La decisión de la Comisión Negociadora entre el gobierno y las Farc en La Habana, de iniciar un proyecto piloto de desminado en algunas de las zonas más críticas, es una gran noticia para el país. De acuerdo con información de la ONU, en el año 2013 fueron afectadas en Colombia 10 personas cada día por efecto de las minas quiebrapatas.
El Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas informó que en los últimos 15 años, de 1990 a 2014, hubo 11.006 víctimas de minas, lo que representaría un promedio de dos víctimas por día. Aunque bastante inferior al dato de la ONU, es igualmente alarmante y terrible que todos los día dos colombianos mueran o queden mutilados por acción de estos artefactos, sembrados por miles en las mitad de los municipios del país y en 30 de los 32 departamentos, en las zonas de operaciones militares en una guerra que hoy no tiene razón de ser, que tantos sacrificios le cuesta a la nación y que algunos quieren prolongar indefinidamente, porque la guerra que causa tanto dolor, es un gran negocio para unos pocos: los comerciantes de armas, los partidarios del ejercicio violento del poder, los que se nutren ilegalmente del alto presupuesto militar, los con operativos militares desplazan a campesinos para apoderarse de sus fincas o comprarlas totalmente devaluadas.
Un plan de desminado total en el país sólo podrá realizarse el día que se firme un tratado de paz entre el gobierno y las diferentes organizaciones insurgente, pero este gesto de iniciar el desminado en regiones donde la guerra ha sido más intensa comprometiendo en la tarea al gobierno y a la guerrilla más grande, es una demostración que la negociación anda por buen camino, que las FARC están decididas a renunciar a las armas como forma de lucha para llegar al poder y que si todos los colombianos rodeamos de respaldo este proceso, en corto tiempo podrá estarse firmando el tratado de fin de la guerra entre el estado colombiano y esta organización insurgente.
Dado que la guerrilla desde hace cerca de dos meses decretó una tregua unilateral e indefinida, que tanto el gobierno como organismos verificadores (Cruz Roja, Unasur y Frente Amplio por la Paz), han reconocido que se ha cumplido en forma estricta y responsable, ahora el gobierno del presidente Santo ha tomado la decisión de suspender los bombardeos contra los campamentos guerrilleros en tregua. Es otro gesto de elemental reciprocidad con un adversario que está demostrando su voluntad de paz y su esfuerzo por sacar adelante la actual negociación. Es lamentable que el procurador Ordóñez y el Partido Centro Democrático del expresidente Uribe, continúen como vaca muerta atravesada en el camino, intentando torpedear todas las medidas conducentes a bajarle intensidad al conflicto y acercar el momento de la firma definitiva de los acuerdos de paz. Eso nos demuestra que es necesario también un desminado espiritual para alcanzar la concordia y fraternidad entre los colombianos.