En el caso de la sobretasa del impuesto para la Equidad o Cree las tarifas quedarán así para los cuatro años: 5, 6, 8 y 9 por ciento mientras que los aportes por el impuesto a la riqueza será del orden de los 6 billones; el Cree, unos 2.5 billones; la eliminación de las deducciones por la compra con tarjeta debido o crédito unos 400 mil millones y el 4 x mil 3.4 billones.
El Gravamen a los Movimientos Financieros, más conocido como 4 por 1.000 (4 pesos por cada mil) seguirá con esa tarifa hasta 2018 y se desmontará gradualmente hasta 2021. En los próximos cuatro años se espera que los bancos le recauden a la Dian $15,1 billones por ese concepto. Este impuesto se irá desmontando gradualmente y desaparecerá en 2022, considerando que en 2019 será 3 x mil; en 2020 2 x mil y en 2021 1 x mil.
Para los empleados que tengan en 2015 ingresos brutos superiores a 6,59 millones mensuales o un patrimonio por encima de 339,34 millones, no podrán liquidar el Impuesto de Renta por el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (Imás) y deberán acudir al régimen ordinario o el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (Imán).
Dos nuevos impuestos
El Impuesto al Patrimonio, creado en 2003 (Ley 863) se acaba, y la reforma creó el Impuesto a la Riqueza, que tiene vigencia de 4 años.
Al final se aprobó que se puede causar contablemente cada año y las cuentas de la Dian dicen que deberán pagarlo unas 52 mil personas y 32 mil empresas del país con patrimonios líquidos (patrimonio menos deudas) superiores a 1.000 millones de pesos y se aplican tarifas bajo un esquema marginal (por tramos) e incremental, a medida que aumenta la base gravable
En todo caso, para las personas naturales se puede excluir del patrimonio líquido la vivienda por hasta 12.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, 339,34 millones de pesos, en 2015.
Se creó el Impuesto Complementario de normalización Tributaria, cuya base gravable es el valor patrimonial o auto avalúo (no menor al primero) de los bienes que se omitieron en la declaración de renta. Tendrá vista vida hasta 2017, claro, si otra reforma no lo prorroga.
Empresas, ¡a previsionar!
Todas las empresas (sociedades jurídicas) del país, tendrán que pagar una tarifa del 9 por ciento, cuando la reforma pasada consideró que ese monto solo se aplicaría para los años gravables 2013 a 2015, y de ahí en adelante sería solo del 8 por ciento. Ese punto que se volvió permanente será para financiar para primera infancia (40 por ciento) y educación superior (el otro 60).
A ese esfuerzo adicional, las empresas que tengan utilidades mayores a 800 millones de pesos, el Gobierno calcula en unas 7 mil, tendrán que añadirle una sobretasa que se incrementa de 5 por ciento, en 2015, hasta un 9 por ciento, en 2018, pero que obliga a tener los recursos desde el mismo año fiscal que se grava, al disponer un anticipo de 100 por ciento a partir de la base gravable sobre la que se liquidó el impuesto anterior. Esos recursos entrarán a los ingresos corrientes de la Nación.
A partir del primero de enero se desmonta la devolución de los 2 puntos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, por la compra con tarjetas débito y crédito.
Con esta reforma el Gobierno Nacional aspira recaudar en la vigencia de la reforma tributaria cerca de 53 billones de pesos hasta el 2018. Así en el primer año el recaudo será de 12.5 billones, en el 2016 un total de 13 billones, en el 2017 será de 13.5 billones y en el 2018 ascenderá a 14 billones.