La Fiscalía General citó a interrogatorio a Óscar Iván Zuluaga a raíz del juicio contra Andrés Sepúlveda quien reconoció haber espiado con fines de saboteo el proceso de paz con las FARC. El ente acusador explicó que la citación busca “determinar si miembros de la campaña de Zuluaga tenían conocimiento de las actividades ilícitas del hacker Sepúlveda.”
A través de Jaime Granados, su abogado defensor, Zuluaga manifestó que “no se dan las garantías necesarias” dentro del proceso, y por tal “recurrirá a todos los mecanismos de protección jurídicos nacionales e internacionales”. El abogado calificó la citación a Zuluaga de “judicialización de la oposición democrática”, palabras que han recibido el respaldo de las cabezas visibles del uribismo. El país deberá esperar el desarrollo del proceso para conocer el fallo de la justicia.
Pero resultan paradójicas las declaraciones iniciales de Zuluaga y el respaldo uribista a una supuesta “judicialización” o “persecución” de la “oposición democrática”, pues durante los ocho años de Uribe en el poder la oposición no tuvo garantías. Por el contrario, se dieron múltiples redadas y desplazamientos de campesinos inocentes sindicados de apoyo a la guerrilla, y en las ciudades se estigmatizó como terrorista, servil del terrorismo o cómplice de terroristas a todo aquel que hiciera la más mínima crítica o acusación al gobierno o al presidente. Los acusadores eran convertidos por este último en acusados.
En el país cundió el miedo, y los medios proclives al mandatario difundían sus palabras engañosas para acrecentar el temor y suprimir así cualquier asomo de conciencia en los destinatarios del mensaje. Inventaron la sintaxis del ocultamiento y la semántica de la impostura. La televisión aumentaba el terror con imágenes crudas y hacía más intensas las emociones colectivas. Y ni qué decir de los falsos positivos cuando Santos era su ministro de Defensa que destruyeron la conciencia moral del país. Las investigaciones casi nunca daban resultados y se hizo visible el colapso ético de la justicia. En ese gobierno corrupto el dinero, el poder y la violencia fluyeron por toda la vida nacional.
Las otras tretas fueron dar paso a la impunidad y ofender a los jueces. Para lo primero acudió a la permisividad jurídica que garantizaba penas blandas a los paramilitares victimarios. Para lo segundo espió y difamó a los magistrados acusándolos de confabulación con organizaciones al margen de la ley. Y en 2012 José Obdulio Gaviria sin siquiera parpadear habló de un complot de la justicia contra el gobierno de Uribe, como si Yidis y Teodolindo, Noguera, Arana, AIS, la coneja Hurtado, falsas desmovilizaciones y un largo etcétera fueran hechos de ficción.
El país cayó en los tiempos oscuros del mal, del todo vale, de la banalidad del mal que descubrió Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Se consagró el delirio del discurso omnipotente de Uribe y aunque los hechos criminales del paramilitarismo se daban a la vista de todos, eran invisibilizados por el poder de su voz única y la desaparición de puntos de vista diversos, con el fin de crear y difundir justificaciones que aniquilaban el sentido de la realidad.
Alegar ahora que no hay garantías en el proceso a Zuluaga, su hijo David y Luis Alfonso Hoyos -“asesor espiritual” de la campaña del excandidato presidencial uribista- sino “persecución” o “judicialización” de la oposición, se llama CINISMO, palabra cuyo significado define así el Diccionario de la Real Academia Española: “Desvergüenza o descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables.”
El filósofo alemán Peter Sloterdijk explica en su libro Crítica de la razón cínica que el cinismo reemplazó a la ideología en la Modernidad capitalista. La ideología propia del uribismo busca justificar sus principios y valores que están al servicio de terratenientes y sectores atrasados o sórdidos de la sociedad, y sus cabezas visibles saben bien que esos principios son ideológicos (al servicio de una clase y su dominación), pero se acomodan a ellos y se hacen los ofendidos de manera cínica.