Sectores políticos presionan la suspensión de la consulta para ponerle fin a la interinidad que cumplió dos años. “No sabemos que hay detrás de esas propuestas ni quienes son los titiriteros”, afirmó uno de los aspirantes.
RICARDO AREIZA
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La consulta estamentaria para elegir rector en propiedad en la Universidad Surcolombiana, volvió a sentir, un nuevo torpedo.
A pocos días de realizarse la jornada comicial para ponerle fin a la interinidad, el ‘rocketazo’ fue disparado ahora por sectores políticos interesados en imponer nuevo rector. Esta vez, amparados en la pandemia.
Aunque el ritmo del contagio decreció significativamente y la administración local levantó las principales restricciones, varios concejales levantaron la ‘bandera roja’ para presionar la suspensión de la consulta, programada para el próximo jueves 18 de marzo.
Rocketazo
El decano Leonel Sanoni Charry, con el sol en las espaldas, no se quedó quieto. Ad portas de dejar el cargo, intenta revivir ‘la jugadita’ para impedir la realización de la consulta, e imponer un nuevo rector encargado. Ahora, propuso de frente la suspensión del proceso, amparado en la pandemia.
La solicitud fue presentada ayer en oficio remitido a la delegada de la Ministra de Educación en el Consejo Superior, Carolina Guzmán y al rector encargado, Hernando Gil Tovar.
“Aún no es viable la realización de las mentadas elecciones en el municipio de Neiva, por cuanto existe un alto riesgo de contagio por la aglomeración que generaría esta actividad electoral, lo que evidentemente pondría en alto riesgo la salud, integridad y vida de los votantes y las personas que participen en este acto multitudinario”, explicó Charry Villalba.
En enero pasado, cuando reasumió su curul, se opuso a la prórroga. En cambio, buscaba elegir a un nuevo rector encargado, afecto a la señora Guzmán.
Aunque los ministerios de Salud y Educación no objetaron la consulta, en las últimas horas, sectores partidistas salieron a promover dicha iniciativa.
Sorpresivamente a ese eco se sumó el jefe jurídico de la Alcaldía de Neiva, Hernán Mauricio Paredes.
El funcionario calificó de ‘acertada’ una proposición que en ese sentido remitieron algunos concejales.
“Es pertinente y razonable prevenir de manera inmediata al Consejo Superior Universitario y Comité Electoral de la Usco, en sus calidades de autoridades electorales, para que se abstengan de viabilizar acciones, procedimientos o actividades que generen aglomeraciones o que genere la concurrencia grupal de personas”, estimó el funcionario en una clara insinuación para que se suspenda la consulta.
“El Municipio de Neiva en virtud de sus facultades, no autoriza actos que desatiendan estas medidas, para así prevenir y minimizar la aguda situación producto de la pandemia”, respondió en un concepto remitido al concejal Juan Carlos Parada Moreno.
El titiritero
“Sencillamente, si se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y si estos estan avalados por la Secretaría de Salud las elecciones deben realizarse porque la universidad necesita un rector en propiedad, el que sea pero en propiedad”, aseguró Luis Alberto Tamayo, uno de los integrantes de la terna.
“La Usco no aguanta más la interinidad y debe retomar su rumbo. No sabemos que hay detrás de esas propuestas ni quiénes son los titiriteros como diría Jaime Garzón”, explicó el académico.
Tamayo defendió la realización de la consulta en la tutela promovida para frenarla.
Por su parte, el ex rector de la Usco Pedro Reyes, aseguró que detrás de esa propuesta están dirigentes políticos que respaldan a la candidata Nidia Guzmán.
“Lo que buscan es impedir la realización de la consulta, extender la interinidad y permitir que otro rector encargado le facilite el retorno”, afirmó.
“La consulta debe realizarse. Creemos que la Usco debe ponerle fin a la interinidad. Tenemos que irnos acostumbrando a convivir con esta pandemia, ya hay evidencias que demuestran que lo importante es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Lo demás está revaluado”, explicó el médico salubrista y además, epidemiólogo.
“Si están promocionando la alternancia, el funcionamiento de centros comerciales, incluso restaurantes y bares, ¿por qué no una jornada en espacios amplios con todas las medidas?”, preguntó.
El secretario de Gobierno Faiver Hoyos, quien respaldó dicha propuesta, estimó que su posición es ajena a las pretensiones políticas.
“Mi posición es institucional, no es política. No conozco a la señora Nidia Guzmán, no he hablado con ella. Es una respuesta a una solicitud que nos hizo la Usco”, afirmó.
“Lo que buscamos es que se cumplan, obviamente, todos los protocolos y que no haya ninguna amenaza a la vida, que es nuestra responsabilidad”, afirmó Hoyos.
