Completamente de acuerdo en que se les ponga límite a las altas pensiones y a las adquiridas en forma ilegal, engrosando los ingresos con viáticos y con pasajes aéreos; también que se revisen las pensiones con fraude a la ley de aquellos que, con leves estadías en la actividad legislativa o judicial, se aprovecharon para pensionarse. Sin embargo, quedan en el tintero algunas cuestiones que la H. Corte Constitucional debería aclarar en su fallo.
La primero, por qué solamente a congresistas y magistrados, ¿no debería extenderse su decisión a todo tipo de pensiones, en el ejecutivo y en las Fuerzas Armadas, así sea al más alto nivel? ¿Qué razón habría para que en esos funcionarios no se aplique la igualdad? Algunos contestan que el alto riesgo a que están sometidos. ¿Y es que acaso la labor de un juez, como condenar o extraditar delincuentes no es de alto riesgo? Creo que aquí vale decir "todos en la cama o todos en el suelo", no puede haber unos exfuncionarios de mejor categoría que otros.
Ahora, se dirá que en el Acto Legislativo 1 de 2005 expresamente se excluyeron las pensiones de los expresidentes y el régimen especial de las Fuerzas Militares. Ello es cierto, pero ¿acaso en ese mismo acto legislativo, que hace parte de la Constitución, no se dijo también que "por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada pensional de las pensiones reconocidas conforme a derecho" y en forma expresa "En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos"?. O ¿es que la Constitución puede aplicarse por estancos separados a voluntad del juez constitucional?
Pero la iniquidad en Colombia no es solo en pensiones. Si nos parece alta una pensión de $ 20.000.000, que lo es por supuesto, qué tal un sueldo de $ 26.000.000 que es el que ganan los magistrados que acaban de fallar argumentando la sostenibilidad del sistema. O es que acaso, con esos millones de exagerados sueldos no pueden también emplearse a cientos de colombianos y ayudar a la sostenibilidad de otras cosas, al fin y al cabo todo sale del presupuesto nacional.
Yo creo que se ha abierto un boquete que nos debe llevar a reflexionar. Lo primero, el desconocimiento de los derechos adquiridos, que según las declaraciones en la semana pasada de un H. magistrado sí se pueden desconocer, es decir, podemos acabar con los derechos sociales y después seguro con el de propiedad; no se explica qué voltereta se va a dar para desconocer el artículo 58 de la C.N. Todo invocando una igualdad selectiva, que no se aplica en el propio mundo. No señores, la seguridad jurídica y el sistema deben ser respetados, es lo que manda la Constitución y lo que deben hacer sus guardianes, lo demás es un discurso de periódico, muy parecido al que utilizan los vecinos del lado occidental para apropiarse de las empresas y desconocer el sistema jurídico. Equilibremos, pero sin excluir y empezando por la casa.
*Ex presidente Corte Suprema de Justicia