La firma ICM Ingenieros SAS, el segundo socio mayoritario del consorcio San Sebastián 064, no podrá por ahora, ceder su participación accionaria. Todos los bienes y activos quedaron congelados y en el radar de los organismos nacionales e internacionales.
RICARDO AREIZA
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La esperada intervención de la empresa ICM Ingenieros, el segundo mayor aportante del consorcio San Sebastián 064, enredará aún más la pavimentación de la vía Isnos-Paletará-Popayán.
El proyecto presentado por el Gobierno Nacional como una de las ‘rutas de la reactivación’ quedará en modo espera por los efectos inmediatos que generó la medida de intervención ordenada por la Superintendencia de Sociedades a la firma ICM Ingenieros, de propiedad de Emilio Tapia Aldana, el principal gestor de la Unión Temporal Centros Poblados.
Según el organismo de control, la compañía ICM Ingenieros registra situaciones críticas de orden económico, jurídico, contable y administrativo que afectan el desarrollo del giro ordinario de sus negocios y su capacidad de pago, que impedirán
Además, reporta confirmadas deficiencias en sus procesos de información y graves problemas administrativos “que tienen, en conjunto, la capacidad de amenazar la existencia de la sociedad y los derechos de terceros”.
“El nivel crítico, según la Supersociedades, es un nivel que amerita el ingreso a cuidados intensivos, como quiera que pone en riesgo la existencia misma de la compañía, de los terceros vinculados a ella y del mercado en general, situación de la cual por sí sola es incapaz de superar”.
En estas condiciones, la Supersociedades sometió al máximo grado de supervisión a la empresa ICM Ingenieros, la segunda mayor accionista encargada de la reactivación del ‘Corredor del Paletará’.
La medida fue anunciada por el director de Supervisión Empresarial, Camilo Armando Franco Leguízamo y se extendió además a las empresas Intec de la Costa SAS y Omega Buildings Constructora SAS, involucradas en la escandalosa contratación para llevar internet a apartadas zonas campesinas.
La inversión
La pavimentación de la ruta Isnos- Paletará -Popayán, según el Ministerio del Transporte, debería terminar el 31 de julio del año 2022 con una intervención de14 kilómetros y con una inversión de 93.790 millones de pesos.
El proyecto es el mismo que el Grupo Nule abandonó después de quedarse con los recursos que le giró el gobierno nacional en el 2008 y una contrapartida de 30 mil millones de pesos que aportó el gobernador de la época Luis Jorge Sánchez.
Sin embargo, la grave situación financiera, contable, administrativa y jurídica de la empresa de Emilio Tapia Aldaba, el segundo mayor aportante del consorcio, complicará a corto plazo una solución para asegurar el inicio de las obras, y la garantía de la financiación del proyecto. Incluso, la eventual cesión del contrato, como lo propuso el congresista Jaime Felipe Lozada.
El consorcio San Sebastián 064, encargado de la ejecución de la obra, está conformado por Alca Ingeniería SAS con 35%; ICM Ingenieros SAS, con una participación del 25%; Ingeniería Transporte y Maquinaría SAS con otro 20% y Horacio Vega Cárdenas con otro 20% para un total de 300.100 millones de pesos.
La intervención
A partir del sometimiento al máximo control, la Dirección de Supervisión Empresarial, prohibió a los administradores y empleados de la compañía la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la ‘Super’.
En desarrollo de estas facultades excepcionales que ejerce la Superintendencia de Sociedades, amparadas en el Código de Comercio, la Dirección de Supervisión Empresarial podrá ordenar la remoción de los administradores, revisor fiscal y demás empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Supersociedades o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos.
La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por 10 años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
Emilio Tapia, quien aparece como el dueño de la compañía fue capturado el 20 de septiembre de 2021, como el principal ‘cerebro’ de las tramposas operaciones para desviar los recursos otorgados a Centros Poblados. Su captura por este nuevo escándalo confirma la gravedad de las implicaciones que tendrá para la compañía cuyos bienes quedaron congelados, incluidos las acciones en el consorcio San Sebastián 064.
Efectos jurídicos
La declaratoria de caducidad del contrato suscrito entre el Mintic y la UT Centros Poblados, de la cual formaba parte la empresa ICM Ingenieros, le generó de entrada inhabilidades para participar en nuevas licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales.
