Un contrato de interventoría, al parecer mal ejecutado por Aguas del Huila en Providencia y Santa Catalina, puso contra las cuerdas a la empresa: la totalidad de sus cuentas fueron embargadas por la Contraloría General de la República que cataloga el detrimento en la isla por encima de los 6.534 millones de pesos. Aunque la empresa finalmente se salvó porque es pública, tres gerentes, entre ellos un alto funcionario de la Contraloría General, podrían pagar parte del detrimento. Otros empleados también estarían enredados.
La noticia no pudo ser más preocupante para la empresa Aguas del Huila: el 12 de junio de 2013 la Contraloría Delegada Intersectorial 20 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió proceso de responsabilidad fiscal (auto 0000913) contra la empresa como presunta responsable fiscal de un contrato de obra que se hizo en Providencia y Santa Catalina en 2007, pero que finalmente no se terminó, la obra quedó abandonada, deteriorada y Aguas del Huila ofició como interventora. Es decir, la empresa recibió la obra, se la avaló al contratista y permitió que le pagaran más del 50 por ciento del contrato, pese a que hizo las obras incompletas, según el organismo de control.
La historia empezó en la administración de Migdonia Patiño, hoy diputada liberal, entonces gerente de Aguas del Huila. La empresa se ganó un contrato de interventoría para vigilar el contrato de obra 080 de 2007 en Providencia y Santa Catalina (isla ubicada a 30 minutos en avión de San Andrés), cuyo objeto era la construcción de alcantarillado sanitario, líneas de impulsión en los sectores de Agua Dulce, Pueblo, Pueblo Viejo y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Granja.
Sin embargo, cuando la Contraloría General de la República decidió inspeccionar la obra el 11 de diciembre de 2012 encontró el mal estado en que se encontraba el proyecto contratado, incumplimiento contractual por parte del constructor y una negligencia de la firma interventora (Aguas del Huila) porque a través de actas parciales de pago, autorizó y permitió que se le pagara al contratista ítems que no cumplían con las especificaciones técnicas.
Funcionarios de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina confirmaron que la obra -que debía vigilar Aguas del Huila- se encuentra a fecha de la inspección en el mismo estado en que estaba antes de iniciarse el contrato de obra 080 de 2007. Y ya se generan problemas ambientales porque el proyecto quedó parado.
Según el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República y que conoció en exclusiva LA NACIÓN, la interventoría técnica contratada tuvo pleno conocimiento de los problemas que presentaba la ejecución del contrato de obra 080 de 2007 y el alcance del proyecto desde el comienzo (lo corroboran los informes 1, 4, 8,9 que presentó Aguas del Huila). Sin embargo, extrañamente autorizó la continuación de las obras y avaló las actas de avance para el pago a la Unión Temporal OBS Providencia 2007, "lo que ocasionó un perjuicio al Municipio por la gestión ineficiente al no dar estricto cumplimiento al control de avance de las obras…".
Es decir, Aguas del Huila advirtió el reiterativo incumplimiento de las especificaciones técnicas del contratista, y su inobservancia ante las recomendaciones, pero sorpresivamente coadyuvaron a que la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina pagara al contratista 3.352 millones de pesos, de los 5.349 millones contratados (más del 50 por ciento del valor del contrato).
"Le causaron una lesión al patrimonio del Estado (el contrato se financió con recursos de regalías petroleras), producido por una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, que no permitió que se cumpliera con los cometidos y los fines esenciales del Estado", dice el organismo de control fiscal.
Decisiones
Por esto, aperturó proceso de responsabilidad fiscal contra Janeth Antonia Archbold, entonces alcaldesa de Providencia, porque omitió su deber de dirección, control y orientación de los procesos en la entidad. Y omitió el deber de cuidado, control y seguimiento a los recursos…También a Reynaldo Archbold Moreno -entonces secretario de Infraestructura del Municipio-; Charles Arturo Hawkins Taylor -supervisor del contrato-; la Unión Temporal OSB Providencia 2007 "porque la obra no se ejecutó dentro de los plazos ni condiciones pactadas e hicieron caso omiso a las indicaciones y recomendaciones efectuadas por la interventoría. No cumplieron con la finalidad para la que habían sido contratados…".
Lo mismo que Aguas del Huila porque manifestó en todos los informes, suscritos por Leonel Fernando Obregón Salazar, residente de la interventoría, los incumplimientos del contratista frente a las observaciones técnicas y los continuos incumplimientos parciales, sus bajos rendimientos e ignorancia de las solicitudes. Sin embargo, autorizó los pagos de actos parciales de recibo de obra al contratista, lo que permitió que éste obtuviera la suma de 3.352 millones de pesos sin cumplir con el objeto contratado.
