Después de casi un año de estar paralizado, el expediente por las irregularidades en la contratación del programa de Alimentación Escolar, prende motores. La audiencia de acusación tendrá un nuevo ciclo, ahora con representación de las víctimas.
RICARDO AREIZA
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El proceso penal contra el ex alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón por las anomalías en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tendrá una segunda temporada.
Después de permanecer quieto durante once meses, el expediente regresó al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Neiva para continuar con la audiencia de acusación contra el ex mandatario, los contratistas, el equipo interventor, el ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos externos de la Alcaldía, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo.
El nuevo ciclo se surtirá a partir del próximo 18 de junio, a las ocho de la mañana, confirmó la juez Olga María Erazo.
Por estos mismos hechos, Gorky Muñoz y otros miembros de su equipo de gobierno fueron sancionados con destitución e inhabilidad en primera y segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación, sin que hasta el momento se hayan hecho efectivas.
Un nuevo aire
La diligencia judicial había quedado en suspenso, desde el 19 de mayo de 2023 cuando las partes impugnaron la participación de las víctimas en el proceso penal.
Desde esa fecha, el voluminoso expediente fue remitido al Tribunal Superior de Neiva para que resolviera, en segunda instancia, la constitución de la parte civil. El recurso permaneció estático en la Sala Penal desde el 31 de mayo del año pasado, hasta el 22 de marzo pasado cuando ‘resucitó’ anticipadamente en la víspera de la Semana Santa.
La magistrada Juana Alexandra Tobar Manzano revocó la negativa y garantizó la concurrencia de las víctimas en el proceso penal. En calidad de representantes de víctimas reconoció personería a Doris Manrique, abogada de la Alcaldía de Neiva, y a César Rafael Pino Martínez, apoderado de la Unidad de Alimentación Escolar, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
A partir de esta diligencia, los representantes de las víctimas podrán intervenir en el proceso penal en busca de verdad, justicia y reparación, evitando que haya impunidad. Además, podrán solicitar pruebas, impugnar decisiones desfavorables a sus intereses e instaurar los incidentes de reparación que consideren pertinentes.
Consecuente con la orden impartida por el Tribunal Superior de Neiva la juez Olga María Erazo, con función de conocimiento, reanudará la audiencia de acusación, resolverá las observaciones formuladas por la bancada dela defensa y trazará la ruta de la audiencia preparatoria.
A juicio
Con 33 testigos, 20 discos compactos con interceptaciones telefónicas y 568 elementos materiales de prueba, el fiscal del caso soportó la acusación, que tendrá que descubrir en la audiencia preparatoria.
El fiscal Séptimo Seccional de Neiva Juan Carlos Durán Cujar mantuvo intactos los fundamentos formulados contra los servidores públicos, así como los hechos irregulares relevantes de la indebida contratación, destinada supuestamente, a retribuir los aportes económicos que recibió del principal contratista durante la campaña política.
El funcionario judicial reiteró los cargos contra el ex concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, aportante de la campaña política y principal beneficiado con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El fiscal llamó a juicio a Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban como ejecutor e interventor del contrato de alimentación escolar pese al conflicto de interés que suscitó la investigación penal.
La acusación
El escrito de acusación fue radicado el 23 de agosto de 2020, en el Centro de Servicios Judiciales.
El fiscal los acusó formalmente por indebida celebración de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El delito de peculado por apropiación anunciado inicialmente durante la imputación fue descartado.
Según el fiscal, mucho antes de iniciarse el proceso de contratación del PAE durante la fase inicial de la pandemia el alcalde Gorky Muñoz ya habría contemplado retribuirle al ex concejal de Tumaco con estos contratos los aportes que recibió durante la campaña proselitista. De hecho, sus empresas, operaron en Nariño, otros contratos similares, por lo menos, uno de ellos, objetos de investigación penal.
Contratación polémica
El contrato fue celebrado finalmente con la Asociación de Estudiantes Arfrodescendientes de Nariño (Asoformando) ubicadas a 745 kilómetros de Neiva y a 16 horas de distancia, lo que resultaba inaudito. Pero además, sin consultar los precios del mercado, sin verificar los antecedentes y la trayectoria de las empresas foráneas.
Los dos contratos de suministro e interventoría fueron adjudicados directamente en medio de la crisis sanitaria, soportados en la figura de la “urgencia manifiesta” decretada para contener la propagación de la pandemia.
El contrato de suministro fue suscrito con Carmen Rosaída Castillo Arboleda. (Ordenes No. 010 de 2020) y ese mismo día la Orden de servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020 adjudicada a la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro principal de la junta directiva de Asoformando, la entidad encargada de suministrar las raciones escolares para preparar en casa, lo que generaba de hecho, una expresa inhabilidad. Banguera Jaramillo era el jefe de la campaña del concejal Vergara, beneficiario del contrato.
La misma figura se utilizó para la celebración de otros dos contratos para el suministro de 4.500 mercados adultos mayores, que no son objeto de la acusación y que hacen parte de otra investigación que instruye la Fiscalía.
