Ahora que la reducción en los ingresos fiscales obliga a los recortes presupuestales, bien vale la pena volver la atención a la focalización del gasto público. Por supuesto que decidir entre invertir en carreteras para la competitividad y ampliar los subsidios condicionados para reducir la pobreza es enfrentarse al viejo dilema de la cobija corta, si nos tapamos los pies, nos destapamos la cabeza y viceversa. Colombia ha venido avanzando en los últimos años en la reducción de la pobreza monetaria según los cálculos del DANE, bajando hasta el 28,2% de la población. Esto ha sido producto de una serie de políticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente por medio de un conjunto de estrategias en temas tanto económicos como de educación, salud, vivienda, servicios básicos etc. Una de estas ha sido la implementación de un sistema de subsidios condicionados, que son una transferencia monetaria directa y periódica a un numero importante de familias consideradas pobres y con hijos menores de 18 años, con el objeto de complementar sus ingresos para que con ello puedan incrementar el gasto en alimentación y mejorar la salud y la educación de los menores de edad. Después de 13 años de este programa, denominado hoy en día “Más Familias en Acción”, que entrega incentivos económicos a 2 millones 540 mil hogares en todo el país, valdría la pena revisar si los impactos generados por dicha política son estables y duraderos o si como lo advirtió la CEPAL recientemente frente a la desaceleración económica en América Latina, corremos el riesgo de que estas familias retornen a su condición inicial de pobreza extrema.
Diferentes factores pueden contribuir a este retorno, entre otros, que no se logra consolidar su mejora económica porque al no existir mecanismos eficientes de salida de los programas, que deberían tener una duración determinada, muchas familias terminan por acomodar su estilo de vida a los subsidios bajo la ley del menor esfuerzo, frente a lo cual pasamos del incentivo a la alcahuetería. Precisamente en un informe presentado por el mismo Departamento para la Prosperidad Social el año anterior, se advertía que la salida de familias del programa ha estado ligada a condiciones naturales como por ejemplo el no tener niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o en dados casos, a la reclasificación de la población producto del cambio en el instrumento de focalización al tiempo que no era posible identificar, como debe ser, que esta salida sea producto de las mejoras en las condiciones de vida de la familia, lo que representaría eso si, una ampliación real y duradera de la clase media.
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