En calidad de terceros se vinculó a Seguros del Estado S.A y la Previsora S.A. Compañía de Seguros. En total la cuantía del daño se tipificó en 4.356 millones de pesos sin indexar, es decir, que si se proyecta la cifra a 2013 alcanza los 6.534 millones de pesos.
Más allá
La Contraloría General de la República no llegó hasta ahí y el 29 de julio de 2013, a través del auto 000135 decretó medidas cautelares y ordenó el embargo y retención de los dineros depositados o que se llegaran a depositar en las cuentas bancarias de Aguas del Huila, "limitando la medida hasta por la suma de 6.534 millones de pesos".
Y le pidió el 30 de julio de 2013 a los bancos Banagrario, Bancolombia y Citibank -donde tiene cuentas Aguas del Huila- congelar los dineros de la empresa.
El 6 de agosto de 2013, John Jairo Trujillo Perdomo, gerente de Aguas del Huila, preocupado por lo ocurrido, optó por un salvavidas para evitar el ahogo de la empresa: demostrar que la entidad es pública y no privada, es decir, es inembargable.
Trujillo no tuvo otro remedio que presentar la ordenanza 038 del 15 de diciembre de 1988 donde la Asamblea faculta al entonces gobernador para crear la empresa. Lo mismo que la escritura pública No. 2437 del 18 de diciembre de 2008 donde se confirma que la entidad es oficial, el certificado del gerente y revisor fiscal que demuestran que el ciento por ciento de las acciones corresponden a la Gobernación, municipios y empresas públicas de Neiva, Pitalito y Garzón. Es decir, confirmaron que era pública.
Diógenes Plata Ramírez, abogado defensor de Aguas del Huila, dijo extraoficialmente a LA NACIÓN que su labor de defensa fue demostrar que los juicios fiscales no se hacen contra las entidades públicas, sino contra los funcionarios.
En ese orden de idas, Fardie Alexandra García Ramírez, contralora Delegada Intersectorial 20, grupo para el conocimiento y trámite de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, expidió el auto 001296 del 8 de agosto de 2013 que decreta la nulidad de la vinculación de Aguas del Huila y se ordena el levantamiento de unas medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Es decir, levantó el embargo contra la empresa.
Problema que apenas empieza
Sin embargo, el problema no termina ahí. La Contraloría dice “que en consecuencia se deberá a entrar a determinar la gestión fiscal desarrollada por los servidor (es) públicos que actuó (aron) en nombre de la empresa Aguas del Huila E.S.P, quien manejó o administró recursos públicos con ocasión de la suscripción del contrato interadministrativo de consultoría 068 de 2007”.
Es decir, el organismo de control recaerá en los funcionarios públicos que tuvieron que ver con el contrato de interventoría. LA NACIÓN conoció que Migdonia Patiño, hoy diputada, sería una de las posibles involucradas dentro del proceso porque firmó la interventoría. Sin embargo, ella dice que no. “Firmé el contrato en 2007, pero salí del cargo en junio de 2008. Se alcanzó a pagar solo un acta parcial. En adelante no tengo conocimiento qué pasó”. Patiño afirma que a un funcionario público se le puede investigar solo hasta cinco años después de los hechos y ella ya pasó el tiempo. Y los cinco años -aclara- empiezan a contarse desde el 2011, cuando se liquidó el contrato.
Otro gerente
Enrique Omar Peña, que continuó en la gerencia (lo curioso es que el abogado, ex candidato a la Cámara por el Huila, es asesor de la Contraloría General de la República, el mismo organismo que lo investigaría), también sería involucrado. No obstante, no fue posible ubicarlo.
Lo mismo que Amanda Silva Duarte, quien liquidó el contrato de interventoría entre Aguas del Huila y Providencia y Santa Catalina en 2011. “Nosotros bregamos mucho para liquidar el contrato, pero lo logramos. Y se hizo con conceptos de Planeación Nacional que hicieron recomendaciones y monitoreamos la liquidación del contrato. Mi tarea fue esa, liquidar ese contrato que llevaba años de iniciado”. Del proceso, Silva dice que no conoce el informe de responsabilidad fiscal de la Contraloría General.
De igual forma otra de las personas que sería incluida en el proceso será Jaime Muñoz, ingeniero y profesional especializado de Aguas del Huila, quien coordinó la interventoría. LA NACIÓN lo buscó y no quiso referirse al tema porque el organismo de control no lo ha requerido. Adelantó que tiene los argumentos suficientes para explicar lo que ocurrió.
Sin embargo, se conoció que la principal defensa será que la Unión Temporal OSB Providencia 2007 hizo las obras hasta donde la contrató el Municipio de Providencia. En adelante, un nuevo gobierno, no inyectó los dineros necesarios para la segunda fase y por eso el proyecto quedó abandonado sin estar terminado. Los organismos de control tendrán la última palabra.