.
Sostiene que no es cierto que haya rearme o ingreso masivo de ex combatientes para conformar los llamados reductos de las Farc. Agrega, que lo que ocurre es que grupos delincuenciales están extorsionando a nombre de su organización.
¿Qué radiografía puede hacer del proceso de paz, en este momento?
Estamos en un momento realmente complejo porque obviamente con la llegada del Centro Democrático al gobierno, que fue el sector político que encabezó la oposición a la firma de los acuerdos pues también ha puesto la implementación en el plano de una lucha muy difícil. En la legislatura pasada vimos cómo la bancada del Centro Democrático presentó una serie de proyectos que de alguna manera buscan golpear la implementación. Es en ese marco pero también en el momento en que el Eln con su acción en contra de la Escuela General Santander genera la rotura de los procesos. Y lo que se está dando en la frontera con Venezuela que es una equivocación dirigida a justificar la intervención militar, encabezada por el presidente Duque cosa que nos parece irresponsable porque si no hemos logrado cerrar nuestro conflicto, cómo vamos a prestarnos para que terminemos en otro.
¿Se han terminado de cumplir los acuerdos?
Estamos en una fase de implementación temprana. Está planteado que debe hacerse a 10 años y se habla de postergar a 15, incluso, pero creemos que hay mucho retraso en esta parte. Hay aspectos que son esenciales como la reforma rural integral, la reforma política. No se ha avanzado en las garantías para los dirigentes sociales, quienes hicimos dejación de las armas. Los compromisos firmados en el punto cuatro que involucra a 131.000 familias de los planes de sustitución voluntaria tampoco se están cumpliendo, para no hablarle de los exguerrilleros en la reincorporación en lo socioeconómico.
Pero en algunas zonas hay varios proyectos con gente de Farc…
Sí, hay algunas zonas donde se han generado algunos proyectos pero a partir del esfuerzo propio o de la cooperación internacional. Pero el Estado realmente no ha avanzado, han desembolsado en los últimos dos meses recursos para algunos proyectos pero seguimos teniendo el problema fundamental, y es que no se ha dado tierras para garantizar los espacios territoriales ni para el desarrollo de los proyectos productivos.
¿Se puede decir que esto ha hecho que algunos ex combatientes se hayan regresado a hacer parte de los llamados reductos?
Seguramente hay casos que se han dado, pero pienso que ese fenómeno se ha sobredimensionado. Más bien lo que ha sucedido es que la gente se ve obligada a irse a buscar trabajo por fuera de los espacios territoriales como una necesidad de sobrevivencia. Pero que haya una salida masiva, significativa de ex guerrilleros para ir a engrosar estos grupos, seguro se ha dado, pero no en la dimensión que se quiere dar.
Es decir, ¿usted no cree en un rearme de las Farc?
No, no. Lo que quedaron fue unos grupos que por distintas razones no quisieron seguir en el proceso, muchos que terminan haciendo de la guerra su forma de vida. Ya no conciben su vida dentro de la legalidad, no se ven haciendo un trabajo político. Esos fenómenos se dan, hay procesos de descomposición pero no hay un fenómeno masivo.
En Algeciras se está dando un fenómeno preocupante. Se habla de reductos de las Farc o gente que se está aprovechando de su nombre. ¿Tienen ustedes conocimiento de esto?
Es más bien ese último fenómeno. Si cuando estábamos en el conflicto había gente que secuestraba a nombre nuestro, ahora han aparecido muchos grupos que toman la sigla de Farc para aparentar reductos para presionar a la víctimas. Pero no se puede decir que sean estructuras nuestras.
Pero en algunas zonas del Huila hay quienes aseguran que sí hay reductos que están extorsionando …
Están extorsionando a nombre de Farc. Y saben que estamos mayoritariamente comprometidos con la implementación de los acuerdos y estamos en la actividad política abierta. Pero hay sectores políticos que necesitan de un enemigo porque su política es con base en el odio y el miedo. Luego, siguen utilizando ese fantasma para generar algún apoyo o respaldo.
¿Pero sigue siendo difícil llegarle a la población?
Del ambiente de la campaña del año pasado a lo que pasa hoy no es lo mismo. De alguna manera nuestra presencia en el Congreso y la actividad del partido en las regiones, juiciosos cumpliendo nuestros compromisos también va desactivando la resistencia que notamos en alguna zona.
