La Contraloría Departamental del Huila deberá reintegrar a empleada despedida en el 2001 y pagar la millonaria indemnización.
Un fallo del Consejo de Estado ordenó a la Contraloría del Huila y el gobierno departamental, el reintegro inmediato de una trabajadora que fue separada de su cargo en el año 2001 sin justa causa y tendrán que cancelarle cerca de 850 millones de pesos como indemnización por los sueldos que no recibió la trabajadora durante todos estos años.
La demandante, se desempeñaba como mecanógrafa de la Contraloría del Huila desde junio de 1990, a través de la Resolución 153 del 21 de diciembre de 1993, expedida por la Comisión Seccional del Servicio Civil y suscrita por el Gobernador del Departamento del Huila; fue inscrita en el escalafón de la carrera administrativa como Auxiliar de Microfilmación en la Contraloría Departamental del Huila, señalándole que a partir de esa fecha, entraba a gozar de todos los derechos que le otorga la carrera administrativa.
La funcionaria laboró con la Contraloría Departamental del Huila, entre el 8 de junio de 1990 hasta el 4 de marzo de 2001, destacándose por su buen desempeño laboral, las capacidades y conocimientos, pues logró posiciones, como Mecanógrafa, Auxiliar de Microfilmación, Digitador, Almacenista, Secretaria y Auxiliar de Presupuesto.
Sin embargo la Contralora Luz Marina Motta en el año 2001, en una reestructuración que se adelantaba dentro de la entidad, incorporó a unos funcionarios a la planta de personal sin incluir a la demandante y se le comunicó además la supresión de su cargo y su no incorporación, motivo por el cual quedó retirada del servicio.
Según el Consejo de Estado, la contraloría falló al no hacer ningún estudio o análisis técnico que recomendará el retiro de la demandante, contrario a la lógica, según las autoridades, suprimir el empleo de un funcionario, para luego nombrar a otras dos personas para que realicen las mismas funciones, cuando está demostrado y reconoce la entidad, la idoneidad y capacidad de la demandante, no tenía sentido.
Según el fallo, quedo demostrado que pese a una orden de reestructuración ordenada por la Contraloría General de la Republica, la jefe de la entidad en el departamento no debió nombrar a otra persona para ocupará el mismo cargo, más cuando se trataba de una trabajadora de carrera administrativa.
La contraloría deberá reintegrara a la funcionaria al mismo cargo o en su defecto a uno más alto y pagarle junto con la gobernación del Huila todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el año 2001 hasta la fecha.