La Procuraduría abrió una nueva investigación, esta vez por presuntas irregularidades en la millonaria campaña contra el coronavirus en Neiva. Los jefes de Gestión del Riesgo y de Prensa de la Alcaldía, a comparecer ante el organismo de control.
Carolina Argüello Cruz
La millonaria campaña que desplegó la Alcaldía de Neiva durante la efervescencia del confinamiento para prevenir el coronavirus, a través de pasacalles, videos, volantes y hasta cuñas radiales, acaba de ‘enredar’ a dos funcionarios del gabinete municipal. Se trata de Armando Cabrera Rivera, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, y María del Pilar Rodríguez Rojas, jefe de Prensa de la Administración Municipal.
La queja realizada por el concejal Germán Casagua puso en alerta a la Procuraduría Provincial de Neiva, al advertir de presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, celebración y ejecución de la orden de Servicios 006 y/o contrato administrativo 00686 de 2020, cuyo objetivo consistía en realizar la ‘Campaña de Cultura Ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19 por un valor de $438.508.629, con un periodo de ejecución de 3 meses.
La denuncia formulada el pasado cuatro de mayo indicaba que hubo sobrecostos teniendo en cuenta que los valores del mercado están muy por debajo del valor contratado.
El contrato constaba de concepto creativo, preproducción, producción y entrega de videos promocionales, diseño e impresión de volantes, suministro e instalación de pasacalles, diseño de piezas gráficas publicitarias, producción gráfica en tapabocas, edición y locución de cuñas radiales, la contratación de un comunity manager, entre otros.
De igual manera, Casagua Bonilla expuso que el certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido el 30 de marzo, es decir, posterior a la suscripción y al oficio de designación del supervisor del contrato que
presentaban fecha del 27 de marzo, incurriendo “en una presunta conducta en contra del Decreto 111 de 1.996 que establece en el artículo 7110 que …Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos”.
Dentro de la descripción de la necesidad del contrato hay dos ítems que aparentemente no son coherentes, puesto que en el primero indica una necesidad de servicio de 10 videos promocionales de campaña #Fueracoronavirus y se cobran 12; mientras que en el segundo, habla de la producción audiovisual de 15 contenidos para el aprovechamiento del tiempo libre y de salud mental en las jornadas de aislamiento y se cobran 14.
Otra de las presuntas irregularidades está en la contratación de un comunicador social que haría las funciones de un community manager que administraría de manera integral y proveería los servicios de web master del sitio web de la Alcaldía de Neiva, cuyos ingresos mensuales fueron de $12.966.000. “El perfil del profesional a contratar está al nivel de maestría o hasta doctorado para tener estos honorarios tan altos. Hay que recordar, que los honorarios se fijan con base en la experiencia y en los estudios, y en el estudio de necesidad, no se observan los requisitos profesionales y de experiencia que se exigen a la persona que va a cumplir esta obligación, solo le fijan que debe tener especialización, totalmente desproporcionado con la realidad del mercado, cuando hubo una cotización de un profesional por $7.000.000”, denunció el concejal Casagua
Investigación
Frente a estas denuncias y luego de la indagación preliminar, la Procuraduría de Neiva señaló que Cabrera Rivera y Rodríguez Rojas presuntamente incurrieron en falta disciplinaria en la planeación y elaboración de los estudios previos de la orden de servicio No. 006 de 2020 que luego se transcribió en el Contrato interadministrativo No. 0682 de 2020.
“Faltas, al parecer, en posibles sobrecostos y cotizaciones que, al parecer, no se ajustaban a los precios del mercado y falta de fundamentos legales; además posible falta de supervisión del mismo”, indicó la Procuraduría.
Al tiempo que especificó que posiblemente hubo irregularidades consistentes en la falta de disponibilidad presupuestal para la suscripción del contrato, firmado con Enrique Díaz Escandón, representante legal del Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, para lo cual el órgano de control solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.
Los que dijeron los funcionarios
Pilar Rodríguez Rojas le dijo a LA NACIÓN que como es de conocimiento público, todos los contratos que se han venido ejecutando en todo el país, que tienen como objeto el manejo, control, pedagogía o acciones contra el covid-19 están bajo vigilancia de los organismos de control, como la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría.
“En ese sentido, nosotros no hemos sido la excepción. Todas las órdenes de servicio que generamos han estado bajo revisión de las IAS quienes han venido solicitando información precontractual, contractual y poscontractual de todos los procesos que hemos adelantado. Ese es el caso del contrato interadministrativo 0682 del 2020, en el que se nos han solicitado todos los documentos y oportunamente hemos dado respuesta a esas inquietudes, basados en el principio de transparencia que tenemos dentro de la Administración Municipal”, expresó la Jefe de Prensa.
La funcionaria detalló que aún no ha sido notificada del proceso de investigación disciplinaria. Sin embargo, agregó: “estamos en disposición de dar respuesta a los requerimientos que los órganos de control tengan, con la certeza que este contrato se ha ejecutado bajo lo establecido”.
LA NACIÓN también buscó al Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, pero no respondió a las llamadas y mensajes a WhatsApp.