Germán Palomo García
Colombia afronta la amenaza contra tres indicadores que miden su comportamiento económico: El Producto Interno Bruto, PIB; la tasa de inflación y la tasa de desempleo; todo por cuenta del cierre de la vía al llano, una región estratégica para el país por la producción petrolera, la producción agropecuaria y por ser un importante destino turístico. De acuerdo con datos de los analistas económicos (El Tiempo, Portafolio, La República) solo en arroz hay 600.000 toneladas del actual periodo de cosecha en riesgo; los fletes se han incrementado 40% y el transporte de carga se ha disminuido 65% como consecuencia del mayor kilometraje por utilizar las vías alternas que la menor de ellas exige de 6 a 8 horas mientras que la otra demanda de 12 a 16 horas. Ya en los mercados de la capital del país y otras plazas se nota el incremento de los principales artículos de la canasta básica que impacta directamente con los esfuerzos por mantener controlada la inflación. Los diferentes y numerosos negocios que dependen del tráfico de la vía están totalmente paralizados y poblaciones como Guayabetal, Guateque y el mismo Villavicencio en su renglón hotelero han tenido que despedir personal por la carencia de clientes. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Villavicencio por cancelación de reservas se han perdido 2.340 millones de pesos y los noticieros de televisión han mostrado fincas agroturísticas vacías, pero acumulando grandes pérdidas económicas.
El gobierno ha respondido creando soluciones temporales para los afectados como la suspensión del pago de los créditos y otros beneficios lo cual no representa una solución definitiva. Esta debe venir de diseños de infraestructura vial con tecnología actualizada. Colombia no es el único país con geografía inestable y muchos países han superado estas dificultades con tecnología apropiada. Se dirá que no existen los recursos para ello, pero pensemos cuántos dineros se han invertido en la vía al llano antes y después de la tragedia de Quebradablanca que costó la vida de más de 500 personas. Solo las pérdidas que preliminarmente se cuantifican en billones de pesos ameritan considerar un vuelco radical a los diseños de infraestructura que garanticen el normal tránsito por las vías del país y eviten los sobresaltos para una economía que requiere estabilidad en sus proyecciones y gestión efectiva de sus proyectos. Por ejemplo, debe incorporarse en los contratos de concesión la responsabilidad compartida en los eventos de la naturaleza y no solo el Estado correr con esos riesgos como ocurre ahora. ¡Un buen comienzo sería!