Germán Alfonso López Daza*
En el actual confinamiento en que vive muchos países del mundo a causa de la cuarentena obligatoria, uno de los más importantes medios con que cuenta la humanidad para sobrellevar su existencia es el internet.
Muchas de las labores y actividades de las empresas privadas, entidades gubernamentales, colegios y universidades se desarrollan con relativa “normalidad”, gracias a la disponibilidad de diversas plataformas virtuales que son utilizadas para reuniones o clases grupales.
Sin embargo, en medio de esta grave emergencia, miles de personas no cuentan con un computador, ni tienen la posibilidad de acceder a una red de internet con la cual puedan interactuar y no quedar aislados del resto de la comunidad. Muchos estudiantes –algunos de escasos recursos-, no gozan de esta importante herramienta debido a factores económicos o simplemente por falta de cobertura o eficiencia del sistema.
A pesar de que en Colombia el acceso a internet no es reconocido como un derecho, ni por la Constitución Política ni por la Corte Constitucional, en varios países de Europa, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, entre otros ya lo es.
El derecho de acceso al internet es uno de los derechos digitales que tiene toda persona, a través del cual puede ejercer y disfrutar de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso al conocimiento, a la educación y al esparcimiento. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo aprobó como un derecho básico en una resolución de 2016. Esta iniciativa si bien no obliga a los Estados miembros, es un gran paso para que los ciudadanos presionen a sus gobernantes para su reconocimiento como derecho fundamental y mejoren su prestación.
En este sentido, con la nueva realidad que estamos viviendo, el Gobierno nacional debe fortalecer su accionar para que la mitad de la población colombiana que no tiene este importante instrumento tecnológico lo tenga y los prestadores del servicio mejoren su cobertura y puedan implementar redes de quinta generación, ya existentes en otros países. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).