¿Todavía persisten odios contra ustedes?
Hay un trabajo por hacer, en términos no solamente con nosotros sino lograr que la firma del acuerdo genere las condiciones para una verdadera reconciliación. Y eso pasa necesariamente por una etapa de verdad y de reconocimiento de responsabilidades para que por parte de las víctimas se sepa qué pasó. Pero es un trabajo que seguramente va a tomar algunos años.
¿Y en el Huila, cuándo van a pedir perdón o a hablar, por ejemplo con las víctimas de la masacre de los concejales de Rivera?
Estamos en contacto en este momento con ellos. Hemos hecho unas dos reuniones. Es un proceso que demanda tiempo porque no se puede llegar a un acto público sin haber hecho todo un trabajo de acercamiento, construcción de lo que debe ser el proceso de reconocimiento de responsabilidades, de verdad y perdón que esperamos de las víctimas.
¿Cómo suele irles en esos procesos con las víctimas?
Es un proceso realmente duro pero nos ha llamado la atención la generosidad de las víctimas. Hemos encontrado que no quieren venganza sino verdad.
¿Algún día vamos a saber toda la verdad de lo que pasó en el conflicto?
En términos generales va a ser muy difícil porque en un conflicto de más de 50 años no podrá haber una verdad completa. Pero aspiramos a que los distintos intervinientes, que el Estado, los paramilitares, los empresarios y por supuesto nosotros aportemos lo que sepamos. Solo sobre esa base llegaremos a coincidir todos en que nunca más se debe repetir el conflicto.
En el Huila ha habido casos de empresarios a los que se ha señalado como testaferros de las Farc, ¿qué tan cierto es eso?
Hemos encontrado en la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez una tendencia a tratar de obstaculizar este proceso. Ha sido muy significativo todo lo negativo que ha dicho y hecho en términos de los bienes de las Farc. Tenemos casos como Mercandrea que generaron una matriz de opinión que se trataba de testaferros y se demostró que no hubo pruebas suficientes. En los acuerdos se pactó que se entregarían unos bienes, se entregó una lista pero ha habido una incapacidad del Estado por asumir la responsabilidad de esos bienes.
¿Podría decirse que hubo cosas mal pactadas en los acuerdos, que no se previeron, muchas cosas que más adelante obstaculizarían el proceso como ahora?
Ha faltado voluntad política por una parte y por la otra, falta de preparación del Estado. No estaba preparado para la implementación de los acuerdos. El único interés que tenía era el desarme de los guerrilleros, para lo demás no estaba preparado.
¿Pero, y la plata de los países aportantes para el posconflicto?
Precisamente esta semana que acaba de pasar radicamos unos derechos de petición solicitando información de qué ha sucedido con los fondos de Colombia en Paz, de la cooperación internacional. Tenemos muchas dudas sobre la efectividad con la que se han utilizado esos recursos. A veces no es ni siquiera que se los roben sino que se van en burocracia y no llegan en los programas a los que deberían llegar.
¿Valió la pena todo esto?
Si claro. Una sola vida que nos ahorráramos con esto ya valdría la pena. Pero estoy seguro de que hoy en día son centenares de colombianos que están con vida gracias a los acuerdos que firmamos y los que nos ahorraremos en adelante.
¿Qué pasa con la JEP?
Esperamos que el presidente Duque firme la ley estatutaria y la sancione. No hacerlo, enviaría una señal negativa, no solo hacia Colombia sino hacia la comunidad internacional. Hemos acudido a las citaciones que nos han hecho cumpliendo con lo pactado para entregar nuestra versión de nuestra participación en el conflicto.
¿Qué piensan contar ustedes en la JEP?
Este modelo de justicia pactado no puede ser para resolver caso por caso como busca la Fiscalía. En Justicia y Paz supuestamente se desmovilizaron 36.000 paramilitares y apenas hay 1.500 procesos que se han armado jurídicamente y de esa cifra no terminaron sino como 31 condenados. Es decir, un proceso de impunidad. Nosotros acordamos una justicia que le dará prioridad solo a unos casos como el de los secuestros y allí presentaremos una versión colectiva desde el punto de vista de las Farc de por qué se dio esa situación. Y hay una comparecencia de cada uno de los que hacíamos parte del estado mayor central para que cada uno dé su versión de ese fenómeno.