Los responsables de la ilegal colocación de recursos públicos en una entidad que no era intermediaria financiera, purgarán penas entre 19 y 24 años de prisión y pagarán multas hasta por 7.000 millones de pesos. La juez le negó los beneficios y dispuso su reclusión en establecimiento carcelario.
RICARDO AREIZA
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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva condenó anoche a varios ex funcionarios públicos de la administración local por la colocación irregular de recursos públicos en la firma Toro Investment Group S.A. (Tigsa) que se hacía pasar como un corredor de bolsa.
La funcionaria les impuso penas efectivas de prisión entre 19 y 24 años, y multas entre 3.000 y 7.000 millones de pesos, al encontrarlos responsables de las conductas de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo y celebración indebida de contratos.
Raúl Toro Pérez, el cerebro de la operación, fue exonerado del delito de celebración de contratos sin requisitos legales, descartado por prescripción, por la demora en el trámite procesal que se extendió durante siete años. Este delito, en su caso, prescribió el 21 de diciembre de 2021.
Lo mismo ocurrió con los otros delitos imputados inicialmente y demostrados en el proceso como cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, y falsedad en documento público y privado. La demora en el juicio oral condujo al archivo por “vencimiento de términos”.
Adicionalmente, tres denuncias penales por estafa colocada contra Raúl Toro nunca se tramitaron. Curiosamente, la Fiscalía nunca investigó estas denuncias penales, colocadas entre otros por Fiducor.
La decisión fue anunciada anoche en audiencia verbal que se prolongó durante seis horas al concluir del juicio oral que comenzó el 28 de enero de 2015, hace siete años. Las medidas confirmaron el sentido del fallo condenatorio anticipado el pasado 8 de junio.
Dura sentencia
La lectura de la extensa decisión culminó a las 8:49 minutos de la noche, negando todos los beneficios como la prisión domiciliaria o vigilancia electrónica, reclamada por sus apoderados de confianza.
La juez Socorro Álvarez Meneses, anunció sentencia condenatoria, sin ningún beneficio, contra el captador ilegal Raúl Toro Pérez, representante de la firma Tigsa, quien se benefició directamente con el manejo de los recursos públicos, procedentes de excedentes de regalías y recursos propios. También contra el ex alcalde de Palermo, Helber Yesid Pinzón, actual diputado y contra los ex tesoreros de Neiva Orlando Yesid Perdomo Llanos y Alberto Calderón Gómez a quienes les negó los beneficios de prisión domiciliaria
El ex secretario de Hacienda, Andrés Cardozo Camacho, fue absuelto por duda probatoria.
La juez de conocimiento ratificó las órdenes de captura proferidas contra los cuatro procesados, con carácter inmediato, argumentando que se encuentran en calidad de evadidos y descartó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena.
No apelaron
Curiosamente el procurador judicial Jaime Marín Palma y el fiscal Pedro Rodríguez Mora no interpusieron ningún recurso.
En cambio, los delegados de la Contraloría General de la República y de la Alcaldía de Neiva, en calidad de abogado de víctimas, apoyaron la decisión.
Por su parte la bancada de la defensa, se apartó de la decisión y anunció la impugnación.
Alta condena
El ex alcalde de Palermo, Helber Yesid Pinzón, actual diputado conservador, recibió la más dura condena. Purgará 288,4 meses de prisión (24 años) por peculado por apropiación en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos. El ex mandatario, fue inhabilitado por el mismo periodo para ocupar cargos públicos entre ellos el de diputado.
La juez también le impuso una multa estimada en1.183 millones de pesos y le negó los beneficios de prisión domiciliaria o vigilancia electrónica, dado su arraigo. Lo sucederá Alexis Díaz Cuéllar, cuarto en la lista, al no operar la figura de la “silla vacía”.
Pinzón Saavedra invirtió ilegalmente 2.000 millones de pesos correspondientes a excedentes de regalías, con Raúl Toro Pérez, quien gestionó personalmente el supuesto contrato, sin estar legalmente autorizado para realizar ese tipo operaciones como corredor de bolsa.
La juez ratificó la orden de captura vigente y ordenó que se investigue la posible responsabilidad de su secretario de Hacienda, en la colocación de esos dineros.
La sentencia de primera instancia, le producirá una ausencia absoluta en el ejercicio de su curul en la Asamblea, que producirá su vacancia. Desde el 8 de junio, Pinzón Saavedra no regresó a la Asamblea, cuando se dispuso la orden de captura.
Captador ilegal
Raúl Toro Pérez, representante legal de Toro Investment Group S.A. (Tigsa), el ‘cerebro’ de la operación fraudulenta, fue condenado en calidad de coautor del millonario fraude a título de interviniente por no ser servidor público. Purgará una pena 230,5 meses de prisión efectiva en establecimiento carcelario.
Además, le impuso una multa equivalente a 7.000 millones de pesos. La juez le negó todos los beneficios, incluyendo prisión domiciliaria o “vigilancia electrónica” como lo solicitó su apoderado. Aunque lo inhabilitó por el mismo lapso para ocupar cargos públicos o ejercer funciones públicas, no lo condenó a pagar los perjuicios ocasionados a las dos entidades, víctimas de la maniobra fraudulenta.
Toro Pérez, representante legal de Tigsa, aparecía como el único responsable de un contrato de encargo fiduciario firmado con documentación falsa con las alcaldías de Neiva y Palermo. Toro llegó a manejar cerca de 14.000 millones de pesos en distintas transacciones. Sin embargo, lo exoneró de la condena por los perjuicios ocasionados a las dos administraciones. También ordenó la orden de captura inmediata.
