RICARDO AREIZA
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Una acción popular instaurada hace dos años podría impactar negativamente los esfuerzos que se han venido desarrollando para garantizar la reactivación de la concesión vial Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva.
La iniciativa ciudadana fue presentada en febrero de 2017 por un grupo encabezado por los ex alcaldes de Timaná Pedro Nel Jiménez y Cantalicio Cárdenas. Aunque no prosperaron las medidas cautelares, la iniciativa tomó un nuevo aire y hace tránsito en el Tribunal Administrativo del Huila.
Los promotores solicitaron la suspensión inmediata del proyecto de construcción del tramo correspondiente a la variante Timaná, contemplada el corredor vial de cuarta generación, incluyendo los estudios y diseños, estimando que el trazado pone en jaque la economía local.
La acción judicial contrasta con las gestiones que se han adelantado para la cesión del contrato por parte de Aliadas para el Progreso al Grupo Ethuss con las empresas Argos y la financiera Colpatria.
El 6 de mayo pasado el actual concesionario entregó el llamado ‘Plan Remedial’ esencial para la cesión del contrato. A más tardar, el 30 de agosto debe producirse la cesión.
Según el Ministerio de Transporte, está previsto que en septiembre quede listo y en octubre se reactive con un nuevo operador y con la intervención en Pericongo, un sector crítico, altamente sensible. En este sector se construirá un viaducto con una inversión estimada de cien mil millones de pesos, para normalizar la movilidad entre Altamira y Timaná. Pero puede estar en riesgo.
El riesgo
La concesión contempla entre otras obras la construcción de cuatro variantes en Gigante, Hobo, Campoalegre y Timaná. A pesar de la importancia de la obra, sólo en Timaná, generó inconformidad por el diseño por fuera del perímetro urbano.
El trazado de la variante en calzada sencilla inicialmente se ubicó en la margen occidental del casco urbano con una longitud total de 3,72 kilómetros. La alternativa 1 (sector occidental), avalada por algunos dirigentes, fue descartada por la Anla por los impactos ambientales que generaría.
El trazado transcurre por la zona de inundación del río Timaná con gran impacto como se evidenció durante la temporada invernal del 2010 y 2011 con afectaciones de vivienda. Además, estaría sobre la falla geológica del Tobo. La alternativa por el costado occidental afectaría tres cuerpos de aguas, que se puede obviar con el trazado oriental y que corresponde al actual.
La vía estaría conformada por una calzada sencilla con dos carriles que operan de manera bidireccional, en el inicio de éste tramo se plantea la construcción de un intercambiador vial y al final de ésta se plantea el desarrollo de una intersección tipo glorieta.
La discordia
El actual trazado de la variante, que pasaría por la margen oriental de Timaná, según los accionantes, “lo aislaría económicamente, generará desestabilización geológica en los terrenos aledaños a la vía, dadas las características de sus suelos y acarrearía la afectación a la infraestructura del acueducto municipal, con lo cual se produciría un daño irreversible y una grave afectación de los intereses colectivos del municipio”.
Los promotores invocaron la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano como soportes para frenar la iniciativa.
Lo aprobado
Para esta variante, la Anla recomendó la alternativa 2 (Oriental) según concepto técnico número 5355 del 28 de noviembre de 2013. La alternativa 2 había sido solicitada por el Invías de acuerdo con el expediente NDA0742. El concepto técnico fue acogido mediante Auto 4228 del 9 de diciembre de 2013
En estas condiciones, el grupo estructurador, diseñó la variante por el costado oriental, como la alternativa de mayor favorabilidad desde el punto de vista ambiental y contempló la posibilidad de hacer algunos ajustes para optimizarlo teniendo en cuenta que el diseño presenta cortes hasta de 30 metros de altura. “Los ajustes que se podrían hacer conservando el búfer establecido por Invías, no presentan una diferencia significativa en las cantidades de obra finales”, precisó
El estudio y diseño fue realizado por el Consorcio Consultoría Concesiones Viales de Colombia.
Las peticiones
Los líderes de la iniciativa solicitaron la suspensión de toda actividad que se esté realizando tendiente a elaboración de estudios y diseños, negociación de predios, elaboración de nuevas y reformas de fichas catastrales y toda actividad necesaria para la construcción de la Variante de Timaná previsto en la concesión de cuarta generación -Neiva.
Igualmente reclamaron la suspensión de toda actividad tendiente a la continuidad de la variante de Timaná por el costado Oriental, como está contemplado y en su defecto se ordene la formulación de nuevos estudios y diseños por el sector occidental.
Además, pidieron que se frene la tala masiva de los árboles en la zona a afectar, así como evitar el movimiento masivo de tierras que puedan producir desprendimientos en masa por la condición de las arcillas expansivas que son las que soportan los suelos aledaños en la localidad.
Igualmente le exigen al concesionario la proyección de una variante con viaductos elevados por la parte occidental sobre las márgenes izquierda y derecha del río Timaná. Esta propuesta en su criterio resultaría menos traumática para el medio ambiente y más económica por cuanto no tiene movimientos masivos de tierra. Además, es mucho más corto el trayecto que se requiere para la variante de Timaná, incluyendo un intercambiador vial sobre las postrimerías del municipio de Timaná
La acción popular, tomó un nuevo aire. La semana pasada declararon los representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura Bibian Hernández López y Ángela González Cuesta.
La otra cara
El Tribunal Administrativo del Huila en principio descartó las medidas cautelares de urgencia y avanzó en la práctica de pruebas.
Entre otras razones, consideró que los accionantes no presentaron elementos de prueba técnicos o científicos, que permitan establecer siquiera sumariamente, las alegadas desaceleración económica, desestabilización geológica de los terrenos aledaños a la vía y afectación a la infraestructura del acueducto municipal.
“Las pruebas aportadas con la demanda no son suficientes para concluir las afectaciones a los derechos colectivos”, aseguró el magistrado Gerardo Iván Muñoz.
“La construcción de obras públicas-dijo- siempre provoca un impacto ambiental, pero ello no siempre significa la violación de derechos e intereses colectivos, por lo que las solas afirmaciones del demandante no resultan suficientes para decretar la medida en los términos solicitados”.
En su criterio, la suspensión de las obras podría provocar un impacto mayor para el interés público, dada la magnitud del proyecto vial en cuestión, considerado como de utilidad pública y de interés social, que trasciende a los intereses locales, pues se constituyen en asuntos de interés nacional.
“Mal haría en ordenar a la autoridad administrativa ambiental, no realizar los correspondientes estudios tendientes a la valoración de los impactos ambientales de la obra, necesarios para el posterior otorgamiento de las licencias ambientales, como lo solicitan los accionantes, pues con ello estaría desconociendo el principio de prevención, yendo esto precisamente en contravía, con las pretensiones de la acción, que se encamina a la protección de los derechos colectivos de la comunidad”.
Aunque no prosperaron las medidas cautelares, la iniciativa ciudadana, sin duda, impactará el desarrollo del proyecto, en caso de salir avante.
