Por una orden del Consejo de Estado, la administración de Neiva tendrá que acometer obras urgentes en suburbios en la Comuna Ocho para frenar la contaminación de las fuentes hídricas. Un fallo cuyo cumplimiento pasaron de agache los últimos cuatro alcaldes.
RICARDO AREIZA
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El Consejo de Estado ordenó que la Alcaldía de Neiva inicie las acciones que sean necesarias para frenar la contaminación de la quebrada ‘La Torcaza’, originada por los residuos domiciliarios proveniente de las invasiones que han proliferado en sus contornos.
Aunque las omisiones han sido reiterativas desde hace 18 años, esta vez le corresponderá a la administración municipal y a las Empresas Públicas ejecutar lo que sus antecesores no hicieron.
La orden fue proferida en el trámite de un nuevo incidente de desacato por una acción popular colocada en el 2003 por la contaminación de las fuentes hídricas de la Comuna Ocho de Neiva.
Aunque las últimas cuatro administraciones hicieron caso omiso, ahora, le toca a la actual enfrentar el ‘chicharrón ajeno’.
Reclamaciones
La acción popular fue instaurada por el ciudadano José Miller Campo Soto en contra de la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
El líder ambientalista reclamaba la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas.
Además, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.
Según el autor de la acción ciudadana, las invasiones o asentamientos Divino Niño, Buenos Aires, La Nacional, y los barrios Rafael Azuero y La Paz, contaminan la quebrada La Torcaza (La Tórtola) situada en la Comuna Ocho, en el suroriente de la capital huilense.
“Esos asentamientos precarios están acabando con la fuente hídrica, afectan las especies nativas y desmejoran las obras de recuperación y embellecimiento realizadas riberas abajo, por grave omisión de las entidades públicas”, insistió Campo Soto. La acción judicial prosperó pero por omisión de los últimos alcaldes, no se ha adoptado las medidas para contener las afectaciones.
El chicharrón
El fallo fue proferido el 20 de mayo de 2005. El Tribunal Administrativo ordenó a la Alcaldía de Neiva la legalización de los asentamientos El Divino Niño, Buenos Aires y La Nacional, en la Comuna Ocho, ajustándose a las normas legales y reglamentarias de desarrollo urbano, esto es, proporcionándoles una infraestructura vial y de servicios públicos, con prevalencia de la calidad de vida de sus habitantes.
En caso de que la legalización no cubra a la totalidad de las familias de los asentamientos, deberá el ente municipal reubicarlas en otro sector de la ciudad, garantizándoles así su derecho a una vivienda digna.
El plazo para ejecutar las obras fue fijado en seis meses.
Otras acciones
Asimismo el cuerpo colegiado ordenó a las Empresas Públicas de Neiva que adopte las medidas que técnica y ambientalmente sean procedentes para direccionar las aguas negras o servidas generadas por los asentamientos Buenos Aires y La Nacional, sin que estas afecten otros sectores.
Empresas Públicas de Neiva debía adelantar las actividades de limpieza y mantenimiento de los ductos existentes en la Comuna Ocho; la ubicación de contenedores para el depósito de basuras en lugares de fácil acceso para los vehículos recolectores.
Descontaminación
Pero la orden no solo involucró a la administración municipal. También le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) que inicie y ejecute programas de descontaminación de la quebrada La Torcaza. Para ello debía realizar trabajos de limpieza periódicamente según las necesidades ambientales, así como campañas educativas dirigidas a los habitantes de la Comuna Ocho, sobre manejo, recolección y disposición final de basuras.
De agache
Sin embargo, los últimos cuatro alcaldes pasaron de agache. Ninguno acató el fallo y por lo tanto, todos incumplieron comenzando por Cielo González Villa, en cuyo mandato se produjo el fallo, sin que alcanzara a iniciar las obras. Sus sucesores, Héctor Aníbal Ramírez; Pedro Hernán Suárez y Rodrigo Lara Sánchez tampoco cumplieron. Todos fueron objeto de incidentes de desacato. El caso llegó al Consejo de Estado.
La Sección Primera del alto tribunal el 3 de septiembre de 2009 confirmó las medidas adoptadas y ordenó la recuperación del área de ronda de la quebrada La Torcaza, invadida por asentamientos y amplió a un año para cumplir el fallo.
Además, exhortó a las comunidades asentadas en ese sector para que se abstengan de arrojar basuras al lecho de la fuente hídrica en peligro. Igualmente instó a las autoridades para que imponga las multas a quienes persistan en la contaminación. Ninguna de las órdenes judiciales se cumplió.
Desacato
El 7 de julio de 2015, durante la administración de Pedro Suárez, la líder comunal Yolanda Claros de Quintero, solicitó al Tribunal Administrativo del Huila denunció el desacato. “Diez años después, las decisiones judiciales proferidas no se han cumplido. Las condiciones de contaminación y proliferación de nuevos asentamientos se acrecentaron y la problemática se agravó”.
El Tribunal Administrativo del Huila resolvió el incidente de desacato al confirmar el incumplimiento de las medidas.
El auto fue notificado el 12 de diciembre de 2019 finalizando el periodo del alcalde Rodrigo Lara Sánchez, quien debía responder por las omisiones de sus antecesores. La corporación lo sancionó con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales.
En este caso, las Empresas Públicas y la CAM fueron eximidas del desacato.
La sanción fue enviada en grado de consulta al Consejo de Estado. El consejero Roberto Augusto Serrato Valdés confirmó que transcurridos 16 años, las medidas nunca se ejecutaron.
El magistrado dispuso que el trámite debía proseguirse contra las entidades encargadas de ejecutar las obras, so pena de las sanciones legales.
Las normas vigentes disponen que quienes incumplan una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de 50 salarios mínimos mensuales conmutables en arresto hasta de seis meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
Una vez impuesta la sanción, ésta será consultada ante el superior, quien deberá verificar si resulta proporcionada y adecuada para el proteger el debido proceso del incumplido.
Según el magistrado, no es suficiente para sancionar, el que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia o renuencia de quienes estaban encargados de su cumplimiento.
Al verificarse que Lara Sánchez, había dejado el cargo por terminación de su mandato, ordenó que debía procederse ahora contra la actual administración para que ejecute las decisiones que se ordenaron desde el 2005.
En este sentido le ordenó al Tribunal Administrativo del Huila que inicie el nuevo trámite del incidente de desacato.
La orden fue cumplida. La magistrada Beatriz Teresa Galvis obedeció la orden y abrió un nuevo incidente.
La actual administración municipal respondió el 3 de mayo pasado, relacionando alguna de las obras ejecutadas en ese sector y las alternativas de solución para descontaminar la quebrada La Torcaza.