Yilber Leandro Saavedra
De manera errada el Concejo de Neiva aprobó una proposición presentada por la presidenta Victoria Castro para “legalizar” las sesiones semipresenciales, con lo que la corporación puso este acto administrativo por encima de la decisión que tomó la semana pasada la Corte Constitucional.
Se trata de una habilitación entregada a través del artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, expedido por el Presidente de la Republica, a través del cual dio vía libre para que los órganos colegiados; corporaciones, salas, juntas de todas las ramas del poder público y de todos los órdenes territoriales, pudieran realizar sesiones no presenciales, lo que incluye además del Congreso de la República, las altas cortes, las Asambleas departamentales y Concejos municipales.
Fue precisamente ese artículo el que fue declarado inconstitucional la semana anterior por parte de la Corte, con lo cual automáticamente dejó sin piso jurídico la Resolución 039 del 16 de abril de 2020 que emitió la mesa directiva del Concejo de Neiva, declarando las sesiones no presenciales. En dialogo con el Magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, advierte que nuestra democracia exige una separación de los poderes públicos y autonomía administrativa de los entes territoriales, de manera que exista autodeterminación e independencia para ejercer, cada uno, sus competencias constitucionales a través de sus propios reglamentos internos y no por cuenta de una decisión del Presidente de la República.
Para el caso del Congreso, las sesiones no presenciales no tienen ningún problema pues fueron soportadas en su propio reglamento y no en el Decreto presidencial. De igual manera, la misma Corte Constitucional ha estado realizando sesiones de forma no presencial durante la pandemia; aprobando más de cien sentencias, pero para poder hacerlo, tuvieron que modificar urgentemente su propio reglamento interno en dos rápidos debates (no con circulares o resoluciones).
También se aclaró que las decisiones tomadas antes de la Sentencia son legales pues estaban enmarcadas dentro del principio de presunción de constitucionalidad que se suponía en ese momento. Sin embargo, a partir del 9 de julio, cada decisión que se tome debe cumplir con el debido proceso sustentado en normas vigentes y debidamente reglamentadas por cada cuerpo colegiado.
Así las cosas, mientras la Corte Constitucional destaca que hay libertad para sesionar de la manera en que se decida hacerlo, siempre y cuando esté incluido en el reglamento interno, el Concejo de Neiva aprobó sesionar de manera “semipresencial” (término que ni si quiera existe en el reglamento) con lo que, los corporados, se enmarcan a partir de ahora en decisiones que tienen vicios de legalidad. Bienvenidas las sesiones semipresenciales; que parecen ser lo más conveniente en este momento, pero bajo el amparo de legalidad que requiere la decisión.