Protocolos
Según la Jefe de Salud Ocupacional de la Usco los protocolos de bioseguridad para la consulta fueron avalados por las secretarías de Salud de Garzón y La Plata.
Las secretarías de Neiva y Pitalito, se declararon que no tenían competencia y se abstuvieron de emitir pronunciamientos. En el caso de Pitalito, no se opuso a la realización de la consulta en la sede local, según las instrucciones del Ministerio de Salud.
La Secretaría de Salud de Neiva por el contrario, argumentó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, que revisó y verificó la lista de chequeo del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus covid-19 en la Universidad Surcolombiana. La verificación fue realizada el 15 de febrero pasado, sin reportar objeciones.
Minsalud
Con anterioridad, el Ministerio de Salud también anticipado su posición frente a la realización de la consulta estamentaria.
Al responder la acción de tutela instaurada por estudiantes, docentes y egresados, advirtió que la consulta, en el marco de sus competencias, le corresponde a Usco.
“La viabilidad de continuar con procesos electorales y demás mecanismos de participación ciudadana y, la expedición de un protocolo específico para ello, advierte que corresponde a la autoridad administrativa -Usco- en el marco de los derechos fundamentales que encuadra nuestra Constitución, definir si se implementa la actividad solicitada, o si, por el contrario, esta puede ser aplazada o reevaluada teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país a causa de la pandemia”.
“Las entidades o autoridades del distinto orden nacional, deben cumplir con sus funciones a menos que sea definido de manera tacita o expresa la suspensión de alguna de ellas, situación que no se ha dado para el caso que nos máxime cuando el Ministerio ocupa y de Salud y Protección Social en cumplimiento de sus obligaciones ha emitido protocolos de bioseguridad que permiten el cuidado de la salud de la población en general y al tiempo la reactivación de diferentes actividades”, insistió.
El Ministerio de Salud precisó que la vigilancia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública estará a cargo de la Secretaría Municipal o Distrital o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública de acuerdo a la organización administrativa de cada entidad territorial municipal o distrital.
“En el presente caso, no se evidencia acción u omisión concreta, atribuible a este ministerio, de la cual se pueda deducir afectación alguna al debido proceso, a la participación democrática, a la revocatoria del mandate de los elegidos, invocados por los accionantes y que sean provocados por este, por lo que en consecuencia el amparo debe ser denegado”.
En idéntico sentido se pronunció el Ministerio de Educación Nacional, que además hace parte del Consejo Superior a través de su delegada, Carolina Guzmán Ruíz, quien preside el organismo directivo.
“El Ministerio de Educación con base en la autonomía universitaria, reconoce a las instituciones de educación superior el derecho designar sus autoridades académicas y administrativas no ha establecido protocolos para llevar a efecto elecciones en general, sin embargo, resalta que mediante la Directiva Ministerial No. 13 ha brindo orientaciones para el manejo de la emergencia”, aseveró.
La Universidad Surcolombiana defendió la consulta y se opuso a un eventual aplazamiento, que implicará mantener de la interinidad, iniciada el 14 de febrero de 2019, cuando la titular Nidia Guzmán, nuevamente candidata, fue suspendida por el Consejo de Estado.
“No es pertinente pretender la suspensión del proceso electoral de manera incierta e indefinida hasta que se logren condiciones de normalidad y presencialidad previas a la pandemia. Esta situación afectaría seriamente la estabilidad administrativa y gobierno de la institución”, precisó el rector de la institución, Hernando Gil Tovar en el trámite de la tutela.
Espaldarazo judicial
Con este marco legal, el juez Segundo Civil del Circuito de Neiva, Carlos Ortiz Vargas, apelando a la autonomía universitaria, declaró improcedente la tutela y dejó en firme la realización de la consulta.
No obstante, insistió en la urgencia de mantener los protocolos de bioseguridad y garantizar una amplia participación en el certamen democrático.
“A fin de garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos en los distintos ámbitos territoriales en los que se ha convocado a elecciones de cualquier índole, resulta fundamental que los procesos electorales que se desarrollen, cumplan con todas las garantías técnicas y de bioseguridad para lograr tanto una amplia participación ciudadana, como resultados confiables que brinden legitimidad a los funcionarios electos, y la elección de rector de la Universidad Surcolombiana no es ajena a esta situación”, anotó el operador judicial.
“Para esto, resulta indispensable la adopción de todas las medidas necesarias y posibles que permitan que los actores políticos puedan realizar proselitismo y que los electores cuenten con información suficiente para la emisión de su voto; así como que todos los participantes en los procesos electorales lo hagan en condiciones de seguridad y confianza”, enfatizó Ortiz Vargas.