Uno de los principios fundamentales que consagra la Constitución Política de Colombia es la resocialización de aquellos ciudadanos que, por su conducta típica, antijurídica y de culpabilidad cometen delitos que son sancionables con penas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios, con el fin de que no representen un peligro para la sociedad y para que en efecto puedan reincorporarse a una comunidad que pide a gritos que los hechos de barbarie no se vuelvan a repetir.
Pero eso no pasa, y no pasa porque los planes y políticas publico criminales que el Estado colombiano bajo los gobiernos de turno debería realizar para tratar a los internos, que en su gran mayoría registran episodios psiquiátricos, no son suficientes ni efectivos para lograr una verdadera resocialización.
Los llamados delincuentes que ingresan a una cárcel en Colombia para pagar por sus faltas terminan creando estructuras crimínales dentro del mismo establecimiento penitenciario, de ahí que cuando cumplen sus penas salen más preparados para seguir causando terror dentro de la población, y es que del 100% de las personas que salen de una cárcel, más del 80% regresan a ella cometiendo delitos peores por los que fueron condenados en su primer proceso judicial.
Cerca de 200 mil internos tienen las cárceles del país, 4 mil de ellos en centros de máxima seguridad por su peligrosidad y muchos de estos a puntos de recobrar su libertad sin recibir un verdadero proceso de resocialización y acompañamiento por parte de las entidades del Estado destinadas para ello.
No es un secreto que para esos más de 200 mil presos, el Estado Colombiano dispone de un presupuesto diario de alrededor de 4 mil millones de pesos para su manutención. Y es que la Corte Constitucional le puso la lupa al tema, pues son varios los casos que implican la violación de derechos humanos a manos de un IPEC, institución supremamente cuestionada por su corrupción y los tratos inhumanos que se viven dentro del hacinamiento de las celdas y los graves problemas de maltrato físico dentro de las URI a manos de la también cuestionada Policía Nacional.
Es así que la Alta Corte envió un ultimátum a las gobernaciones y a los municipios para que junto al Gobierno Nacional tomen las medidas correspondientes para implementar proyectos que permitan adelantar la construcción de nuevos centros carcelarios dando paso a la reubicación de internos como medida para reducir el hacinamiento que se vive hoy por hoy en caréceles como la de Neiva – Huila, en la que ya se han empezado a escuchar voces de los internos para sublevarse y formar un motín que puede poner en riesgo la vida de miles de presos.
Que cuentos de “perdón social” revisemos más bien por quien votar correctamente y que a través de verdaderas políticas públicas se logre mitigar estos daños aberrantes en el país.