Alexander Molina Guzmán
No puede haber un derecho a algo, sino hay un deber de tener ese algo. Alguien se puede preguntar que quién salvará al Río Las Ceibas, pues la respuesta no debería admitir discusión: Todos los neivanos. Porque es el río que nos abastece del agua. Y así no nos abasteciera, de todas formas deberíamos protegerlo pues un río da vida…así de simple. Y con el Río de Las Ceibas se conjuga ese derecho con el deber. Como seres humanos tenemos derecho a tener agua para el consumo, es vital para poder vivir, y como el Río de Las Ceibas nos proporciona el agua se nos convierte entonces en un deber la protección de este río. No admite discusión.
Y todos hablamos de proteger el Río de Las Ceibas, pero falta más compromiso. La semana pasada hubo un debate en el Concejo de Neiva sobre la cuenca de este río, entre otras cosas sobre una plata destinada a la compra de predios a campesinos que viven en ese sector, y hubo una significativa ausencia de concejales. En esta semana se aprobó en esa corporación un acuerdo que tiene como objetivo impedir cualquier explotación, exploración y actividad minera en la cuenca y tuvo la ausencia de ocho concejales. Se nota la falta de compromiso de muchos concejales en esta materia. Y la administración municipal como que presentará un proyecto que busca determinar la zona de reserva de la cuenca como patrimonio cultural, natural y paisajístico; pone en evidencia, su granito de arena en la misma dirección. Pero falta que la ciudadanía exprese también su apoyo, mediante un mecanismo que podría ser una consulta popular tal y como se ha hecho en otras regiones.
Algunos dicen que la pelea ya la tiene como ganada el Gobierno Nacional, en el sentido que el subsuelo le pertenece a la Nación y por eso puede entregar una zona natural, como la cuenca del Río de Las Ceibas, para que la exploten las empresas privadas con los “requisitos exigidos” (entre otros las coimas). Pero esa interpretación es la que le interesa al Gobierno Nacional y a las ansiosas empresas particulares que babean por las grandes ganancias que deja la “locomotora minera”. Sin embargo, un interpretación completa sería la siguiente: Cuando exista un conflicto entre la explotación del subsuelo por parte de la Nación, porque supuestamente le pertenece, y el derecho que tiene una población de abastecerse del agua para su consumo y que está encima de ese subsuelo, se debería imponer el derecho que tiene esa población al consumo de esa agua.