El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y una comisión médica dialogaron el jueves en Quito con miras a superar diferencias por una nueva ley penal que sanciona la mala práctica profesional con hasta cinco años de prisión, ante lo cual los facultativos amenazan con renunciar en masa.
"Fue una reunión fructífera", expresó a la prensa Fernando Sempértegui, del Colectivo de Especialidades Médicas de Ecuador tras la cita con el mandatario, añadiendo que "llegamos a un acuerdo" con el Ejecutivo para pedir a la Corte Constitucional una cláusula interpretativa del párrafo que sanciona la mala práctica profesional.
El artículo que desató la amenaza de los médicos a renunciar de manera masiva y a protestar en las calles de Quito el pasado lunes, fija una pena de tres a cinco años de cárcel en casos de "muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas", y aplica a cualquier profesión u oficio.
Correa, que rechaza que el texto esté dirigido a los empleados de la salud, insiste en que la justicia sólo podrá procesar a un médico si se configuran las tres condiciones (innecesaria, peligrosa e ilegítima), pero los gremios creen que la ley es ambigua y expone a los cirujanos a juicios penales por homicidio culposo.
Sempértegui estimó que el "acuerdo" permitirá que "todos retornaremos a trabajar con tranquilidad" en el área de la salud, un gremio que prevé marchar el próximo martes en Quito en rechazo a la nueva ley.
En la cita estuvieron ausentes líderes de la Federación Médica Ecuatoriana, la cual encabeza la protesta de los profesionales de la salud y que deberá ser informada por la comisión sobre las conversaciones con el jefe de Estado.
Correa recibió a una veintena de médicos de diversos gremios, según el gobierno, para analizar el artículo que penaliza la mala práctica profesional y que involucra a cualquier profesión u oficio.
El jueves, antes del encuentro, el mandatario anunció que cuenta con unos 1.000 médicos extranjeros y un plan para evacuar enfermos a otros países en caso de que haya una crisis sanitaria.
Correa enfrenta desde hace varias semanas la amenaza de una dimisión en masa de médicos por la penalización de la mala práctica profesional con hasta cinco años de cárcel, que fue incluida en el nuevo código penal ratificado el martes por el Congreso de mayoría oficialista y que entrará en vigencia en seis meses.