Resulta increíble que dos años después del escándalo por el fraude a las arcas del hospital ‘San Carlos’ del municipio de Aipe, los responsables no estén rindiendo cuentas ante la Justicia.
Y no fue un escándalo cualquiera. El subgerente financiero del centro asistencial, Edilberto Macías Villarraga, la auxiliar de facturación y el almacenista general, entre otros empleados, se apropiaron de 1.621 millones de pesos, a través de giros fraudulentos, dobles pagos y mayores valores cancelados sin justificación ni soportes, la mayoría cobrados personalmente y otros endosados a terceros, ajenos a la institución de salud.
El escándalo se destapó el 17 de enero de 2019. Ese día, el subgerente Macías fue citado con urgencia a un comité de gerencia para que explicara las anomalías. La reunión duró 48 minutos. El funcionario, sin ruborizarse, confesó el robo; aceptó su responsabilidad y anunció que devolvería parte del dinero. Aún no ha devuelto nada y sigue campante. Macías Villarraga fue declarado insubsistente el 21 de enero. Ese mismo día el gerente formuló la denuncia penal en la Fiscalía Seccional de Neiva, que cumple dos años, sin resultados. Al día siguiente se radicó otra denuncia ante la Contraloría Departamental. La junta directiva fue informada del escandaloso episodio el 23 de enero.
En resumidas cuentas, dos años después, la defraudación está prácticamente esclarecida, mientras que organismos como la Fiscalía aún no entregan resultados.
Desde todo punto de vista, es un mal mensaje que los autores de semejante robo financiero sigan sonrientes y campantes en las calles de Aipe y Neiva. La corrupción debe ser castigada sin contemplaciones.
Los huilenses están llamados a exigirles a los organismos de control efectividad en las sanciones para los corruptos. En el caso de Aipe, ojalá las investigaciones de la Fiscalía permitieran establecer a dónde fueron a parar los 1.621 millones de pesos robados.
Los huilenses están llamados a exigirles a los organismos de control efectividad en las sanciones para los corruptos. En el caso de Aipe, ojalá la Fiscalía estableciera a dónde fueron a parar los 1.621 millones de pesos robados”