Perdomo Llanos
El ex tesorero Yesid Perdomo Llanos fue condenado a la pena principal de 270,7 meses de prisión (22 años) y multa equivalente a 3.000 millones de pesos, equivalente al dinero que puso en riesgo. También le negó todos los beneficios, incluyendo prisión domiciliaria o suspensión de la ejecución de la pena.
El funcionario se desempeñó como Director de Tesorería desde el 11 de julio de 2006 hasta el 1 de enero de 2008, durante el gobierno de Cielo González. Fue encargado de las funciones de Secretario de Hacienda entre el 26 de julio y el 10 de agosto de 2007, como consecuencia de una comisión otorgada al titular. El Decreto 815 de 2007, fue alterado luego de su posesión para incriminarlo.
Reiteró que previa instrucción y autorización del secretario de Hacienda, Luis Aníbal López, suscribió el 11 de julio de 2007 un contrato de cesión de derechos económicos que resultó falso y realizó los giros de recursos a las cuentas de la firma Tigsa. La argumentación de nada le sirvió.
Caso ‘Badeo’
El ex tesorero Alberto Calderón Gómez, quien ocupó el cargo desde enero de 2008 hasta febrero de 2009, en el gobierno de Héctor Aníbal Ramírez fue sentenciado a 230,7 meses de prisión (19 años de prisión efectiva en establecimiento carcelario.
A pesar de las enfermedades de base que documentó su apoderado, la juez le negó la prisión domiciliaria, argumentando que sus dolencias no son de extrema gravedad y pueden controlarse con un adecuado tratamiento médico.
Calderón fue procesado por efectuar sin competencia, inversiones por 6.000 millones de pesos “en condiciones que no garantizaron la liquidez, seguridad y rentabilidad entre los meses de marzo y octubre de 2008, según el depósito efectuado en la cuenta 00762963 del Banco de Bogotá a la firma Tigsa.
Único absuelto
Andrés Camacho Cardozo, quien ocupó la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Héctor Aníbal Ramírez fue vinculado a la investigación por una omisión impropia (comisión por omisión) al no ejercer control y vigilancia sobre el tesorero, su subalterno.
Sin embargo, su abogado de confianza José Ricardo Falla Duque demostró que Calderón no estaba bajo su subordinación, sino que dependía directamente del alcalde, quien era su nominador. Por eso se salvó.
Camacho Cardozo fue procesado inicialmente por peculado culposo por el incumplimiento de un deber normativo de actuación al no ejercer control y seguimiento en los contratos de intermediación de corretaje y de cesión de derechos económicos que el tesorero realizó con la firma Tigsa. “Como Secretario de Hacienda tenía el deber mínimo de vigilancia y supervisión sobre los dos tesoreros y no lo hizo”, insistió la Fiscalía.
“Camacho no tenía la calidad de garante, el tesorero no dependía de su resorte, no lo delegó ni pudo participar en la comisión de esa conducta”, argumentó su apoderado.
Según la Juez, la Fiscalía no aportó elementos de prueba que permitieran establecer su responsabilidad, ni la competencia, no había delegación ni deber de tutela. Ante la duda, lo absolvió. “Esto no significa que sea inocente. No había certeza por eso fue absuelto por duda”, aclaró la juez.
Su apoderado anunció impugnación argumentando que la absolución no se dio por duda probatoria.
Alcaldes excluidos
Ocho años después de haber ocurrido la colocación de los dineros públicos el entonces juez Cuarto Penal del Circuito, Wilson Reinaldo Carrizosa archivó por vencimiento de términos, el proceso penal contra la ex alcaldesa Cielo González por peculado culposo.
El proceso penal expiró el 20 de marzo del 2015 por vencimiento de términos configurándose la prescripción y por lo tanto, la extinción de la acción penal.
El ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez nunca fue vinculado al proceso penal y absuelto en el proceso disciplinario.
Sin embargo, la Juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue su posible responsabilidad al no haber ejercido el control sobre su tesorero, Alberto Calderón. El ex secretario de Hacienda, Andrés Camacho, se zafó de la incriminación alegando que Calderón no era su subalterno ni sobre él ejercía tutela ni el deber de control y vigilancia.
Primer condenado
El ex secretario de Hacienda de Neiva Luis Aníbal López fue el primer condenado por celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a cinco años de prisión por renovar las inversiones de excedentes de regalías por otros 4.000 millones de pesos.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva le negó el beneficio de excarcelación y la prisión domiciliaria. Sin embargo, el 13 de enero de 2019 el despacho judicial le concedió la detención domiciliaria cumplido el 50% de la pena privativa.
López interpuso el recurso de casación. Hasta la fecha, el proceso se encuentra para fallo en la Corte Suprema de Justicia.
Ordenes de captura
La juez descartó de plano la posibilidad de levantar las órdenes de captura o diferirlas hasta que el fallo quede debidamente ejecutoriado.
La funcionaria rechazó también la aplicación mecanismos sustitutivos reclamados por sus defensores de confianza, en razón a las condiciones individuales, sociales y familiares de los procesados así como la ausencia de antecedentes y las circunstancias de reconocido arraigo.
El hecho de no haber concurrido a las audiencias ni haberse presentado en el momento en que dispuso sus capturas, lo interpretó como graves indicios para negarle los beneficios.
La defensa anunció que presentará los recursos de ley ante el Tribunal Superior de Neiva, encargado de resolver la segunda instancias.