Según la Fiscalía, en ese afán por agilizar la contratación, repitieron hasta los errores ortográficos en la elaboración de las minutas. Incluso-dijo- errores de localización geográfica a ubicar a Tumaco en jurisdicción del Huila.
Hechos relevantes
Según el fiscal, el alcalde Gorky se interesó indebidamente en la tramitación, celebración, ejecución y liquidación de los dos contratos de suministro de 105 mil raciones escolares e interventoría con las empresas del concejal de Tumaco.
En esa misma línea, su primer secretario de Educación, Geovanny Córdoba y sus dos asesores habrían facilitado y puesto a disposición del ejecutivo los dos contratos para favorecer los intereses del concejal de Tumaco.
“La contratación de la Alcaldía de Neiva – dijo- era el reflejo de la retribución a ese particular, quién habría contribuido económicamente a la campaña política del alcalde municipal”. Sin embargo, en el escrito de acusación no aparece el monto de esa contribución.
“Se pudo identificar que además de lo expuesto, se vulneró en una oportunidad el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por cuanto el interventor fungía en calidad de asociado del contratista ejecutor del PAE”, reiteró el fiscal Durán Cujar.
La carga probatoria
“La Fiscalía cuenta con las pruebas técnicas para establecer esa inferencia. La Fiscalía tiene en su poder suficientes elementos materiales probatorios y abundante evidencia física legalmente recaudada, entre ellas varias interceptaciones telefónicas que así lo sugieren”, aseguró el fiscal.
Parte de este material fue presentado durante las audiencias preliminares para justificar las medidas de aseguramiento. Los demás elementos, el análisis y la transliteración de los audios obtenidos con autorización legal, están relacionados en el escrito de acusación, y serán formalmente descubiertos en su totalidad durante la audiencia preparatoria que deberá iniciarse después de junio.
Las interceptaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Tercera Especializada de San Juan de Pasto (Nariño) y la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva, encargada de la investigación.
Las interceptaciones telefónicas fueron realizadas a través de la plataforma Zeus del sistema Esperanza de la Fiscalía.
“Existen varios audios de interés que permiten inferir razonablemente la entrega de dinero para contribuir con la campaña, que serán objetos de otra línea de investigación, y, de otros procesos”, anticipó el fiscal sin dar más detalles.
Soportes claves
Para soportar la acusación el fiscal anunció 33 testigos, la mayoría funcionarios de la Fiscalía, representantes de las entidades públicas relacionadas y técnicos de Policía Judicial que participaron en la investigación preliminar.
Además, relacionó 568 elementos materiales de prueba sobre la enredada contratación del suministro de raciones escolares con todos los soportes documentales de ese proceso contenidos en 60 de los 87 folios del escrito de acusación.
Entre esos documentos probatorios aparece la relación de otras investigaciones que adelanta la Fiscalía contra el alcalde de Neiva por otros motivos.
El Fiscal también registró 20 discos compactos con las conversaciones telefónicas, legalmente interceptadas relacionadas con la supuesta entrega de dineros durante la campaña política, en las que aparecen, entre otros el concejal Haiden Otoniel Vergara, sus colaboradores y el personal que sirvieron como interventores.
Parte de esas grabaciones fueron presentadas por la Fiscalía durante las audiencias concentradas para soportar la solicitud de medida de aseguramiento.
Direccionado
El fiscal del caso ratificó en el escrito de acusación que mucho antes de iniciarse el proceso de contratación del PAE durante la pandemia el alcalde Gorky Muñoz ya habría contemplado retribuirle al ex concejal de Tumaco con estos contratos los aportes que recibió durante la campaña. De hecho, sus empresas, operaron en Nariño, otros contratos similares, por lo menos, uno de ellos, objetos de investigación penal.
Según la Fiscalía, el ex concejal de Tumaco (2016-2019), Haiden Otoniel Vergara Quiñones aparece como el principal beneficiario. El dirigente político de Cambio Radical figuraba como el revisor fiscal de Corsocial y Colombia Florece, y socio fundador de Asoformando, operador e interventor.
“Los contratos fueron direccionado para pagar favores políticos”, insistió el fiscal.
Vergara Quiñones es investigado en otro proceso por irregularidades en la contratación del PAE en el distrito de Tumaco en agosto de 2015.
Inhabilitados
La violación del régimen legal se configuró, según el fiscal, al suscribir el contrato de interventoría con la Fundación Colombia Florece, cuyo representante legal era Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro de la junta directiva del operador, pero además el jefe de debate del concejal Vergara.
Las empresas contratistas, radicadas en el Charco (Nariño) funcionaban en la misma dirección (Calle 76 -1-39 de Neiva) sede de la Asociación Afrocolombiana de Víctimas del Conflicto (Asofrovic), vinculada a la campaña de Gorky Muñoz y la Corporación Colombia en Paz y Social (Corsocial), representada por Evis Herlinda Estacio Quiñones, fundadora de Asoformando y beneficiada con otros contratos, objeto de otras investigaciones.