El Proyecto El Quimbo, se convirtió en infraestructura física real. Ahí está. Es un hecho. Es posible lograr, resarcimiento del daño causado, si autoridades, políticos, clase dirigente y ciudadanía, del Huila, deciden por fin, actuar con responsabilidad en defensa de los derechos legítimos de la región.
El Gobernador del Huila, como jefe de gobierno de la región, debe convocar a la comunidad en general, para masivamente exigir al gobierno central (y ministerios), que obliguen a Emgesa a cumplir con los compromisos adquiridos, previstos en leyes y reglamentos vigentes, y a hacer las precesiones, sobre tiempo de explotación y reversión del proyecto. Este aspecto debe ser precisado, por el gobierno central, a la mayor brevedad posible.
Existen instancias legales (Tribunal Administrativo, Consejo de Estado), ante las cuales se puede recurrir a hacer cumplir el carácter de concesión, de ese proyecto. Se pueden utilizar recursos constitucionales (Plebiscito, Acción Popular, Acción de Cumplimiento), que ordenen a Emgesa, satisfacer derechos fundamentales, como el uso del agua, tomada desde la Cota de Toma de Carga de Turbinas, para abastecer acueductos (Hobo, Campoalegre, Rivera, Neiva, Fortalecillas, Villavieja, etc.) y desde la misma cota, regar un área equivalente al área inundada.
Hay alternativas. No todo está perdido si el Huila y sus dirigentes deciden asumir responsabilidades políticas y sociales.
El problema en que se convirtió El Quimbo, para la región, tiene responsables específicos.
El gobierno de la época (Uribe) que decidió (poder omnímodo en el Conpes, propio de su talante autoritarios de patrón) concesionar la construcción del Proyecto, sin mínimos análisis y definición de derechos regionales, económicos y ambientales, relativos a los efectos del proyecto.
Son similarmente responsables, los gobernantes del Huila (Sánchez García, González Villa, Iriarte Barrios), acaldes y concejales de los municipios de influencia directa del proyecto. Senadores, Representantes, Diputados y Organizaciones sociales, económicas y gremiales, pues guardaron silencio y/o ignoraron los potenciales efectos negativos del proyecto. Los resultados evidencian que evitaron analizar efectos, consecuencias y derechos legítimos derivados del Proyecto y permitieron a Emgesa, cometer sistemáticamente todo tipo de tropelías. Emgesa, como toda multinacional, con el auspicio cómplice de la institucionalidad nacional y del poder proclive a la defensa incondicional del capital, actúa como pirata cazador de riquezas, donde sus propietarios son incapaces de defenderlas.
Quien se resigna a ser oruga, renuncia al derecho de protestar si lo aplasta. Es un hacho. Los ungidos patrones verdugos, nos parecen grandes, porque estamos de rodillas. Levantémonos, hagamos respetar nuestros derechos y exijamos lo que legítimamente nos proveyó la naturaleza. El río Magdalena está en Colombia y debe estar cubierto y protegido por nuestra soberanía. Emgesa es un instrumento más de la neorecolonización global, impulsada por los diabólicos carroñeros financieros internacionales, autopredestinados para plagar de miseria a las mayorías, en nombre del dios capital.
Da grima evidenciar el mutismo del enjambre de candidatos de la subienda, que no articulan de dónde vienen ni para donde van, en términos de búsqueda de bienestar colectivo, por el aturdimiento que les produce la ensoñación del acariciado triunfo y expectativa del presupuesto público.