Las autoridades electorales lanzaron las primeras alertas frente a hechos que pueden interferir la campaña electoral.
Los incrementos atípicos en la inscripción de cédulas en algunos municipios prendieron las alarmas.
Inexplicablemente, en pequeñas poblaciones, especialmente en el sur del Huila, se comenzó a notar el desplazamiento de votantes. Los volúmenes, curiosamente son superiores a los que se registran normalmente en los grandes centros electorales. Esa situación llamó la atención y comenzó a evaluarse para enfrentar cualquier riesgo de trashumancia electoral que se pueda presentar, como ha ocurrido en otras elecciones.
El segundo campanazo lo reportan algunos candidatos y dirigentes políticos por la financiación de las campañas. Aunque no están definidos ni se han otorgado los respectivos avales, muchos de los precandidatos vienen moviendo cuantiosas sumas de dinero, en esta etapa de precalentamiento electoral. Y lo más curioso, la ‘compra’ de dirigentes parece ser, la prioridad de muchos de los aspirantes.
Los dirigentes populares se han convertido en los blancos preferidos de quienes aspiran una curul en los concejos o asamblea, o quienes aspiran a las alcaldías.
Los topes legales de las campañas parece que en muchos municipios son irrisorios.
El otro tema que comenzó a ventilarse: la abierta e indebida participación de funcionarios públicos en las campañas.
Desde los despachos públicos se vienen direccionando determinadas campañas, se promueven candidatos, se contratan encuestas y con seguridad, también se viene orientando la contratación pública. No es un secreto, que funcionarios con jurisdicción y mando, estén en plena campaña.
Otros, delegados de entidades nacionales, vienen dedicados a recorrer veredas y municipios, en las misas comitivas de sus candidatos, en abierto proselitismo. Y no pasa nada.
Estas prácticas constituyen verdaderos riesgos y ponen en tela de juicio la transparencia de la jornada comicial.
Sin duda, estas prácticas afectan gravemente el sistema político, deterioran la calidad de la democracia, aumentan el nivel de conflictividad y división política.
Estas campañas así ejecutadas, sin ningún control, enrarecen el clima político, reducen el nivel del debate público y a la postre, le restan legitimidad al proceso electoral.
La danza de los millones no debe convertirse en una costumbre como ha ocurrido en épocas recientes. Las autoridades electorales y los organismos de control, deben extremar las medidas para prevenir estas anomalías. Y desde ya, adoptar medidas para impedir que se continúen realizando en distintas regiones. Pero ante todo, la ciudadanía, la única afectada, debe estar en máxima alerta y denunciar los casos. La Misión de Observación Electoral, debe comenzar a actuar ya.
“Estas prácticas constituyen verdaderos riesgos y ponen en tela de juicio la transparencia de la jornada comicial”.
EDITORIALITO
Ojalá que las múltiples denuncias formuladas por usuarios por los malos servicios de salud surtan efecto en la Superintendencia de Salud. También las cuantiosas deudas morosas que mantienen las EPS con la red hospitalaria, que la mantienen al borde de la crisis.