El Consejo de Estado determinó que la “Nación no fue responsable del daño originado por el secuestro de la excongresista Consuelo González de Perdomo, realizado por las FARC”. La huilense pedía que la Nación le pagara a ella y a seis familiares más, $1.989 millones, pero este monto inicialmente era mucho más alto.
CATERIN MANCHOLA
El 6 de abril de 2010 Consuelo González de Perdomo y 6 integrantes de su familia demandaron a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional con el fin de solicitar la indemnización de perjuicios de la excongresista que estuvo secuestrada por las Farc-EP entre el 10 de septiembre de 2001 y el 10 de enero de 2008.
Ayer, casi 14 años después de haber demandado, el Consejo de Estado no la favoreció y dijo que la huilense conocía los riesgos, pero aun así, omitió las recomendaciones que le hicieron las autoridades y no informó del desplazamiento para que la Policía pudiera trazar medidas tendientes a su seguridad, además, no cumplió con su deber de autoprotección. En suma, no hubo omisión por parte de la Policía.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la “Nación no fue responsable del daño originado por el secuestro de la excongresista Consuelo González de Perdomo, realizado por las FARC”, pues, “no puede considerarse que existe una omisión de protección cuando la persona (que) lo alega conoce el riesgo propio de su cargo y la forma en que debe obrar para mitigarlo, no obstante, lo cual, no cumple con las medidas para hacerlo”.
El Consejo detalló que la Policía realizó el estudio de seguridad de la entonces representante liberal y que el mismo dio por conclusión que ella tenía los riesgos propios de su cargo, los cuales debían “mitigarse con la adopción de determinadas medidas; y dentro de ellas se incluía dar información sobre sus desplazamientos para que las autoridades pudieran determinar las medidas de seguridad a adoptar. Las anteriores medidas se encontraban vigentes en la fecha del secuestro, y no se acreditó que la señora Consuelo González de Perdomo las hubiese seguido”.
Y aseveró: “en estos casos no puede considerarse que el hecho de que se trate de una persona expuesta a riesgos propios del cargo que desempeña, le permita desatender las medidas que se le ordenan, o que pueda considerar que mientras resuelven su petición el riesgo está en cabeza del Estado, como si fuera un garante universal de los daños que pueden generarse, incluso, por la conducta imprudente de las víctimas”, subraya el fallo.
Onerosas pretensiones
La exparlamentaria al igual que sus familiares, pedían que los demandados fueran declarados extracontractualmente responsables por acción u omisión, respecto de la totalidad de los perjuicios morales, perjuicios fisiológicos, o a la vida de relación, y/o a los llamados perjuicios por las alteraciones a las condiciones de existencia, al igual que los perjuicios materiales sufridos con ocasión del secuestro de Consuelo.
Y que en consecuencia, se condenara a la Nación a pagarle a la laboyana 2.000 SMMLV, ($2.600 millones a precios del 2024) por daños morales, y otros 2.000 SMMLV, ($2.600 millones a precios del 2024) por daños o perjuicios fisiológicos o a la vida de relación y/o llamados perjuicios por las alteraciones a las condiciones de existencia; en total pedía: $5.200 millones a precios de hoy.
Adicionalmente, varios miles de millones más para los otros familiares que también demandaron: 13.500 SMMLV. Pero, en la sentencia dictada en primera instancia el 7 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila que accedió a las pretensiones de la demanda, se disminuyeron la cantidad de salarios, a Consuelo le deberían pagar 300 SMMLV, y a los otros seis familiares incluido su difunto esposo Jairo Perdomo Muñoz 1.230 SMMLV, es decir, que tras la decisión del Consejo de Estado proferida ayer, la Nación se salvó de tener que pagarle: $1.989 millones a la familia de González de Perdomo.
Detalles del secuestro
El 10 de septiembre del año 2001, Consuelo fue víctima de secuestro a manos de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, ocurrió en el puente sobre el río Neiva entre los municipios del Hobo y Campoalegre (Huila), cuando se dirigía de Pitalito hacia Neiva.
Durante esos días, el país pasaba por una ola de violencia y las Farc estaban amenazando y secuestrando a varios políticos. El representante a la Cámara del Congreso de la República por el Huila, Orlando Beltrán Cuéllar fue secuestrado algunas semanas antes.
En la demanda, la excongresista alegó que pidió varios veces protección, estas peticiones se presentaron en los años 1999, 2000 y 2001. En respuesta a una de estas, el 19 de septiembre del 2000 se le indicó que su nivel de seguridad era medio bajo y que no requería de protección. El 10 de julio de 2001 volvió a solicitar que se revisara su situación de seguridad y se asignara protección, solicitud que no fue resuelta a tiempo.
Curiosamente, ya estando secuestrada, el 12 de diciembre de 2001, la Policía respondió la solicitud de protección de Perdomo, indicando que estaban atentos para coordinar su seguridad con personal de la institución.
Jairo Perdomo Muñoz, el esposo, falleció el 4 de enero de 2003, cuando ella continuaba secuestrada. La huilense fue liberada el 10 de enero de 2008, junto con la excandidata vicepresidencial Clara Rojas, gracias a gestiones del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de la senadora colombiana Piedad Córdoba.
LA NACIÓN intentó comunicarse con la excongresista Consuelo, pero no obtuvo respuesta.