Sobre los estragos causados por la política monetarista-neoliberal, un conocido político expresó, “Todo funciona mal en nuestro país, a excepción de la corrupción”. Aunque ciertos hechos extra-política, complican nuestra situación como la pandemia o la crisis económica mundial, esto no explica la magnitud de nuestros problemas como plantean los uribistas que añoran estrategias fracasadas; nuestra problemática se ha incrementado desde la administración Gaviria, veamos algunas situaciones: 1) Crisis de la salud, que urge cambios sustanciales. 2) Gigantesca deuda externa que devora el 60% del presupuesto nacional. 3) Sistema carcelario tortuoso y genocida, producto del hacinamiento y desconocimiento de derechos elementales. 4) Alarmante nivel de inseguridad, en especial por el desborde delincuencial y sus modalidades. 5) Déficit en finanzas de los combustibles y pensiones dado el altísimo subsidio, que contradictoriamente beneficia grupos privilegiados. 6) Lo peor, dadas sus consecuencias por el efecto multiplicador, la extinción del empleo formal y aumento de la desocupación, informalidad y el tortuoso rebusque, con participación directa del Estado; es el caso de las OPS, Órdenes de Prestación de Servicios, el capítulo más maligno de la política laboral estatal, por el despojo de ingresos, engaño y discriminación al trabajador.
Todo comenzó hace tres décadas con la reducción de la nómina oficial, posteriormente esta se congeló; para suplir necesidades del crecimiento de los servicios de los diferentes entes estatales se introdujo un sistema de contraticos de personal, en su mayoría por tres o seis meses y con pago entre un salario mínimo y 1.5 salarios mínimos, sin prestaciones; de dicho valor el trabajador debe pagar 30% por seguridad social y otros derechos, muchas veces laborar dos meses gratis antes de renovar contrato, previo el beneplácito del politiquero, propietario de dichos cargos; en síntesis son asalariados de quinta según el reconocido columnista Juan P. Calvas, además en términos reales su salario no alcanza 50% de un trabajador de nómina oficial, violando el principio universal, “A trabajo igual, salario igual”.
Es tal el incremento de estos desprotegidos trabajadores que se equiparó a la nómina oficial (Alrededor del millón). El costo anual de incluirlos en nómina oscila entre 15 y 20 billones de pesos, si súmanos 40 billones del déficit pensional, el déficit del mercado de combustibles y el costo de nuevos programas oficiales como la compra de tierras, todo puede aproximarse a los 80 o 100 billones, y si además tenemos una sociedad indolente y egoísta que no permite una reforma fiscal progresiva para financiar dichos programas, asunto que se demostró con la reforma tributaria en curso, que estima recaudar solamente 20 veinte billones, estaríamos ad-portas de un déficit fiscal sin precedentes, que imposibilita la expansión del gasto; entonces las nobles intenciones de la Min-trabajo de incluir en nómina a los contratistas será un imposible y continuará la discriminación