Pero además con efectos sobrevinientes frente a los contratos en ejecución como el suscrito para la terminación del ‘Corredor del Paletará’ que quedará a la deriva.
“En consecuencia, al encontrarse que la sociedad está inhabilitada para contratar con el Estado y todos sus efectos, esta situación resulta en una afectación sustancial para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios, así como su capacidad para producir nuevos ingresos, que alerta, además, por una iliquidez que puede resultar previsible, y que genera una incertidumbre importante respecto de su continuidad en el futuro”, explicó el Director de Supervisión Empresarial.
La orden de los organismos de control es declarar la caducidad de todos los contratos en donde aparezcan vinculados los socios o miembros de la Unión Temporal, comprometida en el desfalco de Mintic.
Además, la empresa de Emilio Tapia Aldana fue vinculada a una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación y por lo tanto cobijada por las medidas preventivas adoptadas recientemente para intentar por lo menos recuperar el anticipo que se esfumó.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por expresa solicitud de la Procuraduría ordenó el 12 de septiembre pasado medidas cautelares de urgencia contra la Unión Temporal Centros Poblados, sus socios y miembros que la integran.
Entre ellas el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT y propiedades que tengan la Unión Temporal, los socios y los miembros que la integran.
El monto del embargo será por 70.243 millones de pesos que corresponden al valor del anticipo pagado a la Unión Temporal.
Igualmente el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar que tengan la UT Centros poblados, sus socios y miembros que la integran.
El abogado huilense Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados aseguró que con la caducidad del contrato hubo una violación del debido proceso. No obstante, la decisión se mantuvo.
Congelados
Adicionalmente solicitó a la Superintendencia Financiera que intervenga frente a los derechos fiduciarios y encargos fiduciarios e impida por parte de las sociedades fiduciarias del país, la disposición de los recursos hasta tanto haya finalizado el trámite de la acción judicial.
Y para rematar solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda que realice el rastreo de las cuentas que recibieron recursos del anticipo entregado a la unión temporal bien sea de los socios de las personas jurídicas que la integran, o de los familiares de los socios hasta el tercer grado consanguinidad y segundo de afinidad.
De igual manera ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía la búsqueda de personas naturales y jurídicas en el exterior vinculadas con los supuestos hechos irregulares y soliciten también la imposición de medidas cautelares.
Así las cosas, según la Superintendencia de Sociedades, además de las restricciones para generar nuevos ingresos, de conformidad con los efectos de la inhabilidad para contratar con el Estado, estas medidas cautelares comprometen los recursos que tengan o puedan tener la Unión Temporal, sus socios y miembros que la integran, razón por la cual la situación financiera de sociedad es crítica y por ahora, impediría cualquier tipo de cesión, o negociación.
A la deriva
Como ocurrió con el Grupo Nule, la empresa ICM Ingenieros, vigilada por la Superintendencia de Sociedades, registra serias inconsistencias financieras que pueden llegar a afectar de manera importante la razonabilidad de la información, del capital de trabajo, y otros índices financieros necesarios en el análisis al momento de una eventual negociación.
Además, ICM Ingenieros, socia del consorcio San Sebastián registra otras controversias contractuales que cursan ante un tribunal de arbitramento entre algunos de los socios salientes (vendedores) con los entrantes (compradores) de esa compañía.
Y se suma la captura de Emilio Tapia Aldana, el nuevo propietario de la compañía, condenado por el carrusel de la corrupción en Bogotá. La empresa fue creada por Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, también condenado en el 2016 por otros casos de corrupción.
La crisis se agravó con la renuncia de su representante legal y los dos suplentes. El principal Herles Rodrigo Ariza Becerra, presentó su dimisión el 24 de agosto de 2021.
“El hecho de que la Sociedad no atienda a cabalidad los requerimientos de esta Superintendencia, por las razones que expresa, es un reflejo de su situación crítica de orden administrativo, que afecta su existencia y los intereses de terceros”, afirmó el director de Supervisión Empresarial
Con este complejo panorama, la eventual reactivación del ‘Corredor vial del Paletará’ será otra ‘falsa alarma’. La posible cesión de la participación accionaria a otra empresa, como anunció el congresista Jaime Felipe Lozada, con seguridad, será otro imposible.